La Junta de Castilla y León pide “diálogo” sobre el ahorro energético y omite la petición de Vox de ir al Constitucional

La Junta de Castilla y León ha solicitado por carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que se tenga en cuenta a las comunidades autónomas y las corporaciones locales en las medidas de ahorro energético previstas en el Real Decreto aprobado este lunes. En la misiva, en la que aparece como remitente el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (PP), se pide también “que establezcan cauces de diálogo con los sectores productivos afectados”.

Lejos de la beligerancia mostrada contra la medida por Vox y su vicepresidente en la Castilla y León, Juan García-Gallardo o por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, el Partido Popular de Mañueco se desmarca de las petición de sus socio de gobierno de estudiar el paquete de medidas y llevarlo al Tribunal Constitucional. El otro ala del Ejecutivo de Castilla y León, la que lidera el presidente por parte del PP, ha abogado por el “diálogo” entre todos los afectados por las medidas de ahorro energético; ni a favor ni en contra, esa es la posición de los 'populares' a este respecto.

Eso sí, Fernández Carriedo sí que ha criticado que en la Conferencia Sectorial de Energía, que tuvo lugar el 28 de julio, no se mencionara la aprobación del Real Decreto así como el “impacto sobre multitud de actividades” que van más allá de la competencia del Gobierno de la nación. Ante esto, el portavoz ha urgido a la ministra la celebración de una nueva reunión de la Conferencia Sectorial de Energía “para así aclarar las dudas interpretativas” que plantea el texto.

El portavoz de la Junta de Castilla y León ha solicitado que se clarifique “a quién corresponde la potestad y mecanismos para controlar el cumplimiento de las temperaturas máximas, de los horarios establecidos, así como resolver las cuestiones relativas a la efectiva instalación de mecanismos automáticos de cierre de puertas, las limitaciones a partir de las 22 horas que se aplican en relación a la iluminación”.

El consejero también ha añadido que la normativa debería “ofrecer la seguridad jurídica para excepcionar del cumplimiento de los umbrales de temperaturas a determinados lugares y establecimientos sanitarios, asistenciales, dotacionales y educativos”. Además, Fernández Carriedo ha hecho referencia a la solidaridad de Castilla y León con el conjunto de España en materia energética, que se pone de manifiesto tanto en su contribución a la producción energética, como en el “compromiso de ahorro en el ámbito de sus competencias”.

Minutos después del anuncio de la Junta de Castilla y León, García-Gallardo ha publicado en su cuenta de Twitter que ha mantenido una conversación con Mañueco sobre el plan del Gobierno central. Según ha explicado, ambos han acordado “pedir los informes jurídicos pertinentes para valorar la posibilidad de recurrir” el Real Decreto ante el Tribunal Constitucional ante lo que ha considerado como “la chapuza legal de Sánchez, por la que impone medidas ineficaces frente a la crisis energética”.

Más allá de las palabras del propio vicepresidente y, tras conocerse la postura de la Junta, que se entiende como de comunidad, Mañueco sigue sin expresarse y lo que se conoce es gracias a las palabras de su número dos y tras la comunicación que ha hecho el Ejecutivo autonómico a raíz de la carta escrita por el portavoz Carriedo. El anuncio de la Junta, difiere del que ha realizado García-Gallardo, puesto que, la carta marca la postura oficial de Castilla y León sobre el plan de ahorro energético.

Sin una palabra de Mañueco, su vicepresidente en la jornada del jueves comunicaba su intención de mantener una reunión con el presidente “para estudiar interponer desde la Junta, cuando proceda, un recurso de inconstitucionalidad frente a la nueva cacicada de Sánchez”.

Tras ese tuit, el representante de Vox cargaba contra las medidas de ahorro energético, que vienen desde Europa, y se escudaba en que el recurso ante el Constitucional buscaba “defender a los que trabajan por la prosperidad de Castilla y León”.