“Operativo precario y vergonzoso”: sindicatos forestales de Castilla y León ponen en el punto de mira a Quiñones

En plena ola de incendios en Castilla y León, dos colectivos del operativo forestal de Castilla y León han alzado la voz contra la gestión de la Junta. La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales (ATIFCYL) y el sindicato de agentes medioambientales (APAMCYL) acusan al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de mantener un dispositivo “precario e improvisado” que, según advierten, compromete la seguridad de brigadistas y población.

Suárez-Quiñones ha sido señalado previamente por marcharse a Gijón el pasado domingo, cuando la provincia de León ya ardía, y no regresar hasta después de una comida en la ciudad asturiana. Su respuesta, con la que aseguró que “tenemos la mala costumbre de comer” solo ha sido calificada como “desafortunada” por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha rechazado un posible cese. En las últimas horas han aumentado las voces de asociaciones y partidos que exigen que Quiñones dimita o sea apartado de su cargo como máximo responsable del operativo de la oleada de incendios de la Comunidad y especialmente León.

ATIFCYL, tras la muerte de un voluntario en León -el comunicado ha sido remitido antes de que se haya confirmado la muerte de un segundo voluntario-, denuncia una “precariedad absoluta” y una “falta vergonzosa de medios” en plena emergencia. Hablan de turnos interminables sin descanso digno, comida insuficiente, cuadrillas durmiendo en condiciones deplorables y falta de personal para relevos. “Seguiremos luchando hasta que no nos queden fuerzas”, afirman, recordando que ya en 2022 hubo víctimas mortales y que las promesas de mejora nunca se han llegado a cumplir.

APAMCYL acusa al gobierno autonómico de “incapacidad” para organizar un operativo eficaz pese a duplicar la inversión respecto a 2022. Critican la “ausencia total de previsión” por no disponer de bolsas de empleo, la incorporación de personal sin experiencia, la sustitución de torres de vigilancia por un sistema de cámaras “ineficaz” y el alquiler de camiones de bomberos a empresas privadas mientras se “maltrata” laboralmente a las cuadrillas subcontratadas.

Ambos sindicatos coinciden en que se están imponiendo jornadas ilegales de 18 a 20 horas -cuando el máximo legal es de 12-, lo que dispara el riesgo de accidentes y mina la moral de los equipos. Denuncian también que tres helicópteros contratados permanecen sin servicio hasta finales de julio porque la empresa adjudicataria no ha cubierto las dotaciones mínimas exigidas.

“La desprofesionalización del operativo, la ausencia de gestión forestal y la mala gestión política de los recursos nos llevan cada verano al mismo desastre”, sentencia APAMCYL. Las críticas acumuladas desde ambos colectivos alimentan la presión política sobre Suárez-Quiñones, cuya gestión queda cuestionada en plena campaña de incendios.