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CATALUNYA

Colau plantea medidas para dedicar las viviendas vacías en manos privadas al alquiler social

La alcaldesa ha planteado dar al consistorio preferencia en la compra de viviendas vacías y mantiene una ronda de contactos con entidades financieras

Tanto las entidades sociales como el consistorio han detectado un crecimiento del número de familias que ocupan pisos de forma irregular

Reunió de la comissió sobre desnonaments al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona

Reunión de la comisión sobre desahucios el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona

Cada semana al menos 20 familias en situación de vulnerabilidad son desahuciadas en Barcelona. Más de 30.000 familias esperan respuesta a una solicitud de vivienda asequible. Aumenta la cifra de familias que ocupan pisos de forma irregular o viven en condiciones consideradas de infravivienda. Son algunos de los datos que el consistorio de Ada Colau ha expuesto con más de 40 entidades e instituciones, desde colectivos que paran desahucios hasta entidades financieras, durante la primera reunión de la Comisión Mixta sobre Lanzamientos convocada este martes por primera vez desde febrero de 2014.

La reunión ha sido un pistoletazo de salida al trabajo del nuevo ayuntamiento para buscar respuestas a las problemáticas de vivienda de la ciudad, trabajo que seguirá en tres grupos de trabajo con las entidades sociales y financieras y también la oposición. Colau ha apuntado, sin embargo, algunas de las medidas por las que apuesta su gobierno, como por ejemplo dar preferencia al Ayuntamiento a la hora de comprar viviendas vacías.

La Generalitat ha aprobado recientemente un decreto que da a las administraciones de municipios con problemáticas de vivienda como Barcelona derecho a tanteo y retracto en la compra de viviendas que provengan de ejecuciones hipotecarias. Es decir, derecho a comprar aquellas viviendas por el mismo precio que se ofrece a otro comprador. El equipo de Colau defiende que en Barcelona esta medida no se limite a las viviendas en manos de entidades financieras que provengan de ejecuciones hipotecarias, sino que se aplique a todas las viviendas que lleven más de dos años vacías, ha puntualizado el concejal de vivienda Josep Maria Montaner. En Barcelona los fondos buitres compraron pisos desahuciados a precios tan bajos como 20.000 euros, que con esta medida podrían ser adquiridos por el Ayuntamiento.

Encuentros con entidades financieras

Colau se está reuniendo estos días con las entidades financieras para abordar la cuestión de la vivienda. De momento ya se ha encontrado con el presidente de CaixaBank y los responsables de Bankia en Catalunya y en los próximos días tiene previsto encontrarse con Anticipa, la filial del fondo Blackstone encargada de gestionar los pisos comprados a CatalunyaCaixa, y con BBVA. De estos primeros contactos no han salido medidas concretas, pero sí se ha expresado, según la alcaldesa, la voluntad de colaborar. Por ejemplo expresó a los bancos la necesidad de revisar protocolos para que la administración pueda intervenir lo antes posible en casos que pueden acabar en el desahucio ya que es una situación que, apunta, genera muchos problemas psicológicos y de salud.

A pesar de la voluntad de entendimiento, ha apuntado que si se da el caso no descarta aplicar las sanciones previstas en la ley catalana por el derecho a la vivienda a los vacías. Esta ley permite a un ayuntamiento como el de Barcelona aplicar sanciones de hasta 500.000 euros a las viviendas que se encuentren en situación de desocupación permanente. "Y al igual que planteamos las sanciones, también planteamos que el Ayuntamiento decida de forma soberana con qué entidades quiere colaborar de forma habitual, y hay margen para actuar, porque hemos comprobado que el consistorio tiene cuentas abiertas en la mayoría de entidades bancarias", ha agregado Colau.

La alcaldesa ha reivindicado además la necesidad de establecer una línea de trabajo directa con la Sareb –el conocido como "banco malo"– del mismo modo que se ha establecido con la Generalitat, a la que la entidad ya ha cedido algunas viviendas para alquiler social. Colau ha remarcado que la entidad dispone de un número importante de viviendas vacías, porque adquirió gran parte de los activos de otras entidades como Bankia.

A la reunión de la comisión han asistido representantes de Abanca, Anticipa –la filial de Blackstone–, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankia, BBVA, y CaixaBank. No obstante, los representantes de las entidades no han intervenido en todo el debate hasta que, antes de finalizar la sesión, la alcaldesa les ha pedido que participaran. Francisco Garrobo, de la Asociación de Vecinos de Ciutat Meridiana, asegura que CaixaBank y Banco Sabadell se han comprometido a revisar todos los casos de ocupaciones de pisos en el barrio y estudiar concederles un alquiler social.

Ocupaciones de viviendas

Las ocupaciones de viviendas de forma irregular por parte de familias en situaciones precarias ha sido una de las cuestiones sobre la mesa durante la comisión. Tanto las entidades sociales como el gobierno municipal detectan que es una realidad creciente, que suele ir acompañada de situaciones de infravivienda. El Ayuntamiento ha ofrecido para buscar la forma de regularizar estas situaciones, "siempre teniendo en cuenta que no hay ventajas sobre otras familias por estar ocupando", ha apuntado Colau, que ha insistido en que la solución pasa por disponer de un gran parque de alquiler social.

Uno de los grupos de trabajo de la comisión se dedicará precisamente a la movilización de las viviendas vacías para dedicarlas al alquiler social. Desde la PAH, Carlos Macías ha apuntado que aunque hace un año y medio el pleno aprobó la moción impulsada por la PAH, "el gobierno de Xavier Trias ha sido incapaz de hacer un censo real de los pisos vacíos". Macías ha celebrado la creación de los grupos de trabajo y ha reclamado que esta comisión actúe con la velocidad que requiere la situación. Aunque impulsada en 2011, como ha apuntado Colau, a iniciativa de entidades sociales como la PAH –cuando ella misma era portavoz–, el Observatorio DESC y las entidades vecinales, todos estos actores consideran que la comisión no ha cumplido su función hasta ahora.

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