100 días de la alcaldesa Colau: con la bandera de los derechos sociales y en minoría

Ada Colau ya ha superado la barrera simbólica de los 100 días desde que la plaza Sant Jaume se llenó para darle la bienvenida como alcaldesa. Al día siguiente Colau se dirigía a Nou Barris a velar por el paro de desahucios, al cabo de pocos días retiraba la acusación del Ayuntamiento contra los huelguistas Isma y Dani –y posteriormente de otros casos similares– y terminaba el curso político con la retirada del busto de Juan Carlos I del salón de plenos. Más allá de medidas como éstas, especialmente simbólicas, el gobierno de Colau ha tenido también que adentrarse en la gestión de la ciudad y el despliegue de su programa.

La oposición ha acusado constantemente la nueva alcaldesa de improvisar y de no tener programa. “Es un gobierno que básicamente se hace selfies, más preocupados por los tuits, los post de Facebook y lo que se dice de ellos en la red, que de hacer el trabajo”, decía la semana pasada el líder de la oposición, Xavier Trias. La verdad, sin embargo, es que la mayoría de medidas impulsadas por el consistorio de Colau se encontraban recogidas en el programa y, sobre todo, en el plan de choque para los primeros meses de gobierno. El nuevo gobierno se puso en seguida con las medidas relacionadas con derechos sociales, con vivienda y alimentación a la cabeza. En otros ámbitos, como las políticas de creación de empleo, apenas se anunciaron la semana pasada, con medidas para contratar, a través del Ayuntamiento y el Servicio de Empleo de Catalunya, 1.113 personas paradas –de los 2.500 puestos de trabajo que se compromete a crear el plan de choque–. Otras medidas pendientes tendrán que pasar por el pleno y conseguir el apoyo de la oposición.

Fuentes municipales destacan que hasta el próximo 2 de octubre no tendrá lugar el primer pleno ordinario del Ayuntamiento de Barcelona, que permitirá iniciar el debate de medidas como, por ejemplo, una ampliación presupuestaria que pretende dedicar 96 millones de euros a fines sociales antes de fin de año. La oposición, en cambio, se ha dedicado a marcarle la agenda con plenos y comisiones extraordinarias a la alcaldesa que gobierna con la minoría más pequeña que ha tenido la ciudad, 11 de 41 concejales. La ciudadanía, ha dicho en varias ocasiones Colau, expresó el 24-M una voluntad clara de cambio, pero también de pluralidad.

Vivienda y malnutrición infantil

La primera comisión de gobierno del Ayuntamiento puso sobre la mesa dos prioridades que ya venían señaladas en campaña: los desahucios y la malnutrición infantil. El gobierno municipal anunció un incremento de 2,8 millones de euros en becas comedor para permitir que 6.000 familias puedan recibir cobertura para el coste total. También ha parado la externalización de dos guarderías, aunque reconoce la dificultad que supone la limitación del gobierno español a contratar trabajadores públicos. En materia de vivienda, que es donde se formó Colau como activista, era consciente de que Barcelona no podría detener los desahucios, pero insistió en que podía hacer más de lo que se había hecho hasta ahora.

La alcaldesa comenzó por reunirse con las principales entidades bancarias, para tratar la cuestión. Anunció que había voluntad de acuerdo pero, de momento, ésta no se ha concretado en nuevas medidas. Por el contrario, Colau ya ha empezado a aplicar la ley para multar a las entidades financieras que tienen pisos vacíos. Por otra parte, convocó la mesa sobre desahucios, con el consistorio y las entidades sociales y bancarias, que no se reunía desde febrero de 2014, y planteó medidas para dedicar viviendas vacías al alquiler social. En los últimos días ha anunciado que acelerará el ritmo de construcción de pisos de alquiler social, lo que le ha valido alguna crítica de la PAH, que no considera que esta sea la mejor solución.

Otros puntos del ámbito de derechos sociales de su plan de choque, aún esperan concreción. Es el caso del fondo de 5 millones de euros para responder a la pobreza energética, que debe ir vinculado a una auditoría de los costes de los suministros básicos y el estudio de la remunicipalización del agua, de los que no se tiene noticia. También se planteaba una inversión de 5 millones en reforzar las políticas de salud que deberían estar cubiertas por la Generalitat.

En materia de transporte se ha anunciado un proceso participativo para rediseñar la ampliación de la nueva red de autobuses impulsada por el gobierno Trias y se han encargado –el viernes, en el límite de los 100 días en que se habían comprometido– los estudios previos a la conexión de las dos redes de tranvía por la Diagonal, un proyecto ampliamente criticado por Xavier Trias, aunque históricamente lo había apoyado. Las medidas pendientes en materia de movilidad son las más sociales, pero desde el consistorio explican que algunas de ellas, como la rebaja de las tarifas o los descuentos para parados, se discutirán en el seno de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) de cara al 2016.

El plan de choque contemplaba también una Renta Municipal complementaria para todas las familias bajo el umbral de la pobreza que garantizara unos ingresos mínimos de 600 euros, pero para todas las medidas con importante inversión, Colau dependerá del apoyo del pleno a los presupuestos del próximo año o a la modificación presupuestaria que pone ahora sobre la mesa hasta diciembre.

Una oposición fuerte

La pluralidad del plenario no le pone las cosas fáciles al nuevo gobierno. Su programa contemplaba retirar la candidatura de Barcelona a los Juegos Olímpicos de Invierno, y nada más llegar al Ayuntamiento cesaron el director de la candidatura. Sin embargo, CiU, ERC y PSC forzaron un pleno extraordinario para debatir la cuestión, del que salió la creación de una comisión para estudiar la conveniencia de la candidatura. Más tarde, CiU, ERC y CUP convocaron otro pleno extraordinario para debatir la adhesión a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), una cuestión que Colau había propuesto resolver en una consulta a la ciudadanía. El resultado de la votación fue una mayoría simple, insuficiente para el ingreso en la AMI, dado que Barcelona en Comú y la concejal de UDC se abstuvieron. La semana pasada, la CUP fue la única fuerza que apoyó al gobierno de BComú, que no pudo impedir la aprobación de mociones con el apoyo de CiU, C's, ERC, PSC y PP que criticaban la “inacción” del Ayuntamiento ante la venta ambulante, por un lado, y que forzaban a Colau a plantear una apertura parcial en la moratoria a nuevas licencias de alojamientos turísticos, por otro.

Estas dos cuestiones, relacionados con el turismo, uno de los grandes temas de la campaña de BComú, han sido las más polémicas para el nuevo consistorio. En línea con su programa, el Ayuntamiento anunció una moratoria de un año a la concesión de nuevas licencias de alojamientos turísticos con el objetivo de replantear el modelo. La oposición denuncia que esto puede generar pérdidas y costes elevados para la ciudad, pero los de Colau insisten en que se trata de buscar un modelo sostenible para negocios y vecinos. Mientras tanto, uno de los proyectos de mayor envergadura, el del hotel de lujo de la Torre Agbar, trabaja en vías para saltarse la moratoria, sumando más dolores de cabeza al gobierno municipal. Otra de las prioridades, sobre todo en el distrito de Ciutat Vella, es la lucha contra la proliferación de pisos turísticos ilegales. Por eso la concejala del distrito, Gala Pin, anunció medidas para fomentar su reconversión en pisos de alquiler social y para presionar a las plataformas que los alquilan a través de internet.

En Ciutat Vella también se centra el otro gran tema que ha protagonizado la agenda: la venta ambulante. Desde el inicio del mandato de Colau, tanto los principales partidos de la oposición como los medios conservadores acusaron al consistorio de actuar con debilidad ante la presencia de vendedores ambulantes. La teniente de alcaldía Laia Ortiz asegura que buscan trabajar el tema desde una perspectiva de derechos sociales y no de orden público, pero la situación estalló a principios de septiembre con enfrentamientos en una redada policial contra los manteros. Mientras la CUP y diversos colectivos sociales criticaban el ayuntamiento por evitar la presencia de vendedores con los antidisturbios de la Guardia Urbana –una unidad que BComú se comprometió a suprimir progresivamente–, CiU, C's, ERC, PSC y PP aprobaban una moción en la que acusaban al gobierno de menospreciar el cuerpo policial.

Barcelona en Comú también se comprometió a “levantar alfombras y abrir cajones”, auditando los entes públicos de los que forma parte el Ayuntamiento. De momento, han anunciado colaboración con la Fiscalía en la investigación de la gestión convergente de la empresa pública Barcelona Regional, pero aseguran que están trabajando en un mapa de externalizaciones y que tienen en marcha dos auditorías de las que sólo podrán dar detalles cuando estén finalizadas, aseguran fuentes municipales.

Los retos de la nueva política

El gobierno de Barcelona se ha erigido en muchos aspectos como punta de lanza y punto de encuentro de lo que han venido a llamar los “ayuntamientos del cambio”. Algunas medidas se repiten, pues, en ayuntamientos de toda España. Una de ellas es la limitación de sueldos que, sin mayoría, Barcelona en Comú no pudo aprobar en el pleno. Sin embargo, la alcaldesa, los concejales y los comisionados del Ayuntamiento de Barcelona –a diferencia de los cargos gerenciales– se aplican una limitación de sueldo de 2.200 euros mensuales. Un aspecto en el que el nuevo gobierno de Barcelona lleva retraso en relación a otros gobiernos amigos es el de la participación. Todavía se esperan medidas al estilo del proyecto de gobierno abierto presentado a inicios de septiembre por el Ayuntamiento de Madrid.

A pesar de la oposición que se quiere hacer fuerte, donde Ada Colau ha encontrado consenso entre todos los colores políticos del consistorio y también con las “ciudades del cambio” es en su propuesta de hacer de Barcelona una ciudad refugio y crear una red de asilo para las personas que huyen de la guerra, que ha animado a municipios catalanes, españoles y de otros países europeos. Es por eso que el primer viaje oficial previsto para la nueva alcaldesa de Barcelona, que ha propuesto dedicar 10 millones de euros a políticas de asilo antes de diciembre, será para visitar a los refugiados sobre el terreno y preparar su acogida en Barcelona.