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CATALUNYA

El precio de las carreras: ¿Un muro para acceder a la universidad?

Un análisis de las 150 principales universidades de Estados Unidos muestra como el aumento del precio de las matrículas no queda compensado por las políticas de becas

La deuda de los estudiantes universitarios de los Estados Unidos superó el pasado mes de mayo el trillón de dólares. En los últimos años, no sólo se ha incrementado el volumen de la deuda estudiantil, sino que también ha crecido el número de personas que solicitan créditos para estudiar en las universidades. Actualmente, dos tercios de los estudiantes que se gradúan tienen alguna deuda vinculado a sus estudios. Es una de las preocupaciones nacionales y ha llevado a peticiones expresas del presidente Obama para llegar a acuerdos entre el partido demócrata y el republicano para evitar que esta deuda vaya en aumento.

Tal y como describe el informe del Joint Economic Committee del Congreso de los Estados Unidos, la situación se ha ido complicando en los últimos años. El precio neto de las matrículas (excluyendo becas y ayudas) de los grados de las universidades públicas ha crecido un 114% entre los años 2000 y 2012. En las universidades privadas, lo ha hecho en un 14%. Mientras tanto, el nivel de endeudamiento de los estudiantes en el momento de graduarse ha aumentado en un 200% desde 1993. El endeudamiento ha crecido, mientras que la media de ingresos de los graduados no lo ha hecho, se ha reducido en un 1%. En el año 2012 la deuda anual media de una persona graduada era de $27.200, esto significaba un 60% de sus ingresos. A día de hoy, la deuda de estudiantes representa la segunda mayor carga de deuda de las personas jóvenes, sólo por debajo de los créditos hipotecarios.

Esta situación de endeudamiento de la población no sólo tiene consecuencias individuales, puede tener un gran impacto en la sociedad: puede afectar el consumo, el proceso de independencia de las personas, la búsqueda de una vivienda, la decisión sobre tener hijos o la misma selección de los estudios, orientándola por un criterio de obtención hipotética de mayores ingresos. Estos riesgos individuales y colectivos han impulsado la búsqueda de políticas que puedan ponerle remedio.

Se pensó en acompañar el aumento de las matrículas universitarias con una dotación amplia de becas. Este modelo, llamado high-tuition, high-aid model (matrículas altas, modelo de ayudas alto), se ha aplicado en algunas universidades de los Estados Unidos. Ya disponemos de algunas investigaciones sobre el impacto de estas políticas y las evidencias apuntan a que generalmente las ayudas no se incrementan al mismo ritmo que el coste de la matrícula. Al cabo de un tiempo de aplicar el modelo, las familias con menos recursos acaban destinando un porcentaje muy elevado de su renta a pagar el acceso a la universidad. Según Josh Freedman, analista en la New America Foundation, un instituto de política pública no partidista preocupado por los sistemas de educación y sanidad públicos, al contrastar los datos de las 150 principales universidades de Estados Unidos percibe que cuanto más alto es el precio de la matrícula, mayor es el coste neto para las familias. El problema es que el aumento de ingresos por matrículas no queda compensado por las ayudas. Según Andrew Gillen, director de investigación en Education Sector, un think tank no partidista preocupado por el acceso a una educación pública de calidad, de cada dólar adicional obtenido por el aumento del precio de la matrícula, sólo 60 céntimos se han destinado a incrementar las subvenciones. Sólo 29 universidades aumentaron los recursos para las ayudas más que el precio de la matrícula. Gillen observa, además, que las universidades no han visto crecer su porcentaje de estudiantes de bajo nivel económico, ni siquiera aquellas que más recursos han destinado a las ayudas. Esto significa que los mecanismos de apoyo no se acaban asignando a las personas que más los necesitan.

Otra alternativa que se ha propuesto para asegurar el acceso a la universidad entra en funcionamiento este mes de julio como prueba piloto y se llama Pay Forward, Pay back. Este nuevo modelo de financiación de los estudios universitarios se instaura en el estado de Oregon. El pago se producirá después de graduarse y en proporción a los ingresos que obtenga la persona. Así, un estudiante que ha cursado un grado de 4 años pagaría un 3% de sus ingresos durante los 24 años posteriores a sus estudios. Es cierto que aplicar este programa implica una inversión inicial por parte de la Administración pública, pero puede ser recuperada. El gobierno del Estado de Oregon expresa abiertamente los motivos que impulsan esta política. Se destaca la disminución del apoyo público existente, el aumento del coste de los estudios por encima de los ingresos, el endeudamiento excesivo o que los mecanismos de ayuda financiera no llegan a todas las personas que lo necesitan. Todo ello, junto con la consideración de la educación como un bien fundamental para la sociedad, hace decidir al gobierno estatal de Oregon a aportar la financiación para los primeros 15 a 20 años de la prueba piloto. Habrá que seguir la evolución de esta prueba piloto y evaluar sus resultados.

¿Y como estamos en Cataluña? Esta semana se ha publicado un informe del Observatorio del Sistema Universitario en el que se estudia la evolución de los precios de la matrícula universitaria. De la misma manera que en Estados Unidos, los precios para acceder a la universidad van creciendo. Las matrículas universitarias se han incrementado entre un 69% y un 291% entre 2007 y 2013 en términos reales -descontada la inflación- según el informe El precio de la carrera. Precios universitarios 2013-14 en Cataluña y análisis de la evolución del precio total de los estudios. El precio de las matrículas universitarias es uno de los condicionantes de acceso. A pesar de las diferencias que puede haber entre ambos sistemas universitarios, vemos que en Estados Unidos la trayectoria de aumento del coste y del endeudamiento ha llevado a poner en cuestión el modelo y a hacer propuestas para cambiarlo. Tendremos que preguntarnos, también en Cataluña, cómo queremos que sea el acceso a la universidad. Y lo tendremos que hacer a partir de análisis rigurosos de nuestra realidad.

En la sesión del pleno monográfico sobre juventud en el Parlament de Catalunya del miércoles 24 de julio pudimos asistir a un cruce de afirmaciones sobre estas cuestiones. El presidente del gobierno afirmaba que el aumento del precio de las matrículas no había supuesto una pérdida de estudiantes gracias al acompañamiento de unas becas que también habrían crecido, y desde la oposición se veía en este aumento del precio de las matrículas una barrera para el acceso a los estudios superiores y se hablaba de las dificultades que estaban viviendo las personas que ya están en la universidad o que quisieran estar y no pueden.

No tenemos datos que nos permitan hablar con suficiente conocimiento de causa de cuál es la situación hoy. De si están quedando estudiantes fuera, de las dificultades para poder continuar los estudios... Sí tenemos algunos indicios. Han aparecido datos mostrando que a finales de febrero de este curso había 3.000 estudiantes que tenían deudas con alguna de las siete universidades públicas catalanas y que el volumen total alcanzaría los tres millones de euros. Conocemos experiencias de personas que avisan de que no podrán continuar, que deben reducir los créditos matriculados, que no harán una segunda carrera, que no podrán hacer el máster que querían... Hemos podido ver cómo desde el movimiento estudiantil ha surgido la Plataforma de Afectados por las Tasas y sus primeras actuaciones denuncian estas realidades y piden un fraccionamiento más amplio para poder pagar y un fondo especial para becas. Pensamos que son indicios suficientes para hacer un análisis profundo, conocer cuál es la situación en nuestra casa y poder diseñar las políticas públicas para una sociedad que se quiere garante de la igualdad de oportunidades y apuesta por la formación de su ciudadanía.

Jordi Mir Garcia es profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra. Paula Veciana Botet es profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y jefa de proyectos de la Fundació Jaume Bofill. Ambos son miembros del Observatorio del Sistema Universitario (OSU).

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