El fiscal denuncia por homicidio imprudente a la residencia de Tremp donde murieron 64 ancianos

Imagen de la residencia afectada de Tremp

La muerte de 64 ancianos en la residencia Fiella de Tremp (Lleida) llega a los juzgados. La Fiscalía de Lleida ha presentado este jueves en el juzgado de primera instancia de Tremp una denuncia contra el centro por los delitos de homicidio imprudente, trato degradante y contra la seguridad en el trabajo.

La Generalitat aparta definitivamente a la fundación del geriátrico de Tremp donde murieron 61 ancianos

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Tras un año de investigación, con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, el ministerio público considera que hay indicios de “disfunciones gravísimas” en el funcionamiento de la residencia que influyeron en el brote de COVID-19 del centro de noviembre de 2020 que causó la muerte a 64 de los 142 ancianos del centro.

La Fiscalía apunta en concreto a la entonces directora del centro y a la responsable de higiene sanitaria de la residencia, a las que atribuye “déficits organizativos” que propiciaron el trágico desenlace. Según la Fiscalía, el centro incumplió el plan de contingencia frente a la pandemia y adoleció de previsión, control y supervisión de la dirección de las recomendaciones hechas por el departamento de Salud.

En la denuncia, el ministerio público recoge que “se han constatado defectos graves en la sectorización de los positivos, en el uso de los Equipos de Protección Individual de los trabajadores, en el tratamiento de alimentos, vestuario y residuos y, muy especialmente, en la asistencia sanitaria a los contagiados”.

El fiscal mantiene que ambas responsables de la residencia, pese a saber los planes de la Generalitat para contener el virus en los geriátricos, “impidieron” que los trabajadores los conocieran. Tampoco proporcionaron a los empleados un plan de formación y entrenamiento en el uso de equipos de protección. Es más, según el fiscal la directora de la residencia no informó a diario a la Generalitat sobre la situación de los residentes del centro, tal y como estaba obligada.

Todo ello hizo que la residencia “no estuviera preparada para afrontar un brote de Covid-19”, concluye el fiscal. Y el virus, que había sorteado la residencia en la primera ola, llegó el 19 de noviembre de 2020. En pocas semanas, la residencia de este municipio de menos de 6.000 habitantes en la comarca del Pallars Jussà (Lleida), se convirtió en un agujero negro donde fallecieron 64 ancianos, lo que supone el 1% de la población del pueblo. También se contagiaron 42 de los 65 trabajadores del centro. El brote fue uno de los más graves registrados en España a lo largo de las distintas fases de la pandemia.

La rápida propagación de la infección entre los residentes y trabajadores y las muertes se produjeron “por la falta de previsión, control y supervisión de la dirección” de la residencia, remarca el fiscal. No se sectorializó la residencia para aislar a los positivos, no había comunicación con los centros médicos cercanos, no se siguieron las “mínimas y básicas medidas de higiene”. Era tal el desbarajuste que el fiscal detalla en su denuncia que incluso constan cuadros de registro de toma de temperatura a ancianos fallecidos.

Además del “trato inadeucado” a los residentes, sus familiares “pasaron días sin tener noticia alguna de sus allegados”, de manera que el fiscal detalla que algunos familiares fueron informados de que se los ancianos se hallaban en buen estado de salud cuando ya habían muerto, y otros no eran informados del fallecimiento.

En abril de 2021 la Generalitat decidió apartar definitivamente a la fundación Fiella de la gestión de su residencia de ancianos en Tremp. La entidad que asumió la gestión temporalmente desde enero, el hospital Sant Joan de Déu, la mantendrá hasta dentro de cuatro años.

El papel de la fundación y la Generalitat en la gestión del brote fue polémica. Según la entidad, Salud les comunicó que tomaba las riendas el día 26 de noviembre y que lo hacía a través de la Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), pero esta entidad lo negó y la Generalitat precisó entonces que simplemente habían acudido a analizar la situación. La intervención con todas las letras se llevó a cabo el día 28 por parte de la empresa pública GSS, con lo que nunca se llegó a saber quién dirigió el centro durante 48 horas en las que las cifras de fallecidos no hacían más que dispararse.

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