El sondeo de Metroscopia que aparecía el domingo en el periódico “El País” preguntaba a un millar de catalanes, entre otras cosas, a quien responsabilizan de la deuda pública que tiene Cataluña. La pregunta quedaba coja. Solo planteaba como respuestas que la culpa era del Gobierno de Madrid, de la mala gestión de los últimos Gobiernos de la Generalitat o de ambos. Un encuestado se salió de esos márgenes y respondió que ninguno de los dos.
Y ese encuestado está en lo cierto. La respuesta correcta es que la culpa es de la Unión Europea, que ha obligado en los últimos años a un puñado de países europeos a aplicar una política de austeridad equivocada y desastrosa. Pese a no reconocer su error, los responsables de esta política acabaron reculando un poco y aceptando que los límites de déficit impuestos a estos países eran exagerados y los corrigieron.
Esta corrección ha permitido que las economías europeas respiren un tanto y la catalana, entre ellas, ha visto como su margen de déficit crecía del 0,7% permitido inicialmente hasta el 1,58% actual, porque, a su vez, a España se le autorizaba a pasar de un 4,5% a un 6,5%.
Este incremento equivale a 1.700 millones de euros que el gobierno catalán podrá gastar de más. 1.700 millones que son, justamente, los que el ministro de Hacienda había escondido debajo de la mesa diciendo que no los incluiría en la parte del Fondo de Liquidez Autonómica reservada para Cataluña, con la excusa de que ya estaban incluidos en otro plan, el de pagos a proveedores, y que no podía pagarlos dos veces.
Pero, cosas de la magia y de la política, al cabo de unos días, Cristóbal Montoro se desdijo, telefoneó al conseller de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, y le dijo que en un par o tres de días más le ingresaría ese dinero.
1.700 millones de euros es mucho dinero. Es extraño que muchos medios de comunicación catalanes no hayan mostrado más interés por saber qué pasaba con esta fortuna, que permitirá tapar muchos de los agujeros que tiene abiertos la Administración catalana. Pero ya hace tiempo que en Cataluña hay que leer entre líneas o escuchar entre palabras las informaciones de esos medios. Para descubrir, por ejemplo, que 121.000 catalanes han firmado una Iniciativa Legislativa Popular que exige una Renta Garantizada de Ciudadanía de 664 euros para todos y cada uno de nosotros.
No nos podemos fiar de muchos medios de comunicación. No nos podemos fiar de las empresas que hacen encuestas demoscópicas.
Así las cosas, no tiene que extrañarnos que nadie se fie de la pregunta que nos harán para saber si queremos que Cataluña sea un Estado independiente, se federe con España o siga tal cual.
Yo, de “Metroscopia”, añadiría una pregunta sobre si –independientes o no– queremos seguir aceptando depender de una Europa que nos regatea euros, de 1.700 millones en 1.700 millones.
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