Hace tiempo que lo sabemos y se habla: las desigualdades sociales crecen y lo hacen especialmente en la etapa vital estratégica de la infancia. Alrededor de 3 de cada 10 niños y adolescentes viven situaciones de pobreza o exclusión social y esto es una vulneración de su derecho a un nivel de vida adecuado, un derecho humano reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, que hipoteca su presente y su futuro. Esta situación, que nos sitúa a la cola de Europa en bienestar infantil, ya hace años que se arrastra con unas cifras que no mejoran significativamente y que son muy similares en España, en Catalunya y Barcelona.
No sólo sabemos que las desigualdades crecen, también hace demasiado tiempo que tenemos evidencias sobre el impacto de los factores sociales en la salud y en las trayectorias educativas de los niños y adolescentes. Pero no sólo eso, sino que cada vez tenemos más datos sobre la estrecha correlación entre la inversión en protección social de la infancia y la reducción de las tasas de pobreza entre los ciudadanos más pequeños y como ésta ha sido una clave en aquellos países que han protegido su infancia de los estragos de la crisis. Sabemos que aquí tenemos el ascensor social estropeado y que a quien le toque nacer en una familia de bajos ingresos y poca formación, es altamente probable que deje en herencia a sus futuros hijos o hijas un entorno empobrecido y un horizonte de pocas oportunidades. Como corrobora el reciente informe del Instituto Infancia y Adolescencia, aunque no estamos consiguiendo compensar las desigualdades sociales de partida mediante una educación orientada a la equidad.
Hay un déficit histórico en protección social de la infancia
También sabemos que las principales causas de fondo de la pobreza que afecta a la infancia y la adolescencia son tres: la precariedad laboral de sus padres y madres, el excesivo coste de la vivienda (con especial incidencia en la ciudad de Barcelona, donde más del 40% de las familias con niños gastan más en vivienda de lo que las Naciones Unidas consideran asequible), así como el déficit histórico de gasto público por niño y de políticas de protección social a sus familias: mientras la UE-28 dedica el 2,4% de su PIB, España sólo un 1,3% y Catalunya 0,8%.
A pesar de todas las evidencias del alto retorno social de la inversión en la infancia como intervención temprana, esta sigue siendo baja en comparación al entorno europeo y, por si fuera poco, es poco eficaz y no consigue reducir significativamente las tasas de pobreza en la población de 0-17, lo que aquí sí se logra con el colectivo de personas mayores (a través de las pensiones) y en otros países donde la cuantía y la cobertura de estas prestaciones es mucho más generosa y potente. De hecho, en 21 de los 28 países europeos existen prestaciones universales por hijo a cargo.
Pero aquí, en el sur de Europa, en el imaginario colectivo sigue dominando la idea de que los niños y adolescentes son cosa de cada casa y que las familias hacen, privadamente y buenamente, lo que pueden para criar a sus hijos e hijas. Es cierto que las familias son las primeras responsables de cuidar a los niños, pero las administraciones tienen la obligación de apoyarlos cuando está en entredicho su derecho a un nivel de vida adecuado (art.27 de la Convención). Es decir: cuando los ingresos no les llegan, las familias necesitan apoyos económicos para poder hacer su papel de familias y cuidar a los niños y adolescentes.
Hacer frente a las pobrezas en la infancia con estrategias que funcionen y que transformen las condiciones materiales y relacionales es, obviamente, complejo y pide múltiples actuaciones de política pública. Pero lo cierto es que no hemos llegado a desarrollar una política de infancia que dé amplios apoyos públicos, entre otros, con una política de rentas que pondere adecuadamente el tener menores de edad a cargo, y que asegure recursos suficientes para los niños y niñas puedan crecer y vivir de manera saludable y digna.
¿Las ciudades tienen un papel en la garantía de rentas?
Ante el escenario de unas administraciones superiores (tanto la Seguridad Social como la Generalitat) que no hacen bien el trabajo que les tocaría en la política de rentas para hacer frente a las desigualdades y el empobrecimiento de la infancia, pueden hacer alguna que las ciudades? De entrada y competencialmente hablando se podría responder que no, pero, por suerte, Barcelona se empeña con medidas que, sean o no de su competencia, sí son de su incumbencia. Estas actuaciones deben ir más allá de los retos de seguir trabajando para que los servicios educativos, de salud y sociales sean efectivamente asequibles, de calidad y orientados a la equidad ya mejorar la vida de los niños y adolescentes de la ciudad. Se trata también de que las políticas de vivienda, de empleo, de movilidad y, también, las políticas de rentas y ayudas se piensen en clave de infancia.
Durante los largos trabajos de la comisión en el Parlament de Catalunya sobre la ILP por la Renta Garantizada de Ciudadanía se puso de manifiesto un consenso: que la implementación progresiva de esta esperada renta comenzará priorizando las familias con menores de edad a cargo. Y así lo han reclamado repetidamente, en varias versiones de prestaciones económicas y desde hace años desde el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo en Catalunya) hasta muchas entidades sociales en España y Catalunya (UNICEF, Mesa del Tercer Sector Social, PINCAT, FEDAIA ...), algunas en el marco de campañas europeas para hacer realidad la recomendación de la Comisión Europea, Invertir en infancia: romper el ciclo de desigualdades. Esta demanda también llega a la ciudad de Barcelona de la mano de las entidades y del Consejo Municipal de Bienestar Social que plantea como una medida estrella, en el marco de las conclusiones de una comisión sobre el impacto de la crisis en la infancia: “Establecer una renta municipal de suficiencia para los niños hasta los 17 años en situación de vulnerabilidad socioeconómica donde el titular es el ciudadano menor de edad.”
En este escenario, finalmente, la primera versión de esta ayuda de 100 euros mensuales por niño en situación de pobreza económica vio la luz en 2015 con el nombre de Fondo de ayudas 0-16. El verano del mismo año ya se amplía el Fondo que, desde entonces, ha ido madurando y mejorando significativamente la orientación, el alcance y su implementación y, actualmente, incluye dos mejoras que no son menores: se trata de una convocatoria abierta a todo el que cumpla los criterios de vulnerabilidad económica y las ayudas no están condicionados a la disponibilidad de presupuesto. Con estos cambios se estima que llegará a más de 20.000 ciudadanos de los 0 a los 16 años de entornos empobrecidos, el doble de hace dos años.
La renta 0-16 y la importancia de las políticas del mientras tanto
Como todas las ciudades, Barcelona topa con la realidad de una caja de herramientas limitada para transformar estructuras que empobrecen y para revertir problemáticas cotidianas de exclusión fabricadas lejos de la política local. La buena noticia es que la ciudad se plantea actuaciones no sólo para mitigar sus efectos, sino también (y forzando el guión) para activar una política del mientras tanto. Y lo hace teniendo en cuenta, en primer lugar, la infancia o, dicho en términos jurídicos de derechos humanos, considerando primordialmente el interés superior del niño.
Se podría argumentar que la ciudad se pone donde no le piden (pero vemos que sí le pedían), y que no tiene competencias en rentas (cierto, sólo tiene por ayudas de emergencia social). Pero el caso es que sí tiene capacidades y voluntades para activarse en el mientras tanto: mientras las prestaciones estatales sean de las más exiguas de la Unión Europea y mientras Catalunya no implemente una renta garantizada de ciudadanía que priorice y pondere el tener niños y adolescentes a cargo.
También hay quien no lo ve más allá de una ayuda asistencial más dentro de una constelación desordenada de ayudas y lo puede parecer (y, según como lo puede ser), sin captar que tiene el potencial de convertirse en una fase inicial de una política de rentas más amplia y coherente. Y también que tiene el valor de fundamentarse en dos premisas clave: una, se necesitan apoyos económicos para que las familias más empobrecidas salgan adelante y los niños no queden al margen; y dos, las familias tienen capacidades para gestionar estos recursos con autonomía y en favor del bienestar de sus hijos e hijas. No es fácil huir de la fiscalización y de la sospecha, y reforzar la importancia de que las familias puedan gestionar y tomar decisiones sobre la vida cotidiana es una condición imprescindible para que puedan hacer de familias y se sientan fuertes y empoderadas para cuidar de los más pequeños y jóvenes .
¿En qué medida logra disminuir la demanda al banco de alimentos y normalizar los circuitos para acceder a la comida? ¿Han cambiado ciertas preocupaciones y temas de conversación de las familias, tal como observan algunas entidades? ¿Los padres o madres identifican mejoras relevantes en el día a día de los niños y niñas? ¿Qué percepciones y relato están construyendo los chicos y chicas en torno a la renta 0-16? Estos y otros interrogantes habrá que analizarlos, seguir introduciendo mejoras escuchando profesionales, familias y los niños, y seguir generando evidencias sobre los impactos de una política de rentas con mirada de infancia. En todo caso, es una actuación orientada a situar los niños y su bienestar en un lugar importante en las políticas públicas locales y, por tanto, supone una apuesta por sus derechos, ética, inteligente y socialmente estratégica.
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