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CATALUNYA

Anticorrupción señala a Puigdemont por un posible desvío de fondos en Girona

El juez requiere documentación a los ayuntamientos de Girona, Sarrià de Ter y Salt relacionada con la investigación del desvío de fondos de la empresa de agua

La investigación busca determinar el origen del dinero con el que se adquirió el fondo de arte Santos Torroella en 2014

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El juzgado asume la tutela de Agissa y deja su gestión en manos municipales

Operación el pasado mes de septiembre en la empresa de aguas EFE

La Fiscalía Anticorrupción tiene al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el foco por un presunto desvío de fondos en su etapa como alcalde de Girona entre 2011 y 2016. Con ocasión de tres requerimientos de documentación que se practican este miércoles en el caso que investiga irregularidades en la empresa de aguas, Anticorrupción ha informado de que tiene indicios delictivos contra los antiguos responsables de los ayuntamientos de Girona, Sarrià de Ter y Salt.

Las pesquisas de este miércoles se centran en un fondo de arte que compró el ayuntamiento de Girona en 2014, bajo el mandato de Puigdemont, y si los fondos salieron de la empresa de aguas cuando en realidad debían dedicarse a mejoras en el circuito de suministro. Los requerimientos son una segunda fase de los registros ordenados por el juzgado de instrucción 2 de Girona, que investiga el caso, el pasado mes de septiembre.

Tras analizar la documentación incautada hace ocho meses, Anticorrupción sospecha de "la posible comisión" de los delitos de malversación, apropiación indebida, prevaricación y falsedad en documento mercantil por parte de los "responsables públicos" de los tres ayuntamientos que participaban en la empresa mixta de aguas. Sin mencionarlo explícitamente, la Fiscalía implica a Puigdemont en el caso.

Fuentes judiciales han remarcado que el expresident no está imputado en la causa. Cabe recordar que el juez de Girona que investiga el presunto fraude en la gestión de la empresa de aguas no podría citar como imputado a Puigdemont ya que el expresident es diputado, y por lo tanto aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El fondo de arte Santos Torroella

La investigación, ha explicado Anticorrupción, busca determinar el origen del dinero con el que se adquirió el fondo de arte Santos Torroella y su posible relación con fondos públicos vinculados a la renovación de la concesión del agua a la empresa mixta Agissa, que se firmó en 2013 con Puigdemont en la alcaldía, o a cargo del presupuesto municipal de 2014.

El propio Puigdemont explicó, en una entrevista en 2014, que la compra de las obras de artistas como Dalí, Picasso o Tàpies y de la documentación del fondo costó 3,9 millones de euros. El consistorio, según el exalcalde, abonó 2,3 millones, mientras que el resto de la compra fue costeada gracias a subvenciones de la Diputación de Girona y de la Generalitat. La compra de las obras de arte no estuvo exenta de polémica: sólo CiU votó a favor de quedarse con el fondo.

Una decena de agentes y el fiscal anticorrupción José Grinda han acudido a la sede de la empresa municipal de aguas y al Ayuntamiento de Girona para requerir documentación sobre la sociedad mixta que gestionaba el agua en el municipio. Las pesquisas indagan desde hace dos años sobre posibles amaños a través de la empresa Agissa SA, que gestiona el abastecimiento del agua en las localidades de Girona, Salt y Sarriá de Ter. La empresa está participada al 20% por estos ayuntamientos y al 80% por la firma privada Girona S.A.

Lo ordenado este miércoles por el juez se limita a tres requerimientos de documentación a los ayuntamientos de Girona, Sarrià de Ter y Salt y a la empresa mixta que abastecía de agua a los tres municipios. No se producirán, por lo tanto, ni registros ni detenciones. Los alcaldes de Sarrià y Salt en el momento de los hechos eran el actual presidente del Parlament, Roger Torrent, y el expresidente de la Diputación de Girona, Jaume Torramadé.

El caso partió de una denuncia de la CUP de Girona, que acusó al Ayuntamiento de desviar dinero a la empresa Girona SA a través de varios contratos fraudulentos. El juez, que investiga la gestión de la empresa entre 1998 y 2013, ordenó en octubre la tutela de la compañía de aguas a las tres poblaciones como medida cautelar ante un presunto desvío de fondos en beneficio de la parte privada de la sociedad. La denuncia de la CUP señalaba presuntas irregularidades que nacieron en la etapa socialista en el consistorio gerundense y continuaron en 2011, con la entrada de CiU y Puigdemont en el consistorio.

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