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CATALUNYA

Anticorrupción cerca a Puigdemont por una polémica compra de obras de Dalí, Tàpies o Picasso

La Fiscalía investiga si el expresident desvió fondos del canon del agua para comprar un fondo de arte en su etapa como alcalde de Girona

La colección del crítico Rafael Santos Torroella costó 3,9 millones y está guardada en un almacén; el museo proyectado por Puigdemont en 2014 no ha llegado a abrir

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Puigdemont, en una imagen de archivo EFE

La compra del fondo de arte del crítico Rafael Santos Torroella en 2014 por 3,9 millones de euros fue una de las mayores polémicas del mandato de Carles Puigdemont al frente del Ayuntamiento de Girona. La idea del entonces alcalde y luego president de la Generalitat era crear un gran museo en la antigua sede de la Audiencia Provincial de Girona, frente a las emblemáticas escaleras de la catedral. Cuatro años después, las 1.127 obras y más de 30.000 documentos están en un almacén y el museo todavía está en ciernes. Como guinda, la adquisición del fondo (y el propio Puigdemont) está en el foco de la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal José Grinda  ha abierto esta línea de investigación a partir de la documentación incautada el pasado mes de septiembre en una operación ordenada por el juzgado de instrucción 2 de Girona, que investiga un desvío de 15 millones de euros en la empresa de aguas del municipio, Agissa. El caso, que permanece bajo secreto de sumario, nació a partir de una denuncia de la CUP de Girona en 2015. Los anticaptalistas sospechan de irregularidades en la empresa desde finales de los 90, cuando en la ciudad mandaba el PSC, y también bajo la etapa de CiU y de Puigdemont, iniciada en 2011.

¿Qué relación hay entre el agua y las obras de arte? Anticorrupción trata de determinar si el consistorio adquirió las obras ilegalmente con fondos procedentes del canon pagado por Agissa, y si todo ello está relacionado con la renovación del contrato de aguas validado en 2013 por Puigdemont. El canon del agua, en teoría, debería destinarse a la red de saneamiento del agua.

La actual alcaldesa, Marta Madrenas (PDeCAT) ha negado el dinero con el que se paga el fondo "salga de las aguas", y ha criticado el "show" que, a su juicio, ha organizado la Fiscalía. Según la versión de la alcaldesa, en 2014 el presupuesto ordinario disponía de un millón de euros para invertir en el servicio de aguas, pero cuando se ingresó la misma cantidad por el canon del agua se acordó que el dinero se invertiría en el fondo de arte. Desde entonces, en cada presupuesto municipal se ha incluido una partida para pagar el fondo: 700.000 euros en 2015; 600.000 euros en 2016 y 2017; y 500.000 euros en 2018 y 2019.

Se da la circunstancia que los ayuntamientos de Girona, Sarrià de Ter y Salt, municipios a los que abastece la empresa de aguas, están personados como acusación particular desde 2016: los consistorios adujeron entonces que querían información de primera mano sobre la causa. La CUP, que ejerce la acusación popular, ha afeado que hace más de un año que no tienen noticias sobre el procedimiento. "Que la corrupción no tape la guerra sucia del Estado y que la guerra sucia no tape la corrupción", han añadido los anticapitalistas. 

La colección adquirida por el consistorio de Girona está formada por diez originales de Miró, nueve de Dalí, ocho de Tàpies, cinco de Picasso y obras de Nonell, Tharrats, Joan Ponç y Barrades, además de toda la biblioteca y el archivo personal de Santos Torroella (Portobu, 1914- Barcelona 2002), uno de los referentes del panorama artístico catalán de la posguerra y gran conocedor de la obra del genio ampurdanés.La compra suscitó un intenso debate en el pleno gerundense: toda la oposición, salvo el PP, se mostró en contra de adquirir el fondo, y la votación salió adelante gracias al voto de calidad de Puigdemont como alcalde. Tras ser adquiridas, sólo se han expuesto medio centenar de obras, y ha sido en el Museu Reina Sofía de Madrid: el ayuntamiento las cedió en 2016 para una exposición sobre el arte de posguerra.

Girona se quedó el fondo Santos Torroella después de que se ofreciera a los ayuntamientos de Barcelona y Madrid, han explicado fuentes conocedoras de la operación. El tiempo ha dado la razón a las suspicacias de la oposición: después de cuatro años, el centro ideado por Puigdemont no tiene redactado un proyecto museístico, y sólo se ha cerrado el concurso arquitectónico para reconvertir la antigua sede de la Audiencia en un museo. La oposición cuestionaba además el interés público del nuevo centro y que, por ejemplo, los turistas se fueran a interesar por un museo con una decena de obras de Dalí cuando en Figueres, a pocos kilómetros de Girona, se encuentra una gran colección consagrado al artista. En el plano penal, en la causa se mantienen imputados por administración desleal al exconsejero delegado de la empresa Agissa, Narcís Piferrer, y a otros cinco directivos por presuntas irregularidades en la gestión de la compañía de aguas denunciadas por la CUP. El expresident no está imputado, tal y como se ha encargado de recordar el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un inusual comunicado.

Anticorrupción ha respondido con otro comunicado en el que ha señalado a Puigdemont por la posible comisión de delitos de malversación, apropiación indebida, prevaricación y falsedad en documento mercantil. Los próximos pasos de la investigación determinarán si Puigdemont termina tan sólo salpicado o inmerso del todo en la causa.

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