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El TSJC rechaza la querella de VOX contra Torrent porque “acató” el veto a la investidura de Puigdemont

El presidente del Parlament, Roger Torrent

Oriol Solé Altimira

El presidente del Parlament, Roger Torrent, seguirá sin ser investigado por la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado la querella de VOX contra Torrent y los otros tres miembros independentistas de la Mesa del Parlament por permitir el debate de la modificación de la ley de la presidencia de la Generalitat. Los magistrados consideran que su actuación no incumplió la prohibición que les impuso el Tribunal Constitucional de llevar a cabo la investidura a distancia de Carles Puigdemont, habida cuenta de que el candidato que fue finalmente investido, y de forma presencial, fue Quim Torra.

“Los querellados no incumplieron los mandatos del Tribunal Constitucional”, zanja el alto tribunal catalán que, en línea con la Fiscalía, afea que la querella del partido ultraderechista podría tener un “carácter preventivo”, esto es, denunciar unos hechos supuestamente delictivos antes de que se produzcan.

Vox se querelló contra Torrent, y los otros tres diputados independentistas de la Mesa, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Alba Vergès, por permitir el debate de la modificación de la ley de la presidencia de la Generalitat el pasado mes de mayo, que podría abrir la puerta a una investidura a distancia de Puigdemont.

A juicio del partido extraparlamentario, la actuación de los políticos de ERC y JxCat podría encajar con los delitos de prevaricación y desobediencia, y llegó a pedir que se detuviera a Torrent. Es la única querella que hasta el momento había recibido la Mesa del Parlament.

En un auto, el TSJC descarta todos los argumentos del partido ultraderechista y descarta que la tramitación parlamentaria de la ley pueda ser delito. “La conducta no puede considerarse ilícita, ni siquiera indiciariamente, al no ser los hechos que se relatan constitutivos de los delitos de prevaricación ni desobediencia”, concluye el auto, redactado por el magistrado Francisco Valls.

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