Un juzgado de Barcelona investiga la “contratación, utilización y distribución” de las urnas del 1-O
Sorpresa en la investigación judicial del referéndum. Un juzgado investiga uno de los aspectos más desconocidos de la votación: las urnas del 1-O, y, en concreto, su “contratación, utilización y distribución”. Pero no se trata del juzgado de instrucción 13 de la capital catalana, que desde hace casi dos años comanda las pesquisas de los preparativos del 1-O, sino el juzgado de instrucción 28 de Barcelona.
Así lo ha desvelado el titular del juzgado de instrucción 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer, en un auto por el que rechaza la petición del partido ultraderechista VOX para que TV3 facilitara una copia de la entrevista que emitió el pasado 22 de septiembre a un hombre no identificado que afirmó haber adquirido e introducido las urnas desde Francia a Catalunya. VOX, que ejerce la acusación popular, reclamó además identificar al entrevistado, petición que el juez también ha denegado.
El juez Ramírez Sunyer ha denegado la solicitud de VOX porque “todo lo relacionado contratación, utilización y distribución de las urnas se sigue [...] en el juzgado de instrucción 28 de Barcelona”. Según fuentes judiciales, la investigación sobre las urnas en este juzgado nació a partir de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) enviara la causa que mantenía abierta contra el exnúmero dos de la conselleria de Governació, Francesc Esteve, por la compra fallida de urnas del Govern durante la primavera de 2017.
Ramírez Sunyer se remite además a un exhorto que envió a la titular del juzgado de instrucción 28 el pasado mes de agosto, en el que recordó que su investigación englobaba todos los preparativos del referéndum salvo las urnas. “Las urnas para la celebración del referéndum no han sido nunca objeto de investigación, sino, únicamente, la publicidad, carteles, aplicaciones informáticas, reparto de propaganda, nombramientos para la constitución de las mesas electorales, información sobre los locales de votación, así como los delitos de rebelión o sedición, desobediencia al Tribunal Constitucional y revelación de secretos”, reza el exhorto.
Por otro lado, el juez Ramírez Sunyer ha ordenado a la Guardia Civil que investigue por qué la administración concursal de Unipost, que gestiona la empresa desde que quebró el año pasado, certificó que la firma no cobró de la Generalitat por el envío de sobres, papeletas y notificaciones para los miembros de las mesas. Para ello, incluso permite a los agentes que interroguen como testigo a la administradora concursal, Eulàlia Folguera, que fue quien rubricó el informe por el que se negaba que la Generalitat debiera dinero a la empresa por el envío.
El juez quiere investigar las “contradicciones” en las que habría incurrido Folguera en su informe. En concreto, el hecho de que aportara documentos para demostrar que las facturas del envío de papeletas se anularon el 7 de septiembre de 2017, pero que diez días después otros testigos de la causa indicaran que Unipost intentó cobrarlas.
