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"Creo que los políticos independentistas no cometieron un delito de rebelión"

Pedro Horrach, en un momento de esta entrevista.

Pedro Horrach (Sa Pobla, Mallorca, 1966) es el fiscal que sentó en el banquillo a Iñaki Urdangarin. El caso Nóos sacudió la monarquía española como nada lo había hecho  hasta entonces. La imputación del marido de la infanta Cristina, sumada a otros escándalos, obligaron a la Casa del Rey a tomar medidas para evitar un mayor desgaste de la institución. No era para menos, estaba en riesgo la supervivencia de la Corona. Horrach está satisfecho por el trabajo hecho, sigue defendiendo la inocencia de la infanta, y está convencido de que, por más que se especule, su marido se pasará una buena temporada en la cárcel.  

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Ahora Horrach ha abandonado la fiscalía y ejerce de abogado. Eso ayuda a que pueda hablar con mucha más libertad de otros casos polémicos. Y si hay uno controvertido por encima de cualquier otro es el proceso abierto contra los líderes independentistas. Horrach, al contrario de lo que ha defendido hasta ahora la fiscalía general del Estado, considera que estos políticos y activistas no cometieron un delito de rebelión, que puede implicar una condena de hasta 30 años de cárcel. 

En el informe interno que envió en el 2011 al fiscal jefe de Anticorrupción Antonio Salinas escribió que por la primera documentación que había visto del Instituto Nóos estaban ante un pelotazo de libro. ¿Tan evidente era?

Literalmente puse que era una malversación de libro. Fue al inicio. Envié el informe a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid y tras analizar las facturas y otra documentación relativa a la utilización de los fondos públicos que había recibido el Instituto Nóos mi impresión fue que era malversación de libro.

¿En ese momento ya fue consciente de que Iñaki Urdangarín podía estar implicado?

No. Porque el único que aparecía en los contratos suscritos entre el Instituto Nóos y el Gobierno balear a través de la fundación Illesport y la Consejería de Turismo era Diego Torres. De la documentación, a pesar de que aparecía colateralmente la empresa Aizóon, de titularidad de Iñaki Urdangarin, no había indicios suficientes como para poder imputarlo en ese momento.

¿Cuándo se da cuenta de que se podrá imputar a Urdangarin?

Fue tras los registros judiciales que se desarrollaron en Barcelona, donde encontramos documentación solvente relativa a los hechos que estábamos investigando. Era documentación que implicaba al señor Urdangarin. Y al día siguiente cuando tomamos declaración al señor Torres quedó confirmado que había que citarle.

La estrategia de Diego Torres fue la de 'no iré solo a la cárcel' y probar que Urdangarin también era culpable. ¿Eso ayudó a su imputación?

Claro que ayudó. Comentaba antes la declaración de Torres al día siguiente a los registros, en el 2011. En esa declaración policial, Torres contestaba muy vagamente o se negaba a contestarlas cuando le preguntábamos por la intervención de Urdangarin. Eso ayudó y dio pie a su imputación.

¿Es cierto que cuando el juez Castro le explicó de manera informal que iba a citar a declarar a Cristina de Borbón usted pensó que estaba bromeando?

Sí, es cierto. No me lo acababa de creer porque no se había planteado hasta ese momento. La única parte que lo había planteado hacía un año era el sindicato Manos Limpias y el propio juez de instrucción había descartado la imputación porque entendió que no veía indicios. Yo ya había informado de que no había indicios y la abogacía de la Comunidad, que estaba personada, se había posicionado en el mismo sentido.

No acababa de entender el porqué, si no había ocurrido nada durante ese año que pudiese hacer variar la situación, no se había aportado a la causa ningún indicio respecto a la vinculación de Cristina de Borbón con el Instituto Nóos. No me lo acababa de creer.

Si no había ninguna motivación jurídica, ¿cuál era la motivación del juez?

Esa fue una conversación profesional y civilizada en la que él dijo que tenía esta intención y yo le comenté que no estaba de acuerdo y que la recurriría. Quedamos en que la Audiencia Provincial ya decidiría. ¿Cuál fue la motivación? No lo sé, pero sí que expuse en más de un informe dirigido al juzgado que las decisiones podían estar condicionadas por la presión mediática del momento. Había una presión mediática que luego se trasladó a la opinión pública respecto a la necesidad de llamar a declarar a Cristina de Borbón como imputada.

Todavía hoy una parte de esa opinión pública interpreta que hubo un trato de favor respecto a ella.

He dicho y repito que en todo caso hubo un trato discriminatorio contra ella. Es la primera vez que yo he visto en este país, y mire que hay miles y miles de casos similares, en el que un socio por el hecho de ser socio, sea llamado como imputado cuando no tienes ningún indicio de que haya participado directa o lateralmente en la gestión de una sociedad.

Durante la instrucción de la causa, antes de que fuese pública, nos trasladamos a Barcelona en muchísimas ocasiones para tomar declaración a aquellas personas que pudiesen tener algún tipo de vinculación con el Instituto Nóos o con las sociedades relacionadas con Nóos. Las preguntas eran siempre las mismas: ¿Cristina de Borbón ha tenido alguna intervención en la gestión? El 99% de las personas, si no más, ni siquiera la conocían. Y el que la conocía solo la había visto en una ocasión acudir al Instituto a buscar a su marido para ir a una actividad de sus hijos.

Cristina de Borbón figuraba como socia de una de las empresas que se desvió fondos públicos y formaba parte de la Junta Directiva de Nóos. Y apareció como una mujer que firmaba pero no sabía qué estaba firmando.

Eso pasa todos los días.

¿No era una estrategia de defensa?

Es que pasa todos los días. Hay una parte de los medios de comunicación que han perdido de vista la realidad. En cientos y cientos de procesos en los que he participado o he visto un cónyuge viene a denunciar al otro porque le ha ocultado algo. Pasa cada día. Que algo tan normal lo conviertan en algo anormal me parece que es surrealista.

Cuando Rajoy dijo aquello de que a la Infanta le iría bien, también contribuyó a que mucha gente pensase que podía haber algo oscuro. Al final a la infanta le ha ido bastante bien.

Es una frase desafortunada y no ayudó, evidentemente, porque dio la impresión que había una confabulación del aparato estatal para proteger a la monarquía. Ahora bien, también es una contradicción que en algunos medios pongan de manifiesto que la actuación del juez Castro y la mía desestabilizó la institución hasta el punto de que abdicó Juan Carlos I y a la vez se me impute que estoy intentando salvar a la monarquía. Y otra contradicción absurda: el caso Palma Arena fue iniciado por la fiscalía anticorrupción, concretamente por mí. La pieza 25 del caso Nóos, también. La petición del secreto de actuaciones la solicité yo. La de registros domiciliarios, incluido Aizóon, la hice yo. 

¿La infanta Cristina es la responsable de que el juez Castro y usted, que eran amigos, se distanciaran?

No. El detonante fue que se pusiese en entredicho en alguna resolución judicial que la actuación de la fiscalía y de otros intervinientes como la Agencia Tributaria no estuviese motivada por el correcto ejercicio profesional sino por 'pseudoconfabulaciones'. Desde el momento en que se puso en duda mi actuación profesional reaccioné mal.

¿Han recuperado la amistad?

No.

Citaba a Hacienda. Juan Carlos donó 1,5 millones a Cristina para comprar la casa de Pedralbes. Declararon que era un préstamo y no una donación. ¿El rey emérito defraudó a Hacienda?

Era una escritura de préstamo. En un momento determinado entendimos que existía la posibilidad de que bajo este préstamo se escondiese una donación. Es el donatario quien tiene que tributar, no el donante. En este caso se planteó si era delictivo el hecho de haber simulado una donación a través de un préstamo, y analizamos si la cuota defraudada podía superar los 120.000 euros. Si no supera esta cifra no es delictivo y nos quedamos en el ámbito de la infracción administrativa, respecto a la cual yo no tenía competencia. Como no superó esa cifra no tenía posibilidades de ir más allá.

Entonces, quien hubiese defraudado era Cristina, ¿no?

Exacto.

¿Si Juan Carlos no fuera inviolable hubiese tenido que declarar?

En aquel momento no lo planteó nadie, ni el juez ni ningún operador. No lo planteamos por la inviolabilidad. Ahora bien, probablemente sí [hubiese tenido que declarar] porque tomamos declaración a todas las personas vinculadas de alguna manera al Instituto Nóos o a los miembros de Nóos. Pero a toro pasado es fácil de decir.

Estamos en el 2018. ¿Cree que se entiende que existan aún privilegios como este?

La inviolabilidad es un privilegio difícil de entender. Es verdad que tiene su razón de ser en preservar al jefe del Estado de denuncias malintencionadas. Pero hay determinados hechos delictivos graves que no deberían estar bajo el amparo de la inviolabilidad.

Si hubiese podido interrogar al Rey, ¿tiene clara alguna de las preguntas que le hubiese formulado?

No. De verdad que no. Porque tendría que reflexionar sobre este tema y no lo he hecho.

Antes de que Urdangarin y Torres entren en la cárcel ya se especula con que estarán dentro solo unos meses. ¿Eso puede pasar?Urdangarin y Torres entren en la cárcel

Creo que no va a ser así. Mi experiencia en los casos de delitos económicos relacionados con la corrupción es que no pasan dentro solo unos meses. En principio el cumplimiento de las penas es íntegro. Después, la clasificación de un grado u otro depende de Instituciones Penitenciarias. Es verdad que esta decisión puede ser recurrida, pero por mi experiencia en este tipo de casos no pasan dos días en la cárcel.

Estamos en Catalunya, donde uno de los temas de debate es la situación de los políticos independentistas que están en la cárcel. Usted, que ha sido fiscal, ¿considera que la fiscalía debería retirar los cargos por rebelión?

Para mí es muy difícil hacer una valoración adecuada si no conozco el procedimiento, si no he leído un solo documento ni he visto que pruebas hay. No sé cómo va a terminar. Dependerá del fiscal que esté encargado del caso y yo no estoy en su cabeza.

Pero con el nuevo Gobierno hay un relevo al frente de la Fiscalía General del Estado. ¿El fiscal debería cambiar de criterio respecto a la acusación del delito de rebelión, que es uno de los más cuestionados?relevo al frente de la Fiscalía General del Estado.

Están cuestionados todos por parte de las defensas. ¿Mantener o no el delito de rebelión? En mi opinión no debería mantenerlo. Pero no es mi punto de vista el que tiene que considerarse si no el del fiscal que lleve el caso.

¿Por lo tanto usted cree que no hubo rebelión?

Desde mi punto de vista, no. Pero es un punto de vista subjetivo y sin tener todos los elementos en la mano.

Respecto al acercamiento de los presos a cárceles catalanas estamos asistiendo a un debate entre el Gobierno y el juez sobre quien es competente para tomar la decisión.

Es competencia de Instituciones Penitenciarias. Lo lógico es que, si se mantiene la prisión preventiva, estén en centros penitenciarios próximos a sus familiares. Esto es lo lógico, no entiendo la dispersión.

Aproveche. ¿Alguna petición para la nueva ministra de justicia?

Lo que deseo es un cambio en el sistema de instrucción que implique la desaparición de la figura del juez instructor y se convierta en un juez de garantías, que vele por los derechos de todos los que están interviniendo. Un juez que instruye queda contaminado, no puede ser imparcial. El juez lo único que tiene que hacer es juzgar y ejecutar lo juzgado. No se trata de quitarle poder sino de darle uno: el que lo otorga la Constitución.

¿Qué es lo más difícil de pasar de ser fiscal a abogado?

Es la noche y el día. Es verdad que el objeto sobre el que tratamos es el mismo, cuestiones jurídicas, fácticas y procesales, relativas a temas civiles o penales, pero la posición es muy distinta. Cuesta un poco.

No sé si como abogado será una de las llamadas 'togas de oro'. ¿Qué piensa de los abogados estrella? Da la sensación que quien pueda pagarse la minuta de uno de esos abogados lo tendrá más fácil para ganar su caso.

El prestigio profesional se gana trabajando, trabajando mucho, lo mejor posible y más que los demás. Si no, no se llega. Si determinados abogados han llegado a un determinado éxito profesional lo que tenemos que hacer es felicitarlos porque habrán hecho muy bien su trabajo. Y no necesariamente tienen que ganar todos los casos.

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Publicado el
15 de junio de 2018 - 20:31 h

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