La jueza cita como imputado al conseller de Interior por pagar con fondos públicos el escolta de Puigdemont en Bélgica

El conseller de Interior, Miquel Buch, y el exsargento de los Mosssos d'Esquadra Lluís Escolà tendrán que declarar como imputados por permitir que el agente de la policía autonómica realizara labores de escolta de Carles Puigdemont en Bélgica mientras percibía un salario público como asesor del departamento.

En un auto, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acuerda, tal y como pedía la Fiscalía, citar como imputados a Buch y Escolà para los próximos 25 y 26 de marzo en una investigación abierta por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, delito castigado con penas de prisión.

La Justicia tendrá que determinar si, como cree la Fiscalía, Escolà fue nombrado por Buch asesor de Interior para enmascarar sus labores de escolta del expresident en Bélgica. El exsargento percibió un el sueldo de 52.712,26 euros entre julio de 2018 y marzo de 2019.

El caso ha llegado al TSJC después de una investigación propia de la Fiscalía. Entre las diligencias realizadas por el Ministerio Público destaca un informe de la División de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra que avala las tesis fiscales de que el nombramiento de Escolà como asesor fue una tapadera para proporcionar un escolta a Puigdemont con cargo a fondos públicos.

Escolà fue uno de los mossos que, fuera de servicio, condujo a Puigdemont hasta Bélgica por carretera en su huida el 28 de octubre de 2017, un día después de la DUI. El exsargento de los Mossos, antes de incorporarse como asesor de Interior, estuvo de vacaciones y encadenó permisos y bajas médicas entre noviembre de 2017 y julio de 2018, cuando fue nombrado asesor. Debido a su prolongada inactividad como sargento de los Mossos, la policía autonómica le abrió un expediente, que terminó con su traslado forzoso desde el área de escoltas a una comisaría de Martorell, sin imponerle sanciones económicas.

Según la investigación del propio departamento de Interior, los resultados de Escolà como asesor de Interior fueron más bien pobres. Escolà presentó varios informes al conseller, si bien solo dos por correo electrónico, pero no existe registro de entrada de los documentos en el gabinete del conseller. Todos ellos, salvo uno, no están ni firmados por Escolà. Sobre su contenido, el teniente fiscal de Catalunya, Pedro Ariche, destacó en su querella que los informes “versan sobre una miscelánea de temas absolutamente variada y dispar”, desde el análisis del estado del terrorismo en Europa al uso de nuevas tecnologías o “la figura del sereno”.

Todos los informes no ocupan más de cuatro páginas y están “plagados de generalidades y no permiten extraer conclusión alguna que mejore la actividad del departamento de Interior”. Incluso uno de ellos, de solo folio y medio, es “una copia indisimulada” de un trabajo previo que ya había realizado el departamento. Asimismo, la Fiscalía destacó que Escolà fue nombrado asesor pese a “carecer de los mínimos conocimientos” para el ejercicio del cargo debido a su titulación de bachillerato y el curso básico de escoltas.

Además, la propia conselleria de Interior ha certificado que Escolà no fichaba en su oficina de Barcelona porque, según su versión, los asesores nombrados a dedo “no están sujetas al control horario”, y que por el mismo motivo el exsargento “no percibió ninguna retribución en concepto de dietas, asistencias o indemnizaciones”.

Ariche cuenta con otros indicios contra Escolà en forma de tuits que el propio exsargento escribió en su etapa como asesor de Interior. En los mensajes Escolà detalló que se encontraba en Waterloo (Bélgica) “cuidando” a Puigdemont, tal y como escribió el exsargento de los Mossos el 6 de agosto. Dos meses después, Escolà tuiteó la lista de países que había compartido con Puigdemont tras 45 semanas con el expresident –Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemania Dinamarca, Escocia y Suecia–, a los que el 11 de octubre añadió Suiza y las Islas Feroe.