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CATALUNYA

Los presos de ERC no se sumarán a la huelga de hambre de Sànchez, Turull, Rull y Forn

La decisión de los dirigentes de JxCat encarcelados demuestra de nuevo las diferentes estrategias que conviven en el seno del independentismo

El Supremo acelera los trámites para que el juicio comience a finales de enero, que coincidiría con el periodo crítico de la huelga de hambre

La Guardia Civil contradice a Hacienda y reitera que la Generalitat quiso gastar un millón de euros en papeletas del 1-O

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El Supremo revisa esta semana la prisión de Forcadell, Turull, Romeva, Rull y Bassa

Forcadell, Bassa y Romeva entrando en el Supremo el 23 de marzo, el día que volvieron a prisión EFE

La  huelga de hambre de los presos de Junts per Catalunya (JxCat) Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn y Jordi Turull no será secundada por todos los presos independentistas. Los presos de ERC, los exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa; y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell han declinado sumarse al ayuno indefinido. Tampoco lo hará el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Las razones que han llevado a los dirigentes de ERC encarcelados a rechazar sumarse a la huelga de hambre son tanto de índole personal y familiar como por la proximidad del juicio en el Tribunal Supremo, que quieren afrontar en las mejores condiciones físicas y psicológicas posibles. Según fuentes del partido, se ha valorado en especial el hecho de que Junqueras y Romeva tengan hijos pequeños, priorizando que los menores no tengan que ver en sus padres las mermas en la salud propias de un ayuno prolongado. La experiencia de tener un padre en prisión ya es suficientemente dura, añaden.

El mismo planteamiento realizan desde el entorno de Cuixart, que tiene un hijo que todavía no ha cumplido los dos años. Por su lado, Rull emprende desde este martes la protesta pese a que también es padre de un niño de tres años. "Es una decisión meditada, fruto de muchas horas de introspección y reflexión que nos han llevado a concluir que no tenemos otra opción que emplear este forma extrema de protesta pacífica en defensa de nuestros derechos fundamentales", han expresado Rull y Forn en un comunicado.

"Según nos dicen, los peores días son los dos primeros. El cuerpo aún se resiste un poco... Por lo tanto, adelante", han explicado Sànchez y Turull en sendos tuits en su tercer día de huelga de hambre para protestar contra el bloqueo que, a su juicio, somete el Tribunal Constitucional a sus recursos de amparo. Aunque no se sumen al ayuno, los presos apoyan a Sànchez, Turull, Rull y Forn, como quisieron demostrar el viernes al distribuir la primera fotografía de 'los siete de Lledoners', denominación de los siete políticos y activistas encarcelados en están en la prisión de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).

Los cuatro políticos de JxCat tendrán que preparar en huelga de hambre su estrategia de cara al juicio en el Supremo, que está previsto que empiece a mediados o finales de enero. En este sentido, el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona y facultativo de ambos presos, Jaume Padrós, advirtió este sábado de que no se han descrito casos de "supervivencia" de presos en huelga de hambre más allá del mes y medio o los dos meses, aunque matizó que no espera "llegar a esta situación". También señaló que el traslado a Madrid para asistir al juicio sería una "dificultad".

Además de su estrategia judicial, Sànchez, como viene haciendo desde hace semanas, seguirá diseñando desde la cárcel, y ahora en huelga de hambre, el proyecto político de la Crida, el movimiento lanzado por Puigdemont. El expresident, centrado desde Waterloo en la proyección exterior del proceso soberanista, ha bendecido al exlíder de la ANC para que asuma las riendas de la Crida. De esta manera se otorga a la prisión de Lledoners todavía más peso en la política catalana y, de paso, se intentar contrarrestar el liderazgo de ERC que Junqueras ejerce también desde la misma prisión. En su visita a Lledoners, Pablo Iglesias se vio con Junqueras para abordar los presupuestos, pero también con Sànchez y Cuixart.

Mientras, el Constitucional ha respondido oficialmente este lunes a los presos en huelga de hambre. La "complejidad" de los recursos y su trascendencia al tratarse de derechos fundamentales obliga a llevar a cabo al tribunal una "labor minuciosa" de estudio, ha indicado el Constitucional en un comunicado. En el caso del amparo solicitado por Sànchez contra la prisión provisional ordenada por la Audiencia Nacional, el Constitucional admitió a trámite en febrero de este año el recurso presentado en noviembre de 2017, y todavía no lo ha resuelto, lo que impide agotar la instancia nacional y acudir a la Justicia europea.

El Supremo acelera

Asimismo, el Supremo da esta semana nuevos pasos para que la vista oral pueda empezar a finales de enero. La denominada Sala del 61, comandada por el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ya puede resolver las recusaciones que los acusados promovieron contra el presidente del tribunal del juicio al 'procés', Manuel Marchena.

Se da por descontado que se confirmará a Marchena como presidente del tribunal. De hecho, este lunes se ha rechazado la principal propuesta de las defensas: que el  portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, declare como testigo para que explique los whatsapp en los que alardeó que con Marchena como presidente del Poder Judicial se podría controlar "desde atrás" la sala que enjuiciará el caso 'procés'.

Por su lado, la Fiscalía se pronunciará este martes previsiblemente en contra de que la causa se juzgue en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en vez del Supremo, tal y como han pedido las defensas. Una vez el tribunal confirme después de una breve vista (que podría celebrarse la semana del 17 de diciembre) que el juicio se celebrará en el Supremo, las defensas tendrán diez días para presentar sus escritos, y todo estará listo para el arranque de la vista oral.

En Lledoners, pese a su ayuno, los presos seguirán sujetos al régimen penitenciario, lo que implica mantener los horarios y las actividades, incluida su presencia en el comedor de la cárcel durante las comidas. Los médicos del centro monitorizan cada dos días el estado de salud de los internos en huelga de hambre mediante el control de su presión, su peso y analíticas de sangre, entre otras pruebas.

Quien ya ha visitado a los presos este lunes es el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a "hacer de altavoz" ante la "injusticia que viven los presos políticos". Torra ha asegurado que los presos en huelga de hambre "están bien de salud" y son "tratados correctamente" por los servicios penitenciarios, competencia en manos de la Generalitat, y que por lo tanto sería la administración que, en última instancia y por orden judicial, tendría que proporcionar alimentación forzosa mediante la inyección de suero a los internos.

La Guardia Civil contradice a Hacienda en gastos del 1-O

La cantidad de dinero público que gastó o tenía previsto gastar la Generalitat en el 1-O vuelve a ser motivo de controversia entre Hacienda y la Guardia Civil. En su último informe aportado a la causa sobre los preparativos de la votación que investiga el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, el Instituto Armado insiste en que la Generalitat tenía un "compromiso de gasto" con la empresa de mensajería Unipost de casi un millón de euros para repartir las tarjetas censales y las notificaciones a miembros de las mesas del 1-O.

La Guardia Civil contradice así no solo al Ministerio de Hacienda, cuyos técnicos no incluyeron en su informe pericial los 979.661,56 euros que la Generalitat habría previsto gastar en Unipost para el 1-O, sino también a la administración concursal que se hizo cargo de la empresa después de su quiebra. Los administradores que gestionan Unipost mientras se concluye su liquidación han reiterado que no piensan reclamar ese millón de euros a la Generalitat porque no constan facturas emitidas en este sentido.

Por contra, los investigadores aseguran que "sí existen argumentos" para reclamar el millón de euros que supuso el envío de tarjetas censales y notificaciones, y que fueron incautados por los agentes en sedes de Unipost en los días previos a la votación. Se basa la Guardia Civil en el análisis del sistema informático de facturación de Unipost que, a su juicio, "refuerza que los pedidos no fueron anulados", como señaló la administración concursal. "El modo de actuar en la creación y anulación de las facturas es una forma de evitar la acción de la justicia", concluye la Guardia Civil.

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