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Los voluntarios niegan que recibieran órdenes de la Generalitat para preparar el 9-N

Rigau, Mas y Ortega, a la salida del TSJC este lunes

Oriol Solé Altimira

Compás de espera en el juicio del 9-N hasta los informes finales de las partes que se leerán este viernes. La Fiscalía se ratificará en pedir diez años inhabilitación para Artur Mas y su defensa reclamará la absolución. Ante el tribunal han comparecido este jueves testigos propuestos por la defensa de la exvicepresidenta Joana Ortega, en su mayoría voluntarios el 9-N, que han descrito un contexto de la votación festivo, democrático y, respecto a los hechos que se juzgan, sin participación alguna de la Generalitat tras el veto del Constitucional a la votación.

Los cuatro voluntarios que han declarado han explicado que no recibieron órdenes o indicaciones de funcionarios o cargos de la Generalitat para desarrollar la votación, sino que se limitaron a apuntarse, antes de la suspensión del Constitucional, en la web del 9-N impulsada por el Govern. Asimismo, han afirmado que los ordenadores, las papeletas y las urnas ya estaban en los espacios de votación el 9-N, y que en ningún documento había un sello de la Generalitat, en línea con la defensa de los tres políticos, que sostiene que tras el veto del TC el Govern se retiró por completo de la organización de la consulta, quedando en manos de los voluntarios.

En el mismo sentido se ha expresado Gemma Calvet, la única testigo vinculada a ERC –fue diputada en el Parlament la pasada legislatura– que ha declarado en el juicio. “En ningún momento recibí ninguna indicación de la Generalitat”, ha afirmado.

Una vez han terminado los testigos, ha sido el turno de los agentes de la Guardia Civil encargados de presentar la pericial. Han explicado que del análisis de la página web del 9-N se desprende que se siguieron subiendo y modificando ficheros de la misma después de la suspensión del TC, en concreto los días 7, 9 y 12 de noviembre y el 10 de diciembre. También han indicado que la web del 9-N se podía borrar en 48 horas, a diferencia de lo que declaracó el número 2 de Joana Ortega, Joan Cañada, que dijo que eliminarla era inviable.

La sesión ha brillado más por las anécdotas que por la relevancia de los testigos. El fiscal, Emilio Sánchez Ulled, ha vuelto a tirar de ironía, y ha preguntado a una testigo si en los espacios de votación había una suerte de censo o una lista con nombres y apellidos de los potenciales votantes –“de Mas Gavarró a Sánchez Ulled”, ha bromeado. Y en una pregunta que ha dejado sorprendidos al tribunal y a las demás partes, el abogado de la acusación popular, ejercida por Manos Limpias y dos sindicatos policiales, ha preguntado a un testigo si una “organización de cualquier tipo” le dijo a qué punto de votación tenía que presentarse para ser voluntario. “Si hubiera sido una web falsa, nos la habrían metido doblada”, ha respondido el testigo.

El juicio del 9-N llegará este viernes a su final. Cada parte ha elevado a definitivas sus conclusiones y leerá sus informes finales. La Fiscalía y la acusación popular se ratificarán en pedir la inhabilitación de los tres políticos; las defensas su absolución en una exposición que durará varias horas. Previsiblemente, por lo menos Artur Mas usará su derecho al último turno de palabra, en una intervención desde el banquillo de los acusados que, igual que el lunes, combinará el discurso político con el alegato absolutorio.

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