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Castilla-La Mancha aprueba la Ley Antifracking que intentará esquivar al Constitucional

Las Plataformas Antifracking, antes del pleno de las Cortes / Ecologistas en Acción

Alicia Avilés Pozo

  • Aumenta las medidas de evaluación y prevención de la fractura hidráulica de tal manera que su práctica en la región sea casi imposible

Castilla-La Mancha se ha sumado a las comunidades autónomas que han aprobado iniciativas contra la práctica de la fractura hidráulica. El pleno de las Cortes regionales ha aprobado la denominada Ley Antifracking con la que el Gobierno regional establece numerosos requisitos para esta práctica en la comunidad autónoma, de forma que los proyectos de este tipo sean prácticamente imposibles. Se trata de impedirlo por la vía de la restricción. En la Junta son conscientes de que el Tribunal Constitucional ha tumbado las iniciativas de Cantabria, Navarra y La Rioja debido a que invadían competencias del Estado. Por eso ha tomado como ejemplo el modelo del País Vasco y las recomendaciones europeas: no prohíbe el fracking sino que aumenta los requisitos previos para frenarlo. Se trata además de la primera ley de carácter medioambiental que aprueba el Ejecutivo de Emiliano García-Page, quien se comprometió a esta regulación durante la campaña electoral.

“No va a haber más fracking en Castilla-La Mancha”, ha dicho el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en su defensa de la nueva ley. Ha ensalzado la normativa como un “orgullo” del Gobierno regional y de toda la sociedad, poniendo como ejemplo de su “magnitud” la presencia en el pleno de las Plataformas Antifracking del Campo de Montiel y de Guadalajara, de Ecologistas en Acción y de los alcaldes de los pueblos afectados por los proyectos de fracking ya iniciados. “Es un trabajo conjunto, estamos todos en un compromiso de región para garantizar la preservación del medio ambiente, la salud pública, del lado de la prudencia frente a la temeridad”, ha recalcado.

Dicho esto, ha recordado el inicio de la tramitación de esta norma en septiembre de 2015 y su posterior elaboración en el Consejo de Gobierno abierto con las plataformas antifracking. “Hemos hecho lo que teníamos que hacer escuchando al pueblo castellano-manchego y lo hacemos desde una perspectiva en positivo”, ha añadido, explicando que en la norma se incorporan restricciones aún no contempladas por la legislación nacional pero recomendadas por los organismos europeos. Entre las mismas, ha destacado los nuevos requisitos de evaluación de riesgos, el futuro Plan Estratégico que incorpora la Ley y que se elaborará en un periodo de 18 meses y el compromiso de la Junta con el “futuro desarrollo sostenible” de Castilla-La Mancha.

El contenido de la ley ha seguido las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía y de la Comisión Europea. La idea no es prohibir este método de extracción de hidrocarburos, sino restringir las medidas de prevención de tal manera que su práctica sea casi imposible. Para ello, la Junta ha elaborado junto con las Plataformas Antifracking de Castilla-La Mancha una ley donde se establecen medidas adicionales (que sí son competencia autonómica) de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica.

Todos los requisitos estarán precedidos del mencionado Plan Estratégico de la utilización de la fractura hidráulica, que incluirá cuestiones como la expedición previa de autorizaciones para esta actividad, la evaluación de los riesgos por fugas o migraciones, una zonificación del territorio que diferencie las zonas donde quede restringida la fractura y un detalle de distancias mínimas de profundidad y de exclusión.

Desde el PSOE, la diputada Carmen Torralba ha destacado las mejoras introducidas como la enmienda de Podemos para acortar el plazo de elaboración del Plan Estratégico y ha destacado el hecho de que la regulación energética es competencia estatal, pero que la comunidad autónoma ahora puede restringir la fractura hidráulica “buscando un modelo energético alternativo”.  Ha dejado claro que no se otorgará ningún permiso nuevo y que en la memoria de la Ley se establece que no habrá responsabilidades patrimoniales de la Junta.

El PP ha mantenido una postura ambigua durante el debate. El diputado Antonio Martínez ha criticado por un lado que el “rodillo de los perdedores” -en referencia a PSOE y Podemos- haya tumbado su única enmienda para establecer en un año el plazo para el Plan Estratégico, pero al mismo tiempo ha criticado la ley en su conjunto, afirmando que no participarán “en un paripé”.

Podemos alerta sobre los riesgos y pide su prohibición en toda España

Por su parte, el diputado de Podemos David Llorente ha hablado primero de los riesgos del fracking como la utilización de grandes cantidades de agua en una región “castigada por trasvases”, la destrucción y contaminación de los acuíferos que abastecen al 35% de la población, la contaminación de las aguas superficiales y la amenaza para la salud pública. Después ha criticado las posiciones “contradictorias” del PP, ha pedido que también se desarrolle una ley contra la minería de tierras raras  y ha instado a los socialistas a que también apoyen en el Congreso la proposición de ley de Unidos Podemos para prohibir el fracking en toda España.

Sobre este asunto, el PSOE ha reiterado posteriormente esta misma petición de que la fractura hidráulica se prohíba a nivel estatal. La diputada Torralba ha hecho además referencia al informe de SEO/Birdlife que apunta que el fracaso de otras regiones ante el Tribunal Constitucional fue por intentar prohibir esta práctica “siendo más acertado apostar por medidas adicionales como es el caso de Castilla-La Mancha”. El diputado del PP, en su siguiente intervención, ha seguido sin mostrar una postura clara de su partido a favor o en contra del fracking, aunque ha reconocido en un momento de su intervención que esta práctica “no ofrece garantías ambientales”.  

El debate lo ha concluido el consejero de Medio Ambiente, quien ha pedido “no mezclar” la aprobación de esta ley con la minería de tierras raras, puesto que son asuntos diferentes y “no comparables” y el segundo caso ya lo está abordando la Junta conforme al procedimiento. “Estamos haciéndolo bien en medio ambiente (…) Hoy es un día para estar felices y celebrar”, ha concluido.

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