Castilla-La Mancha quiere que el dictamen del Tajo sea vinculante por resolución
El dictamen europeo sobre el río Tajo debatido en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y que será previsiblemente aprobado el próximo 18 de julio, no tiene carácter vinculante. Por este motivo, el Gobierno de Castilla-La Mancha, que considera este texto como un “bofetón” a las políticas hídricas del Ejecutivo de Mariano Rajoy, quiere trasladarlo a las Cortes regionales. Lo hará en forma de debate general, con posterior resolución parlamentaria para pedir al Gobierno central que acate las recomendaciones realizadas por los europarlamentarios.
La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, se ha referido ampliamente a esta cuestión destacando sobre todo el hecho de que el debate sobre el dictamen se desarrollara con el apoyo unánime de todos los grupos políticos a la defensa del río Tajo, aquella que “no ha ejercido el Gobierno de España”. “Nosotros ya decíamos que desde Europa nos iban a dar la razón”, ha recalcado. Según ha afirmado, el informe “tumba” toda la política hídrica de Rajoy y da la razón a la Junta. Y por eso ha pedido a la presidenta del PP castellano-manchego y expresidenta de la región, María Dolores de Cospedal, que se una al “consenso en la defensa de nuestros ríos”.
Se ha referido igualmente al hecho de que el presidente de la comisión de eurodiputados que visitó el Tajo en febrero, del Partido Popular Europeo, haya calificado el dictamen como “técnico y equilibrado” y ha pedido, según De la Cruz, que se respete el texto, que no se realicen enmiendas, y que se cumpla en su totalidad. “Esas palabras son lo suficientemente contundentes”, afirma la consejera, que también se ha hecho eco de las “presiones” por parte de los regantes del río Segura al Parlamento para que se modificara el texto.
Dicho esto, se ha detenido en una de las claves del dictamen: la referida a la defensa de los caudales ecológicos. En el texto se afirma que este factor no se ha dado en el caso del Tajo, donde simplemente se han garantizado los caudales mínimos mediante desembalses que someten al río a un régimen no natural. Y en este punto, el Gobierno regional ha querido alertar de que hay un Plan B del Gobierno central, en base al polémico Memorándum del Tajo, para aportar agua al Tajo a través del embalse del Finisterre, que tiene previsto almacenar aguas fecales de Madrid, incluidas las no depuradas. Esto provocaría la “destrucción aún mayor de especies animales y vegetales”.
La consejera ha destacado otras cuestiones del dictamen como el hecho de que pida abrir un diálogo con instituciones y colectivos afectados para revisar los planes hidrológicos, la petición de que se cumpla la Directiva Marco de Agua, y la dicotomía que genera entre negocio y medio ambiente en el caso de Levante. “Viene a decir que para aprobar un plan urbanístico hay que tener la dotación de agua y que en el sureste español se cuenta con el agua de otros ríos para el desarrollo de zonas turísticas”, ha remarcado De la Cruz. Es uno de los motivos por los que los europarlamentarios piden mejorar la “gobernanza” en la cuenca del Segura.
La planificación hidrológica, sin cuestiones “legalmente admisibles”
Todo ello supone un “bofetón” al Gobierno de España. “Les han dicho que la planificación hidrológica de segundo ciclo no cuenta con cuestiones legalmente admisibles y les piden la necesaria utilización de la desalación para proporcionar agua suficiente para el Levante español”. Además, en este punto ha hecho mención a la presunta “trama corrupta” de Aquamed, encargada de construir desaladoras: una “cueva de Ali-Babá” en la que se ha producido un posible desvío de más de 200 millones de euros y con la “posible implicación” del exministro de Agricultura y actual comisario europeo de Energía.
La consejera también ha restado importancia al hecho de que en las recomendaciones del informe no se haga mención expresa al trasvase Tajo-Segura. “No hemos dicho que se tenga que cerrar mañana el trasvase, sino que siempre hemos hablado de la presión indiscriminada sobre la cabecera”. Ha explicado así que para que el río fuese sostenible lo máximo trasvasable serían 100 hectómetros cúbicos al año, mientras que ahora la media está en 350 hectómetros. Esto supone “una merma brutal” en el río.
“La UE, con las recomendaciones que hace, en el momento que habla de caudales ecológicos y de compensar la cuenca del Segura, en el fondo está hablando de trasvase, de que no se puede regalar el agua, y de que en el momento en que se generen aguas dulces, no va a ser necesario trasvasar esa media anual para compensar esas deficiencias que se han generado de forma artificial para que proliferen urbanizaciones y regadíos ilegales. Han generado una demanda artificial y ahora Europa les da un tirón de orejas”, ha concluido .
