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Castilla-La Mancha pone en marcha sus seis oficinas antidesahucios

Las PAH han aceptado formar parte de las comisiones de seguimiento que vigilarán el funcionamiento de estos nuevos centros

Trabajadores sociales y abogados formarán parte de las mismas para evitar los desahucios “desde el primer momento” en que se produzca impago de hipoteca o alquiler

“Valoro el gesto de mucha gente que ha estado en la barricada, rompiendo moldes que han contribuido mucho, no a arreglar el problema, sino a crear conciencia del problema”, afirma García-Page

Firma para la creación de las oficinas antidesahucios de Castilla-La Mancha / JCCM

Firma para la creación de las oficinas antidesahucios de Castilla-La Mancha / JCCM

Las oficinas antidesahucios ya son una realidad en Castilla-La Mancha. Desde este miércoles, todas las direcciones provinciales de Fomento de la Junta contarán con estos centros, dentro del denominado Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria que han firmado el presidente regional, Emiliano García-Page; el presidente del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Castilla-La Mancha, Javier Sánchez Morcillo; y los decanos de los colegios provinciales de abogados. Trabajadores sociales y abogados, junto con personal de la Administración, trabajan desde hoy en seis oficinas, una en cada provincia castellano-manchega y otra más en Talavera de la Reina, con el objetivo de evitar los desahucios tanto desde el primer momento del impago como en la mediación con la entidad bancaria.

En este convenio han participado de forma integral las consejerías de Bienestar Social y Fomento. La titular de este última, Elena de la Cruz, ha celebrado la medida, y ha destacado que la función primordial del programa es evitar un “drama social”. Además, ha querido agradecer la labor y participación de las plataformas de afectados por la hipoteca (PAH), que “lucharon desde un principio”. Según ha afirmado, este colectivo ha celebrado la iniciativa y ha aceptado colaborar en la comisión de seguimiento del programa, mediante su acompañamiento y asesoramiento.

Esta labor se sumará a la que realizarán abogados y trabajadores sociales con las familias que se encuentran ante este drama, en cumplimiento del artículo 47 de la Constitución de derecho a la vivienda. Los destinatarios del Programa que regula las oficinas antidesahucios serán aquellas personas o familias a las que se les ha iniciado un proceso de desahucio y sus avalistas, atendiéndoles en: asesoramiento para atajar el problema “desde el primer impago” y antes de que se produzca la ejecución hipotecaria; intervención social para atender situaciones de necesidad; asesoramiento jurídico para que conozcan sus opciones, y en caso de proceso judicial, acompañarles en el mismo; y mediación con la entidad bancaria.

La labor de los trabajadores sociales durante "muchos años"

En representación de los trabajadores sociales de la región, Sánchez Morcillo ha subrayado su “satisfacción” por esta medida debido a que detrás “llevamos muchos años de trabajo, publicaciones y documentos donde pedíamos esa intervención social”. Ha precisado que la labor de estos profesionales será facilitar a las familias información, asistencia y asesoramiento, y servir de nexo de unión con los servicios de atención primaria, y también con abogados en la intervención hipotecaria.

No ha querido olvidar que con el Gobierno de María Dolores de Cospedal, Castilla-La Mancha batió récords en tasas de pobreza y exclusión social, algo que ha repercutido de manera muy directa en los servicios sociales. Así ha aprovechado su discurso para pedir al presidente, Emiliano García-Page, allí presente, que se aprueben más ayudas relacionadas con la pobreza económica, que no sean “limosnas” y que se gestionen “con la máxima celeridad posible”. Ha concluido afirmando que las oficinas antidesahucios abren una “puerta a la esperanza” de miles de familias y ha agradecido el trabajo de la quincena de plataformas de la región “por todas las horas de que se han dejado en la calle  ntentando que a las personas no se les quitase su bien más preciado”.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Toledo, José Sánchez Recuero, ha garantizado el nivel de “compromiso, calidad y competencia” de este gremio, y ha avanzado que su función social siempre está “al lado de la gente en riesgo de exclusión social y pobreza”.

"A lo mejor alguien ha echado de menos que me fuera a la puerta de una vivienda a evitar un desahucio"

El último en intervenir ha sido Emiliano García-Page, quien ha comenzado defendiendo la labor de aquellos que acuden a las puertas de las viviendas a evitar un desahucio. “A lo mejor hay quien ha echado de menos que me fuera a la puerta de una vivienda a evitar un desahucio. Y no voy a criticar a quienes hacen eso, pero la alternativa real que cambia las cosas es aquella que se deja llevar por el sentido común. Valoro el gesto de mucha gente que ha estado en la barricada, rompiendo moldes que han contribuido mucho, no a arreglar el problema, sino a crear conciencia del problema”, ha añadido.

Dicho esto, ha apuntado que las oficinas antidesahucios forman parte de ese conjunto de “soluciones sensatas, cuerdas y que responden al sentido común jurídico”. Y aunque ha subrayado que Castilla-La Mancha no es la región que más debiera preocuparse por los desahucios en términos estadísticos, se ha decidido abordar esta cuestión para “ayudar a la gente”. Esta medida, augura, será “muy imitada” en el conjunto de España.

Desde su punto de vista, el derecho a la vivienda afecta al “nudo gordiano” de la posible reforma de la Constitución española, con especial mención los derechos sociales. Ha apostado por conservar el 98% de la Carta Magna, y por que los partidos se pongan de acuerdo más en ampliarla que en eliminar contenido. Su opinión es que se deben “objetivar en las leyes lo que son derechos considerados de segunda visión, como el derecho a la salud, a la educación, al empleo y a la vivienda”. Ha concluido afirmando que arbitrar un mecanismo como las nuevas oficinas, “con rostro y sensibilidad”, aporta esa visión integral de los derechos sociales y de la necesidad de su mayor protección.

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