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Archivada la causa contra los activistas que intentaron impedir el desahucio de una mujer con discapacidad en Guadalajara

El auto del Juzgado número 3 de Guadalajara apunta que "no existen suficientes indicios en relación a la posible comisión de un delito de desórdenes públicos"

Los activistas intentaron evitar el desahucio de Safira Sánchez, una mujer de 22 años con una discapacidad del 66% y una enfermedad rara que vivía junto a su madre

"Su presencia fue pacífica, y su actuación únicamente presencial, ofreciendo en última instancia una resistencia pasiva"

La PAH anuncia una nueva concentración el 12 de noviembre también en Guadalajara para impedir tres nuevos lanzamientos en el barrio del Alamín

Safira Sánchez sale de su domicilio asistida por sanitarios

Safira Sánchez sale de su domicilio asistida por sanitarios PAH Guadalajara

El Juzgado de Instrucción número 3 de Guadalajara ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa penal abierta e iniciada por el Cuerpo Nacional de Policía por los hechos ocurridos el 22 de octubre de 2018 cuando activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) intentaron evitar en Guadalajara el desahucio de Safira Sánchez, una mujer de 22 años con una discapacidad del 66% y con una enfermedad rara cardiovascular que vivía junto a su madre en la calle Salvador Allende número 2. Ambas fueron también imputadas en la causa junto a 20 activistas.

El auto señala que "no existen suficientes indicios en relación a la posible comisión de un delito de desórdenes públicos, que permitieran seguir adelante con las actuaciones frente a los investigados", aunque deja abierta la posibilidad a un recurso de reforma y, subsidiariamente, de apelación en los tres días siguientes a la notificación de la decisión judicial. 

Los miembros de la PAH identificados y a los que se tomó declaración, coincidieron en señalar, según recoge el auto, que "su presencia fue pacífica, y su actuación únicamente presencial, ofreciendo en última instancia una resistencia pasiva". Por otro lado, se apunta, "no constan indicios de la alteración del orden público" ni tampoco indicios de la comisión de actos de violencia "ni sobre las personas, ni sobre las cosas. Tampoco de posibles amenazas con llevar a cabo los mismos.  Se trata de un grupo de personas que intentaban acompañar y hacer sentir su parecer en relación a los procedimientos de desahucio y su desenlace de lanzamiento".

Además, en las declaraciones de los agentes policiales, señala el auto, "ninguno refirió haber sufrido lesiones o haber presenciado daños que pudieran haber sido materializados por los manifestantes".

El auto judicial explica también como el día previsto para el lanzamiento Safira no se encontraba bien por lo que miembros de la PAH llamaron a los servicios sanitarios mientras en el exterior de la vivienda, miembros de la plataforma intentaban impedir el desahucio. "Llevaban distintas pancartas, y se hicieron valer de megáfonos por los cuales coreaban insignias en contra de los lanzamientos, la desocupación de viviendas y las fuerzas del orden público", recoge el documento judicial que reconoce que "su simple presencia, dado el número y su permanencia en la entrada y alrededores del inmueble que había de ser desalojado, dificultó la realización de la diligencia de lanzamiento acordada por la autoridad judicial", algo que finalmente se produjo, cambiándose la cerradura del inmueble.

La PAH señala que "se pone fin al proceso que se inició con el desahucio perpetrado el día 22 de octubre de 2018, en contra de un mandato explícito de la ONU en el caso de Safira Sánchez" y que, recuerdan, "conllevó el desalojo por la fuerza de la afectada por los agentes antidisturbios y la posterior denuncia policial, en la que se sostenía que los activistas habían cometido actos de desobediencia grave y resistencia a la autoridad". Unos delitos que están penados con hasta cuatro años de prisión para los denunciados.

También recuerda este colectivo que el pasado 11 de octubre, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU sancionó al Estado Español "por incumplimiento grave" en el desahucio de Safira Sánchez al violar la medida provisional acordada en septiembre de 2018, donde se instaba a España a proporcionar una vivienda alternativa a la afectada o a paralizar el desahucio. 

"Se confirma así la denuncia que desde la PAH de Guadalajara se viene reiterando desde que se tuvo conocimiento de este desahucio, donde hemos manifestado los reiterados incumplimientos en materia social practicados desde la Junta de Castilla-La Mancha, bajo el gobierno de PSOE,  así como las prácticas dañinas contra los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, ya en este caso ofreció medidas inadmisibles que no garantizaban el acceso a vivienda digna de la afectada", concluyen.

No será el último acto de la plataforma en esta ciudad ya que, de cara al próximo 12 de noviembre, ha convocado otra concentración en el Barrio del Alamín, en el que están programados tres desahucios.

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