Calp readmitirá a los trabajadores que destituyó ilegalmente para volver a despedirlos
- El gobierno local incorpora a los 14 funcionarios porque así le obliga el Supremo, pero prescindirá de ellos inmediatamente porque sus plazas están amortizadas
- La decisión del PP elevará la cuantía de las indemnizaciones que el ayuntamiento deberá abonar a los afectados
Nuevo capítulo en el culebrón que siempre supone la política laboral del Ayuntamiento de Calp. Como no tenía otro remedio, porque así le obliga una reciente sentencia del Tribunal Supremo, el gobierno local integrado por el PP e independientes readmitirá a los 14 trabajadores que despidió de forma ilegal en 2012. Pero eso sí, volverá a despedirlos de forma inmediata. Así se lo comunicó este lunes el concejal de Recursos Humanos, Manuel Cabrera (PP), a los grupos de la oposición.
Cabrera justificó esta decisión en que las plazas de esos trabajadores están amortizadas y que “por coherencia” el ejecutivo local no puede incorporarlos a la plantilla municipal. Ahora bien, esta decisión va a tener consecuencias lesivas para las arcas públicas de Calp.
Así, la sentencia del Supremo no sólo obligaba a readmitir a esos funcionarios sino también a pagarles todos los salarios que dejaron de percibir desde el momento en que tuvieron que abandonar el consistorio hasta la actualidad. Además, ahora Cabrera señaló que habrá que abonarles una indemnización por este nuevo despido. La cantidad no está clara, pero todo parece indicar que podría ser de 20 días por año trabajado en el consistorio.
Es verdad que a esta compensación habrá que descontarle los ingresos que estos empleados tuvieron en el ejercicio de otras actividades remuneradas durante esos cinco años. Así que antes habrá que pedirle a cada uno su vida laboral.
Indemnización próxima al millón de euros
El portavoz de Compromís, Ximo Perles, señaló que la cantidad final seguramente se aproximará al millón de euros. Perles criticó con dureza el poco cuidado que ha mostrado el gobierno presidido por el popular César Sánchez a la hora de vigilar la integridad de las arcas municipales.
En primer lugar, “porque el ayuntamiento se va a gastar una cantidad muy importante de dinero público en pagar a unas personas que en realidad no han podido prestar ningún servicio en beneficio del pueblo de Calp durante estos últimos cinco años”.
Pero es que, además, Perles recordó que pronto comenzará la campaña de verano, en la que el consistorio siempre ha de contratar refuerzos y, si no todos, alguno de estos antiguos funcionarios podría haber sido destinado a este cometido, lo que hubiera rebajado el volumen final de las indemnizaciones.
Por si fuera poco, el ejecutivo calpino se está mostrando demasiado lento en resolver todo este asunto: Compromís también recordó que desde que el Supremo comunicó la sentencia, en enero, hasta ahora ha transcurrido otro mes en que el ayuntamiento aún no ha actuado, un mes más que sumar a las compensaciones que finalmente deberán abonarse a los afectados.
“Si el concejal de Recursos Humanos o cualquier otro de los ediles que han apoyado estas decisiones hubieran manejado dinero de una empresa privada de su propiedad es muy probable que no se hubiesen comportado de esta forma”, lamentó el portavoz valencianista.
