Amnistía Internacional alerta de la exclusión sanitaria de miles de inmigrantes
Según han denunciado desde Amnistía Internacional, tres años después de su aprobación, el Real Decreto-Ley 16/2012 “sigue violando los derechos humanos” de los inmigrantes en situación administrativa irregular, y cerca de 750 personas se han quedado sin tarjeta sanitaria y han quedado excluidas del Sistema Nacional de Salud en España.
La aplicación dispar del RDL en las comunidades autónomas y la falta de información del personal médico sobre la normativa a aplicar ha agudizado el impacto negativo de esta reforma. Algunas comunidades, como la Valenciana, han desarrollado sus propios programas o sistemas para ampliar la cobertura contemplada por el Real Decreto.
El anuncio del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso de que las personas migrantes en situación irregular volverán a tener acceso a la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud es algo que Amnistía Internacional valora como un paso en la buena dirección. Sin embargo, no concreta ninguna reforma legislativa que garantice el acceso a la salud para todas las personas sin discriminación.
“Nos preocupa que este anuncio se haga para despejar las urgencias y no porque el acceso a la salud sea considerado un derecho humano. Detrás de esto se esconde el argumento de que las personas inmigrantes realizan un uso excesivo de las urgencias. Una acusación sobre la cual el Gobierno no ha presentado ninguna evidencia, y que ha sido rebatida por numerosos informes técnicos”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Éstas son las principales conclusiones del informe: Sin tarjeta, no hay derecho. Impacto en derechos humanos de la reforma sanitaria en Castilla La Mancha y la Comunitat Valenciana, que Amnistía Internacional ha presentado esta semana. Se ha elegido la Comunitat Valenciana, que pese a poner en marcha un programa especial para las personas excluidas del sistema sanitario, no ha restituido la universalidad del derecho a la salud.
La reforma sanitaria en la Comunitat Valenciana
Alicia llegó a España en 2009 procedente de Honduras. Nunca ha tenido permiso de residencia, aunque trabajó como ayudante de cocina y cuidando a personas mayores. A principios de 2013 su tarjeta caducó y no pudo renovarla. Después de esto empezó con una tos continua que le duró más de un año, no ha visto a un médico de cabecera y mucho menos a un especialista. “Estaba muy preocupada, porque en mi país una tos continua durante mucho tiempo es tuberculosis”. A través de Médicos del Mundo consiguió que le hicieran estas pruebas. Dio negativo, pero sigue sin tener un diagnóstico, porque no puede acceder a un especialista.
Tampoco aquí existen cifras oficiales de cuantas personas se han quedado sin tarjeta sanitaria. Sin embargo, la Comunitat Valenciana tiene en marcha el Programa Valenciano de Protección de la Salud que atiende a personas sin recursos. Pero exige al menos un año de empadronamiento e ingresos inferiores a 800 euros. Actualmente hay más de 160.000 personas de origen extranjero no comunitario empadronadas en la Comunitat Valenciana en situación irregular. Hasta agosto de 2014, sólo 3.491 personas se habían acogido a este programa. Amnistía Internacional ha podido constatar la falta de información que sobre dicho programa tiene el personal administrativo.
La emisión de facturas, compromisos de pago y falta de información tanto del personal administrativo, como de muchas personas migrantes incrementa la exclusión sanitaria. Amnistía Internacional ha constatado que muchas personas que deberían estar protegidas por el RDL, sufren la exclusión sanitaria en su piel.
Peticiones de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional pide al Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de www.actuaconamnistia.org que restablezca la universalidad del derecho a la salud para todas las personas que viven en España, con independencia de su situación administrativa, y cumpla las recomendaciones de los organismos internacionales.
Al Gobierno de la Generalitat Valenciana que:
- Adopte las medidas necesarias para garantizar el acceso y disfrute del derecho a las salud, sin discriminación y con independencia de la situación administrativa.
Realice evaluaciones de impacto en derechos humanos de la reforma desde una perspectiva de género y adopte medidas inmediatas para mitigar al máximo el efecto disuasorio del RDL en el acceso de las personas migrantes a la atención sanitaria.
- Informe debidamente al personal sanitario, ataje los incumplimientos del RDL que se puedan dar y elimine las irregularidades administrativas que podrían acarrear una mayor exclusión de la asistencia sanitaria.
Y a los partidos políticos que se comprometan a garantizar la universalidad del derecho a la salud y que dejen constancia de este compromiso en los programas electorales.
