Readmitir a los 14 trabajadores supondrá a Calp pagar un millón de euros
Un mazazo en la línea de flotación económica del Ayuntamiento de Calp. Es la consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a esta administración a readmitir a 14 de los 56 trabajadores que fueron despedidos en una de las primeras decisiones del actual alcalde, el popular César Sánchez, hoy también presidente de la Diputación de Alicante, cuando llegó al cargo en junio de 2011. De hecho, tanto el PSPV como Compromís coinciden en aseverar que esta decisión supondrá para las arcas municipales un desembolso de más de un millón de euros, toda vez que el fallo del Supremo no sólo ordena al consistorio reincorporar a esos funcionarios a su plantilla, sino también abonarles todos los salarios pendientes desde febrero de 2012, cuando el pleno los mandó al paro.
Y podría haber sido mucho peor si el caso de los otros 42 trabajadores también hubiera llegado al Supremo, porque entonces esa cantidad se habría disparado hasta los cuatro millones de euros. En total, Sánchez amortizó un total de 71 plazas, en una decisión que levantó una enorme polvareda y que el primer edil justificó por la supuesta mala situación económica del consistorio.
Ahora bien, seis años después, el actual momento también es muy difícil para Calp. Puede que más. El ayuntamiento debe devolver ahora ese dinero justo cuando el bajón demográfico que ha sufrido la población, por primera vez oficialmente por debajo de los 20.0o0 habitantes en décadas, obliga a estrechar el presupuesto municipal. La causa, que al haber menos vecinos, hay menos recaudación impositiva y menos ayudas de otras administraciones. Faltaba esta sentencia que, por cierto, desautoriza la siempre discutida política laboral del gabinete de Sánchez.
Tormenta política
La gravedad de la sentencia, que considera que el ejecutivo calpino no siguió el cauce adecuado para extinguir la relación laboral de trabajadores indefinidos no fijos y por lo tanto violó el Estatuto de los Trabajadores, provocó una tormenta política en Calp. El portavoz socialista, Santos Pastor, señaló que aquella decisión fue «arbitraria, sectaria y, como ahora ha sentenciado el Supremo, en contra de los intereses generales del municipio».
Pastor añadió que el alcalde «debe asumir su responsabilidad y dimitir por este revés judicial, que lo es también económico, social e institucional». Y añadió que «para los socialistas estos errores cometidos en el ejercicio del cargo público no deben quedar impunes, por lo que los servicios jurídicos del PSPV están estudiando las responsabilidades patrimoniales que puedan depararse contra los que adoptaron los acuerdos ahora declarados nulos».
Los socialistas también abogan por constituir una bolsa de trabajo específica para el resto de empleados públicos que han quedado al margen del fallo judicial.
Por su parte, Compromís presentará una moción en el pleno para que inicie acciones legales y poder exigir la responsabilidad patrimonial a los concejales que aprobaron los despidos en aquella sesión plenaria de 2012. Pero irá más lejos, y, según informó su portavoz, Ximo Perles, también demandará esa responsabilidad al Estado por el deficiente funcionamiento de la Administración de la justicia, que ha dilatado el fallo judicial durante todos estos años, lo que ha agravado las consecuencias económicas de la sentencia.
Además, el grupo de Perles reclama al gobierno local (PP e independientes) que se dirija a todos los trabajadores despedidos «de forma irregular pidiendo disculpas y reconociendo el error que cometieron en nombre de la institución».
