Calp paraliza un contrato que incluía un antivirus ruso para los ordenadores municipales

El Ayuntamiento de Calp ha tenido que paralizar y disolver el contrato  para un sistema antivirus y su centro de datos debido a que la única empresa que se había presentado utilizaba un sistema ruso conocido con el nombre de Kaspersky. El consistorio se ha visto enfrentado así a una situación paradójica: por un lado el sistema cumplía con las garantías internacionales y sobre el mismo no se había pronunciado en contra el denominado CCN-CERT, centro encargado de contribuir a la ciberseguridad de la Administración Pública, según fuentes municipales, pero por otra parte en la situación actual creada por la invasión rusa de Ucrania los servicios municipales de Calp no querían utilizar el Kaspersky. 

Y ello por varias razones: con la estrategia de desinformación practicada actualmente por el gobierno de Putin, no debían descartarse injerencias del ejecutivo de Moscú en la empresa que optaba el contrato. Además están las consideraciones morales por la invasión rusa de Ucrania y de las sanciones que la comunidad internacional ha aprobado contra intereses rusos o los ciberataques que a nivel mundial está realizando Rusia.

Además, sobre ese producto ruso recaen algunas sospechas ya que fue prohibido por Estados Unidos para su utilización en las Administraciones Públicas antes incluso de la guerra. Otros países como Alemania barajan hacer lo mismo, por lo que la recomendación general ahora mismo es no utilizarlo para una institución municipal, toda vez que el objeto de la licitación iniciada por el consistorio calpino era obtener un producto para que velara por la seguridad del sistema, máxime ahora con la cuestión del teletrabajo, y evitar ataques externos en forma de virus. Todo ello ha motivado al Ayuntamiento a tomar esta decisión.

El Ayuntamiento no ha llegado a utilizar nunca el sistema. Toda vez que al haber sido la única opción que se había presentado al concurso, no podía rechazarlo sin más, pero el departamento de Informática, apoyado por informes jurídicos municipales, ha decidido disolver el contrato y volver a licitarlo.