La candidata del PP en València privatizó por 5,7 millones una universidad pública online cuya creación costó seis veces más

Hasta ahora no se había hecho público el contrato por el que, en los últimos años de Gobierno del PP en la Generalitat Valenciana, se traspasó a la gestión privada la Universidad Internacional de Valencia (VIU), creada en 2008 y dedicada a la enseñanza online.

La puesta en marcha de la VIU había costado 34 millones de euros de dinero público, según dijo entonces la Generalitat Valenciana. El proceso de privatización se llevó a cabo en 2013 y tan solo se informó de que se ampliaba el capital social para dar entrada a un socio privado, el grupo Planeta, que adquirió el 70% de la institución por cuatro millones y que se comprometía a invertir otros 17,8 millones en cuatro años. La realidad, sin embargo, es diferente a lo que entonces se explicó.

El documento confidencial, al que ha tenido acceso elDiario.es, revela que la operación implicó la inyección desde la Fundación VIU de 5,7 millones en una sociedad limitada a la que se atribuyeron los activos de la VIU, y la posterior venta de un 70% de las acciones por cuatro millones de euros al grupo Planeta. Estos 5,7 millones se corresponden con la valoración que se realizó de los bienes, derechos y obligaciones de la VIU. De ellos, la Fundación VIU desembolsó 570.000 euros en concepto de capital social con dinero público y otros 5,13 millones se pusieron en concepto de prima de asunción, es decir, valor patrimonial, mediante la aportación del pleno dominio y titularidad del conjunto de bienes de la institución.

La entonces consellera de Educación y presidenta de la Fundación VIU en 2013 era María José Català, actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de València y a la vez portavoz en las Corts Valencianes. La también candidata 'popular' a la alcaldía en las próximas elecciones municipales trabaja además como profesora en la Universidad que privatizó sin que hasta ahora haya hecho público de forma detallada su sueldo como docente.

El proceso de venta de la institución, creada en 2008 por el Gobierno valenciano de Francisco Camps y con un coste de 34 millones de euros durante sus primeros años de funcionamiento para las arcas autonómicas, se fraguó en 2013, con Alberto Fabra en la presidencia de la Generalitat Valenciana, y estuvo pilotado por Catalá como presidenta de la Fundación y consellera de Educación.

Catalá, tal como revela la documentación en poder de esta redacción, dio el visto bueno a la apertura de un proceso de ampliación de capital para la entrada de un socio privado. Así, se convocó un proceso de diálogo competitivo, que en su momento ya generó serias dudas al no tratarse de un concurso público abierto, tal y como expresó el entonces rector, Juan Manuel Badenas, que denunció ante notario supuestas irregularidades.

El diálogo competitivo es un procedimiento extraordinario en el que las partes (la administración y las empresas seleccionadas previa solicitud de participación) establecen una negociación. El grupo Planeta fue el único que participó y, de hecho, todo quedó atado en el mencionado proceso puesto que, según se desprende del contrato, la empresa presentó como resultado del procedimiento un aval de cuatro millones de euros para garantizar la operación hasta la firma del contrato en Barcelona el 5 de diciembre de 2013.

Una vez se alcanzó el acuerdo con Planeta, la fundación pública constituyó una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada con la denominación Universitat Internacional Valenciana - Valencian Internacional University SL, cuyo capital social quedó establecido en 570.000 euros, dividido en 5.700 participaciones, cuya suscripción exigió el desembolso nominal de cada una de las participaciones.

A ese capital se añadió una “prima de asunción” de 5,13 millones de euros correspondiente con la valoración del patrimonio de la VIU, por lo que en su conjunto la operación supuso un coste de 5,7 millones por la parte de la Fundación.

Esta cuantía se corresponde con los “bienes, derechos y obligaciones que están adscritos al desarrollo de la actividad propia de la VIU”, valorados en 5,7 millones de euros, tal y como refleja el informe que figura en la escritura de constitución de la sociedad.

El grupo Planeta abonó cuatro millones de euros por el 70% de las participaciones, a razón de 1.000 euros por participación. Sin embargo, la Fundación no recuperó 1,7 millones de los 5,7 destinados (es decir, la diferencia entre los cuatro millones que puso la empresa privada y los 5,7 millones del total).

Con esos 1,7 millones, la fundación pública mantuvo en la sociedad limitada el 30% de las participaciones. Todo ello teniendo en cuenta que en el ejercicio 2013 la VIU obtuvo unos beneficios de 752.000 euros, siendo una entidad en la que la Generalitat ya había invertido 34 millones.

En definitiva, la operación, elevada a escritura pública ante el notario Carlos Pascual en València el 8 de enero de 2014, consistió en crear una SL, dotarla de capital y adscribirle los activos de la VIU para que entrara Planeta en el capital social como máximo accionista, mientras la Generalitat Valenciana quedaba como accionista minoritaria a través de su fundación.

Los dividendos recibidos por la Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores, que ostenta actualmente el 30% de las participaciones de esa SL, fueron en 2020 de 562.439,10 euros, según indican las últimas cuentas anuales de la entidad. En el ejercicio siguiente, la nueva denominación de la fundación que ostenta la participación (Fundación de la Comunitat Valenciana de Investigación en Excelencia) obtuvo unos dividendos de 776.301,30 euros, según indican sus cuentas anuales.

Sin cláusula sobre las inversiones anunciadas

En el momento de la venta, María José Catalá aseguró públicamente que Planeta compró por cuatro millones de euros y se comprometió a invertir 17 millones de euros en los siguientes cuatro años a la venta para mejorar la VIU.

El contrato, sin embargo, no refleja cláusula alguna en este sentido. Sí que recoge, por el contrario, que la fundación “asume toda responsabilidad y, consiguientemente, el deber de resarcir e indemnizar a Planeta y/o la sociedad” frente a diversas situaciones, como por ejemplo, “cualquier daño o perjuicio que pueda surgir como consecuencia de cualesquiera contingencias que afloren derivados de hechos o circunstancias ocurridos con anterioridad a la fecha de compra de las participaciones sociales por parte de Planeta”, además de deudas por motivos fiscales, laborales o pasivos ocultos.

El derecho de Planeta a reclamar daños y perjuicios era exigible en un plazo de cuatro años, límite que no sería de aplicación en los ámbitos fiscales y laborales.

El PP afirma que solo se abonó en dinero 570.000 euros

Desde el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València han destacado que la operación de venta “no obtuvo ningún tipo de reparo de los informes recabados, entre ellos, de la Abogacía de la Generalitat y una auditoría posterior encargada en 2015 por el Pacto del Botánico”.

Sobre la operación económica, han explicado que la ampliación de capital para poder dar entrada a un socio privado no se podía hacer desde la Fundación, por lo que legalmente era necesaria la creación de una Sociedad Limitada: “En esa sociedad limitada la Fundación puso 570.000 euros en dinero en concepto de capital social y los otros 5,1 millones no se pusieron en dinero, sino que es el valor patrimonial en el que se valora la VIU y que se traspasa a la nueva empresa”.

Las mismas fuentes han destacado que desde que se creó la nueva empresa en la que la Generalitat mantiene un 30% de las participaciones ha venido cobrando la parte proporcional de los dividendos: “De una entidad que generaba un gasto de unos 2,5 millones de euros anuales para las arcas públicas se ha pasado a otra que por la que todos los años se cobran beneficios”, argumentan.

Este diario ha contactado también con el Grupo Planeta, que ha declinado hacer consideraciones sobre el proceso.

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