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La central nuclear de Cofrentes deberá cerrar antes del año 2030 según los planes del Gobierno

La central de Cofrentes sufre un fallo mecánico durante una parada

Carlos Navarro Castelló

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La central nuclear de Cofrentes ya tiene fecha de caducidad. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 22 de febrero el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la denominada Estrategia para una Transición Justa.

El primero de ellos, entre otras medidas, establece que la potencia eólica instalada se duplique de 2015 a 2030 y que la solar fotovoltaica se multiplique por nueve, mientras que la nuclear se reduciría a más de la mitad.

Para cumplir este objetivo, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene previsto un cierre escalonado y ordenado de todas las centrales nucleares por orden de antigüedad y en función de su vida útil, por el que ninguna cerrará antes de 2025 y la última no después de 2035, pasará de 7.300 MW instalados en 2015 a 3.181 en 2030.

Así, en el caso de la central de Cofrentes, la concesión caduca en el año 2021 y su vida útil finaliza en 2024. Sin embargo, según el plan del Gobierno ninguna cerrará antes de 2025, por lo que podría aceptar una prórroga que, para cumplir con el compromiso de reducción de potencia instalada y de emisiones enviado a la Unión Europea no podría ir más allá del año 2030.

De hecho, la instalación de Cofrentes tiene previsto construir un nuevo almacén de residuos nucleares con la vista puesta en una prórroga, teniendo en cuenta que las piscinas en las que se almacena actualmente el combustible gastado completarán su capacidad en el año 2021.

El nuevo almacén dará capacidad a la central para que siga funcionando de forma segura hasta el año 2031, aunque según los planes del Gobierno, no podría pasar de 2030.

Con todo, fuentes del Ministerio han comentado que el Gobierno no puede decretar el cierre de una central, sino que una vez finalizan las concesiones, las empresas que la gestionan deben decidir si solcitan una prórroga o si cierran definitivamente. En el caso de pedir prórroga, deben pronunciarse el Consejo de Seguridad Nuclear y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Según el Gobierno, el Plan de Energía y Clima y la Estrategia para una Transición Justa va a generar en la próxima década alrededor de 300.000 empleos ligados a sectores como los servicios, la industria, la construcción y las energías renovables.

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