El Puerto de Valencia abre la puerta a que MSC exija una indeminación al adjudicarle la ampliación que está sin aprobar

Política de hechos consumados. Esto es lo que denuncia la Comissió Ciutat-Port, entidad integrada por asociaciones vecinales y ecologistas, en la maniobra que ha utilizado el Puerto de Valencia para hacer prácticamente imparable la ampliación norte.

Y es que, pese a que el proyecto definitivo de los futuros muelles que deberá construir la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) aún está en fase de redacción y a pesar de que el Ministerio de Transportes (antes Fomento) no se ha pronunciado sobre si es preceptiva una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el consejo de administración de la entidad portuaria tiene previsto adjudicar este mes a la compañía TIL, filial de la naviera MSC, el equipamiento y la explotación de la futura terminal de contenedores mediante una concesión a 50 años.

De esta forma, será muy complicado que finalmente el proyecto se pueda paralizar y de ser así, la compañía adjudicataria, que invertirá en torno a 800 millones de euros en toda la maquinaria necesaria para poner en marcha la terminal, podría exigir compensaciones si se produce un retraso excesivo en el cronograma establecido para la puesta en marcha de la infraestructura y por supuesto si llegara a descartarse.

Según ha explicado uno de los portavoces de la Comissió Ciutat-Port y exsecretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, la oferta de TIL incluye un cronograma de actuaciones según el cual la parte de las obras que corresponde ejecutar a la APV, es decir, la construcción de los muelles, se deberían desarrollar entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de sepiembre de 2023 para tener concluida la totalidad de la instalación (incluida la terminal a gestionar por TIL) el 30 de junio de 2026.

La realización de una nueva DIA supodría un retraso en los plazos, según el propio presidente de la APV, Aurelio Martínez, de un mínimo de tres años, con lo que quizás, una vez adjudicada a TIL la concesión, la compañía podría tener argumentos legales para exigir algún tipo de compensación.

De hecho, el propio Martínez siempre ha insistido en que está dispuesto a negociar cualquier aspecto del proyecto que no implique un retraso en los plazos y mucho menos una DIA que implicaría años de parálisis.

Precisamente, esta es una de las cuestiones que la Comissió Ciutat-Port va a argumentar para impugnar la adjudicación de la concesión a TIL mediante un recurso contencioso administrativo en el que además solicitarán la paralización cautelar de todo el proceso administrativo.

Según ha explicado Montiel, la entidad considera que “no se puede producir esa adjudicación sin que se haya resuelto antes si el proyecto en su conjunto requiere de una nueva DIA, entre otras cosas porque aún no hay proyecto”.

Al mismo tiempo, una vez se presente el proyecto definitivo de los nuevos muelles también lo recurrirán en el juzgado puesto que “no se han analizado otras alternativas a la ampliación y hay estudios que demuestran que si el puerto aprovechara bien toda su superficie actual sería innecesaria porque tendría capacidad suficiente”.