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Denuncian en Fiscalía tres nuevos asesores zombis en la empresa de los pufos de los colegios

Emilio del Toro, exconcejal del PP de Valencia

Laura Martínez

Los portavoces del PSPV, Compromís y Podemos en la comisión de Ciegsa llevarán a la Fiscalía documentación sobre tres presuntos asesores 'zombis' de la empresa pública de construcción de colegios. Ana Barceló, Josep Nadal y Sandra Mínguez han comparecido este martes para explicar que durante el desarrollo de la investigación parlamentaria se han encontrado con tres nuevos casos de directivos que cobraban de la empresa investigada por sobrecostes millonarios sin ir a trabajar.

Estos tres nuevos asesores son, según los diputados, Emilio del Toro, concejal del PP imputado en la Operación Taula; Maria José Falcó Laullón, que según ha comprobado este diario figura en el boletín de las Corts como asistenta de Secretaría del Gabinete de Presidencia en 2007 -época de Francisco Camps- y Maria José Sánchez López, de quien los denunciantes no han aportado datos.

Los diputados trasladarán las sospechas a Fiscalía después de que la representante socialista recibiera una nota anónima en su casillero con seis nombres, tres de ellos correspondientes a personas que ya están siendo investigadas. También añadirán las declaraciones de dos responsables de recursos humanos de Ciegsa, que el lunes en la comisión aseguraron no conocer a los citados asesores. Las directivas aseguraron que no sabían si estas personas disponían de teléfono móvil, despacho o un lugar de trabajo en la empresa pública.

En el caso de Del Toro, exconcejal de Educación del Ayuntamiento de València imputado por presunto blanqueo de capitales en el caso Taula, Barceló ha explicado que han podido constatar que se le habría hecho un contrato de alta dirección.

Además, la Abogacía de la Generalitat informó en julio de 2011 sobre este contrato advirtiendo que un contrato de alta dirección no lo podía hacer el presidente del Consejo de Administración de Ciegsa si no contaba con la delegación del órgano, con lo que no cumplía la legalidad. Posteriormente, se subsanó esta deficiencia y terminó siendo contratado.

La socialista ha incidido en que tampoco figuran en el registro mercantil delegación de poderes o funciones como ocurre en estos contratos y no consta que tuviera ordenador, mesa o teléfono. Por ello, solicitarán a Fiscalía que amplíe la investigación del Caso Taula.

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