El dilema de la Generalitat ante la ruinosa herencia del PP: de la crisis del Valencia CF a la compra del estadio del Hércules CF

“El presidente está muy preocupado por la situación del Valencia CF”. Tras la celebración de un reciente acto, el entorno del jefe del Consell, Ximo Puig, se manifestó así en una charla informal, pero con una clara intencionalidad por el actual momento político, en vísperas de unas elecciones en las que el club más representativo de la Comunitat se puede estar jugando el descenso a segunda división, poniendo en serio riesgo su viabilidad. Un asunto que puede desencader un estallido de ira entre la masa social del club en forma de multitudinarias manifestaciones como las que ya se han producido.

Lo cierto es que en el Palau, al menos de puertas hacia afuera, siempre se ha descartado una intervención en la línea de forzar la salida del máximo accionista, Peter Lim, en aras de la seguridad jurídica que debe proyectar toda administración que pretenda captar inversiones que generen riqueza, como por ejemplo la gigafactoría de Volkswagen.

“Lo más deseable” es que el Valencia CF salga de su situación actual y “acabe esta crisis institucional”. “No es posible que no se adopte una solución rápidamente, es absolutamente exigible”, dijo Puig en una reciente entrevista con Europa Press sobre las obligaciones adquiridas por el club con el Ayuntamiento de València, en concreto, acabar el nuevo estadio y construir el polideportivo de Benicalap.

Con todo, y pese a este discurso, la realidad es que Generalitat que preside ya se ha visto obligada a intervenir para comprar el estadio del Hércules CF por 3,8 millones como consecuencia de la política llevada a cabo por el Consell en la etapa del PP, principalmente en los años de Francisco Camps como presidente.

De hecho, ese afán por manosear el destino y las decisiones de los diferentes equipos, en el caso del Valencia CF junto a la nefasta gestión de sus dirigentes desde la llegada de Juan Soler a la presidencia (empujada por el propio PP) han llevado al club a su situación actual. Al no poder devolver la Fundación del Valencia CF el préstamo de 90 millones concedido por Bankia, la entidad financiera activó el aval concedido por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), por lo que en un primer momento la entidad pública dependiente de la Generalitat tuvo que desembolsar casi cinco millones de euros, pasando a convertirse en propietaria del club.

Esta situación fue la que hizo que el entonces presidente del Consell, Alberto Fabra, tomara la decisión de iniciar el proceso de venta de la mayoría accionarial, con el objetivo de recuperar los fondos públicos y liberar al IVF del aval. Recientemente, el PP valenciano nombró a Fabra número 1 por Castellón para las próximas elecciones autonómicas.

Durante los mandatos del PP, la Generalitat destinó cerca de 130 millones en la propiedad de varios equipos y directamente perdió 235 millones en la gestión de sus derechos de televisión a través de Canal 9.

Y de aquellos polvos, estos lodos. Además de todo lo relacionado con el Valencia CF, la Generalitat pagó en enero de 2012 casi 19 millones de euros a la CAM por un crédito impagado por la Fundación del club alicantino y que, previamente, había sido avalado por el IVF. El dinero fue, esencialmente, para pagar primas a los jugadores y a Hacienda.

En el año 2017 el IVF se hizo con la propiedad del estadio del Hércules, el José Rico Pérez, por 3,8 millones de euros. Tras un litigio judicial sobre su titularidad, el Supremo ordenó su subasta y el IVF se vio obligado a pujar para no perder un activo con un valor de mercado mucho mayor por el que también pujaron empresarios alicantinos, aunque con ofertas menores.

El proceso de subasta del estadio José Rico Pérez de Alicante surge como consecuencia de la liquidación de Aligestión, empresa vinculada a Enrique Ortiz titular hasta entonces, que incluía también un paquete accionarial del Hércules de casi el 15%.

“Teníamos dos opciones, pujar por el estadio y tener un activo con el que, a través de su explotación, se puede ir recuperando el dinero del aval, o no pujar y perder un activo con un valor de mercado mucho mayor después de haber perdido el dinero del aval. Al final el IVF, como banca pública, toma las decisiones más beneficiosas económicamente para el interés público”, explica el director general del IVF, Manuel Illueca.

Ahora, el IVF, como propietario del estadio José Rico Pérez de Alicante, impulsa el estudio técnico para convertir la instalación deportiva en la que disputa sus partidos el Hércules en un recinto multiusos, en el “Arena Alicante”, un espacio deportivo, pero también cultural y de ocio. “De esta forma el Hécules podrá disputar sus partidos y al mismo tiempo, cuando no haya actividad deportiva, se le podrá sacar una rentabilidad mediante otros usos”, explica Illueca.

Además, añade que el coliseo está en un deficiente estado de conservación (pese a que el club alicantino debía encargarse de ella), si bien es cierto que según un reciente estudio “no se han detectado daños estructurales”. Sin embargo, confirma que “hay daños que de no ser atendidos sí que podrían derivar en deficiencias en su estructura y esta es una cuestión que no se puede dejar que suceda, por lo que el IVF va a intervenir en el estadio, arreglando esas pequeñas deficiencias lo antes posible”.

Sobre la posibilidad de tomar alguna decisión con respecto a la situación del Valencia CF, Illueca comenta que no es una situación comparable a la del club alicantino, ya que en este caso se han visto obligados a intervenir por imperativo legal, como acreedores en un proceso de liquidación de la empresa Aligestión, mientras en el caso del Valencia CF la Generalitat dejó de tener vinculación al quedar liberada del aval cuando Peter Lim, el actual propietario, abonó a Bankia los 90 millones correspondientes al crédito de la Fundación del Valencia CF.