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Un juez embarga a la inmobiliaria investigada en el 'caso Taula' por blanquear para Alfonso Rus

Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia.

Lucas Marco

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Un juez ha iniciado la subasta hipotecaria de bienes por valor de 287.856 euros a la firma Geneva Fondo Inmobiliario SA tras una demanda de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (el llamado banco malo), según ha podido saber elDiario.es. La empresa, investigada en el marco del 'caso Taula' por una presunta operación de blanqueo de capitales para el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, arrastra además una deuda de 1,8 millones de euros con Hacienda.

La investigación del 'caso Taula' detectó el supuesto blanqueo de 1,8 millones de euros a través de la empresa inmobiliaria Geneva Fondo Inmobiliario SA, que era propietaria del 20% de la firma Fabricación y Distribución del Mueble (FDM) SL, del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus. Según declaró Marcos Benavent, autodenominado yonqui del dinero y, hasta hace poco, principal colaborador de la Fiscalía Anticorrupción, el socio de Geneva Ramón Lis March (fallecido en 2015) era amigo íntimo de Rus y ambos tenían “sociedades interpuestas”.

La empresa, propiedad también del empresario Jaime Cabot Ivars (investigado en el 'caso Taula') también cuenta con una decena de notificaciones de embargo del servicio de gestión tributaria de la Diputación de Valencia, precisamente la institución provincial erigida en epicentro del saqueo de la presunta trama corrupta. En el procedimiento, en fase de subasta hipotecaria, figura como codemandada la mercantil Pincho Patrimonial VLC108 SL, en la que figuraba como administrador único el fallecido Ramón Lis March.

Una filial en Brasil

La inmobiliaria, domiciliada en la calle Menorca de Valencia hasta el cierre de su hoja registral el 29 de junio del 2020, es propietaria de una filial en Brasil, Geneva Patrimonial Imobiliaria Do Brasil LTDA.

Así, al empresa de raíz española mantiene cinco sociedades activas en el país latinoamericano valoradas en 7,8 millones de euros, tal como informó elDiario.es. Sobre la empresa matriz pesan embargos, subastas y procedimientos hipotecarios en varios juzgados españoles que suman 4,5 millones de euros.

En el contexto de resaca judicial tras el desmantelamiento de la presunta trama corrupta —la instrucción del 'caso Taula dura ya siete años— las empresas implicadas no han resistido en pie. Así, las mercantiles de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', y de sus presuntos testaferros también cuentan con casi una veintena de reclamaciones judiciales por parte del servicio de gestión tributaria de la Diputación de Valencia.

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