El juicio del 'caso Taula' por la financiación en B de las campañas del PP de Rita Barberá se celebrará tras las elecciones
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha convocado el próximo 2 de junio (apenas cinco días después de las elecciones autonómicas y municipales) a los letrados de los cuatro procesados en la pieza separada A del 'caso Taula', relativa a la presunta financiación en B de las campañas del PP de Rita Barberá en 2007 y 2011, para fijar las sesiones del juicio oral, concretar el calendario y formular alegaciones sobre las pruebas propuestas.
La celebración del juicio tras las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo supone un balón de oxígeno para el PP valenciano, que vive la campaña con los coletazos de la vista oral de la pieza separada D del 'caso Taula', por la que se sientan en el banquillo de los acusados el expresidente popular de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, y Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero'. Las semanas previas a la campaña electoral, el expresidente autonómico Francisco Camps también se ha sentado en el banquillo de los acusados en el juicio por la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional, suspendido por la huelga de funcionarios.
En el banquillo de los acusados del juicio por la pieza A del 'caso Taula' se sentarán Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia (también investigado en el 'caso Azud'), María del Carmen García-Fuster, ex secretaria del grupo municipal del PP y persona de confianza de Rita Barberá, y Juan Eduardo Sanción y Jose Salinas, ex responsables de dos fundaciones municipales supuestamente implicadas en los mecanismos de financiación de las campañas de los populares.
El auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, se refiere al estadio previo para la valoración de los medios de prueba propuestos por las defensas de cara al juicio oral y sólo acepta una pericial jurídica propuesta por Salinas, ex responsable de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau sobre su naturaleza jurídica y su régimen contractual.
Sobre la documental anticipada (la que solicitan las partes para que se practiquen las gestiones por parte del tribunal para su aportación antes del juicio), la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia deniega todas las propuestas.
La defensa de García-Fuster proponía la remisión de oficio al Consejo General del Poder Judicial del expediente disciplinario al juez del 'caso Taula' por retrasos en la instrucción de la causa. Sin embargo, explica el auto, “carece de relevancia para la acreditación de hecho alguno con trascendencia a los efectos del enjuiciamiento de los hechos” si se pretenden acreditar la concurrencia de dilaciones extraordinarias e indebidas de cara a obtener atenuantes.
El letrado de María del Carmen García-Fuster es José María Corbin, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá y uno de los principales cabecillas del 'caso Azud', en el que también figura como investigado Alfonso Grau.
“Una vía probatoria inadecuada”, según el auto
La defensa del exvicealcalde de Valencia pedía las actas de sesiones del patronato y del consejo permanente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau. La pospuesta de esta prueba pretende conocer si tras el cambio de Gobierno municipal en 2015 y el traslado de la vara de mando al actual alcalde de Compromís, Joan Ribó, se ha modificado estatutariamente la naturaleza jurídica de la fundación, lo cual “se revela como una vía probatoria inadecuada y desproporcionada”.
Tampoco admite la aportación de “todos” los presupuestos de la misma fundación entre 2004 y 2017 para verificar si tenía capacidad económica para obtener recursos propios. “No se revela información relevante para el enjuiciamiento de los hechos o para ejercer el derecho de defensa frente a los hechos por los que se formula acusación”, indica el auto.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia también rechaza la aportación de información sobre gastos o entregas con cargo al ayuntamiento, entre 2006 y 2016, de tres de las entidades implicadas por “no constar en la petición la utilidad” para ejercer el derecho de defensa.
El mismo argumento repite el auto para dos peticiones más relativas a una auditoría al Centro de Estrategias y Desarrollos (CEyD), además de los estados contables y algunos contratos de la entidad municipal, y a las reuniones entre el CEyD y la Fundación para la Innovación Urbana y Economía del Conocimiento a las que hubiera asistido Alfonso Grau.
La pieza A del 'caso Taula'
El juicio por la pieza separada A del 'caso Taula' sólo incluye a cuatro acusados tras la polémica decisión de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia de tumbar la causa para medio centenar de asesores y concejales de Rita Barberá investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco del 'pitufeo' en la campaña electoral de las municipales del 2015. La resolución contó con un contundente voto particular de la magistrada Clara Bayarri que avalaba el “posible origen ilícito” de los fondos en B que manejó el PP.
La resolución, una de las más controvertidas de los últimos tiempos, distinguía entre “dinero negro” y “dinero sucio” y avalaba que los ediles y asesores del PP de Valencia recibieran dos billetes de 500 euros sin conocer su origen delictivo. La misma sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, presidida por Pedro Castellano, también dictó el auto que tumbó el procesamiento del PP en la pieza A del 'caso Taula' argumentando que se desconoce el origen de los fondos en B que movió el equipo de Rita Barberá para la campaña electoral.
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