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Democracia vs. Esclavitud sexual

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Fue en enero de 1999 cuando se señaló el 23 de septiembre como el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata y, como toda fecha reivindicativa, recordatoria o conmemorativa, corre el peligro de quedarse simplemente como una señalización en el calendario.

Evitando ese riesgo me gustaría hoy acercar unas reflexiones al respecto. La primera es innegable: el rostro de mujer que encontramos en esta esclavitud sexual. En otras palabras, el tráfico y la explotación sexual se trata de una de las múltiples formas de violencia machista, de las más brutales, que suponen una vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Por ello es lamentable que los prostíbulos, como espacios históricos donde se suceden estos delitos, tan solo hayan sido noticia durante los últimos meses y debido a convertirse en focos de contagio de la covid19, y no como lo que son: lugares donde se cometen violaciones contra los derechos más fundamentales de las mujeres.

El sistema que crea mujeres prostituídas, como crea también mujeres precarias y mujeres maltratadas por la violencia de género, es una institución estructurada desde la desigualdad entre mujeres y hombres. Los parlamentos, los gobiernos y la sociedad en sí deben empezar a llenarse de este debate, a asumirlo y a entenderlo como una responsabilidad de todas y de todos. El tabú que todavía hoy en día supone tratarlo le hace a una pensar que quizás tenga relación con el hecho de que sin demanda no hay oferta.

En este sentido, uno de los retos políticos y sociales que tenemos en el presente, que ya no “en este siglo”, es enfrentarnos y desmantelar toda esta institución enraizada en nuestra estructura social y económica, al mismo tiempo que defensamos los derechos humanos de las mujeres prostituídas, asegurándoles alternativas dignas para una vida merecida de ser vivida.

Asumir estos retos es gobernar con valentía y responsabilidad y fue esa valentía y responsabilidad la que llevó a la Ministra de Igualdad, Irene Montero, a instar a los Gobiernos autonómicos al cierre de prostíbulos y de los conocidos como locales de alterne. También a que nuestro grupo parlamentario, Unides Podem a Les Corts Valencianes, plantee a sus socios de gobierno la lucha contra la trata, la explotación sexual y la protección de las mujeres en contextos de prostitución como punto a ejecutar en este año político que iniciamos y, por ello, a establecer este compromiso del Botànic por escrito en los acuerdos aprobados en el debate de política general para este curso presente.

La esclavitud sexual de las mujeres ha acompañado a la historia de la humanidad. Está claro que el reto no será fácil pero, sin duda, caminar en una democracia cada día más paritaria debe ser una oportunidad para asegurar que ninguna mujer, nunca, tenga que vivir en este Régimen.

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Publicado el
23 de septiembre de 2020 - 10:14 h

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