Sea como sea: siempre mala madre

El documental acerca de los malos tratos sufridos por Rocío Carrasco desde hace más de 20 años está siendo toda una herramienta pedagógica para entender cómo funciona la violencia de género. Sin embargo, muchos clichés y agresiones simbólicas continúan a medida que el documental avanza. Analizarlos nos puede ayudar a entender a qué tienen que enfrentarse cotidianamente las víctimas, y supervivientes, de esta violencia.

Un ejemplo de ello es ese cuestionamiento continuo de la mujer, y de la madre, incluso cuando por fin se la cree. Me refiero a ese momento donde parte de la opinión pública pasa de acusarla de mala madre -y mala mujer- por cómo interpretan su relación con los hijos, a de repente creerla tan firmemente en su relato de malos tratos como para entonces censurarla con aquello de: “¿y cómo podía querer tener la custodia compartida de sus hijas/os con ”ese monstruo?“. Y es que, sea como sea, al final Rocío Carrasco, y como ella tantas y tantas mujeres, terminan siempre con la etiqueta de mala madre. Frente a ello, me gustaría compartir algunas reflexiones.

En primer lugar, querer buscar lógicas saludables en una víctima de violencia de género en vez de empatizar con ella en su situación de desesperación por conseguir terminar con el maltrato es un error. Más aun en víctimas de antes del 2004, cuando muchos maltratos se entendían socialmente como “problemas de parejas”. De hecho, la propia ley integral 1/2004 contra la violencia de género fue profundamente desacreditada durante años e incluso llevada frente al Tribunal Constitucional (quien avaló la ley, para desgracia de quienes la querían desacreditar). Es decir, que ni tan siquiera con la ley en vigor se entendía, por parte de muchos, el machismo como un problema. Recordemos que la ley de igualdad nació tres años después, en 2007, ampliándose todavía más la mirada en su perspectiva transversal contra el patriarcado, y justo por ello siendo esta ley enorme y nuevamente atacada.

En segundo lugar, tampoco podemos dejar de lado las diferentes fases del ciclo de violencia de género por las que pasa una mujer maltratada, donde se incluye la llamada “luna de miel”. Y es que estamos hablando de hombres manipuladores que además son los padres de sus hijos, y a quien han amado tanto como para, en su momento, querer construir un proyecto de vida común.

Pero más allá de esto, quiero recordar que en pleno año 2021, los Juzgados de familia están repletos de demandas de divorcios que esconden casos de violencia de género. Son muchas las mujeres que confían con que divorciándose cesará la violencia. No queriendo denunciar, por ser el padre de sus hijos/as, o por despertar todavía más la ira de sus parejas y que terminen asesinándolas a ellas y/o a sus hijas/os. es lo que piensan y temen.

Por eso las leyes de custodia compartida preferente o impuesta se convierten en un efecto colateral y en una perversión. Termina en fatalidad aplicar como un mecanismo automático la asignación de la custodia compartida sin una evaluación concreta de cada caso: y es que tan solo podría ser posible en sociedades realmente igualitarias. Ójala la violencia machista no existiese y, en caso de existir, todos los casos se iniciaran a través de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Pero hasta que eso ocurra, el interés superior del/a menor requiere de una evaluación concreta de cada caso, sin deberse olvidar por parte de los jueces y las juezas que en los juzgados de familia existen casos encubiertos de violencia de género. La custodia compartida es más que deseable desde la óptica feminista por suponer un mecanismo eficaz de corresponsabilidad, pero no por ello se debe obviar que puede convertirse en todo lo contrario si se manipula a favor del machismo. Tan solo en los casos donde realmente exista una corresponsabilidad de padres y madres podría darse una custodia compartida. Y por supuesto, derivar los casos de violencia a los juzgados correspondientes, como el de Violencia sobre la Mujer.

En este sentido, del documental de Rocío Carrasco podemos aprender que responsabilizar a las mujeres por no poner denuncias, de que insten “solo” un divorcio o incluso de que finalmente se les asigne una custodia compartida con un maltratador es algo injusto y cruel.

Es responsabilidad de los poderes públicos garantizar instituciones en las cuales las mujeres puedan confiar y poner los mecanismos necesarios para terminar con su sufrimiento cuando este es, además, estructural. Es decir: público. Pero la opinión pública también debe empezar a responsabilizarse de conocer cuál es la verdadera situación de las mujeres víctimas y supervivientes de VG y las formas del machismo. Y para ello es fundamental alejarse del continuo juicio de valor y crítica constante sobre ellas.