Martín Villa, hasta el final

“¿Quién ha cortado el aliento de estos cuerpos tan jóvenes, sin más tesoro que la razón de los que lloramos?” decía  Luis Llach en sus Campanades a Mort; el compositor catalán convirtió la historia de la represión en cultura popular y su letra y su música, repleta de fuerza y de dolor, entró a formar parte  de la banda sonora de los desarmados que en aquellos años se enfrentaban cuerpo a cuerpo contra las resistencias al cambio de los herederos de Franco que ocupaban las instituciones  del Estado.

El 3 de marzo de 1976, la intervención de la Policía Armada  en Vitoria se saldó con más de 150 heridos y 5 muertos.  En las grabaciones de la radio policial, se pudo escuchar el intercambio entre los mandos:

“ ¡Desalojen la iglesia como sea!… ”¡Vamos a tener que emplear las armas! Cambio ¡Gasead la iglesia! ¡Manden fuerzas, hemos disparado más de dos mil tiros… después de disparar y romper la iglesia de San Francisco …  Te puedes imaginar cómo está la calle, cómo está todo… ¡Muchas gracias, eh! ¡Buen servicio!… Dile a Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia, Aquí ha habido una masacre. Cambio. De acuerdo, de acuerdo. Pero una masacre“.

Esa jornada de marzo de 1976, miles de trabajadores en Vitoria se sumaban a la huelga general, a pesar de las prohibiciones y amenazas del gobierno de Arias Navarro y de la patronal. A las 17h, la Policía Armada rodeó la iglesia de San Francisco de Asís; el párroco, que había dado cobijo a la reunión, fue desoído por los mandos policiales que dieron la orden de desalojo de una asamblea que reunía a más de cuatro mil trabajadores en la iglesia de San Francisco de Asís.  Dos manifestantes más morían los días siguientes en Tarragona y Basauri, Vizcaya, en las manifestaciones de protestas solidarias con los obreros de Vitoria.   Martín Villa era entonces ministro de Relaciones Sindicales y los derechos de reunión, de manifestación, la libertad sindical y de expresión, inexistentes.

Una comisión del Palamento Vasco, en 2008, consideró responsables políticos de los sucesos, “a los titulares de los ministerios actuantes en ese conflicto”. Seis años después,  en 2014 la Interpol solicitó la detención preventiva y extradición de varios implicados en la matanza, incluido Rodolfo Martín Villa como responsable de la represión al cometer delitos que son sancionables con “penas de reclusión y prisión perpetua” según el Derecho Internacional de los DDHH y del Derecho Penal Internacional.

Cuando la jueza argentina, María Servini, solicitó su detención y extradición, para tomarle declaración indagatoria, en 2014, el acusado declaró al diario ABC:  “No me voy a esconder, voy a ir hasta el final”.

Rodolfo Martín Villa tiene ahora 86 años. Desde sus años de universidad, ha ocupado cargos públicos al más alto nivel, al servicio del  régimen franquista y más tarde, de los gobiernos de Suárez y de Calvo Sotelo. Siempre en coche oficial, ha dibujado su biografía, sin descanso, desde lugares estratégicos del poder político, del control sindical falangista, de las fuerzas del orden predemócraticas y en transición,  zurciendo el pasado y el presente con laboriosa tenacidad. Durante los años claves, tras la muerte de Franco, fue el mando decisivo al frente de los aparatos del estado, responsables de la represión, tarea que realizó con mano firme y con colaboradores decisivos, entre ellos, el comisario Conesa, llamado “superagente”, premiado y condecorado, Jefe de la Brigada Politico y Social, presente en muy variados atentados y crímenes atribuidos a la izquierda, maestro y jefe de los tristemente famosos, el ya fallecido y también encausado en la querella argentina  González Pacheco, “Billy el Niño”, y Villarejo, encarcelado por traficar con informaciones reservadas, acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Fue Martín Villa quien transformó la Brigada Político Social, encargada de la represión durante la dictadura,  a una nueva estructura policial, con la mayoría de mandos y comisarios, en la dirección de las nuevas jefaturas. Incluido Conesa, denunciado por torturas por dirigentes políticos como Marcelino Camacho, entre otros, y que acabó, en enero de 1979, asumiendo el mando de la lucha antiterrorista en el País Vasco.

Martín Villa quiere llegar hasta el final. Un final larguísimo, como su vida.

Durante su mandato al frente de Interior, las semanas, los días estaban preñados de movilizaciones, de esperanzas y de muertes de militantes de izquierda, de tiros al aire de la policía, de la Guardia Civil, que acababan en el corazón o en la cabeza de quienes reclamaban cambios. Los ataques terroristas de bandera blanca, atribuidos en ocasiones a la izquierda, con participación de servicios secretos policiales y de terroristas de extrema derecha y las detenciones irregulares y torturas en comisarías eran el pan de cada día, de forma sistemática.  

Por su experiencia al frente del SEU y más tarde como gobernador civil y como ministro de Relaciones Sindicales, según cuenta el investigador Alfredo Grimaldos, autor de La sombra de Franco en la Transición, trenzó una amplia red de matones, delatores e informadores de gran valor para detenciones de sindicalistas, estudiantes y activistas antifranquistas a lo largo de aquellos intensos años.

La lista suma 599 muertos, según la investigación de Mariano Sánchez, publicada en “La Transición sangrienta”. Entre ellos, también el asesinato a manos de la policía de Teófilo del Valle en febrero de 1976, en Elda, por disparos de la policía contra trabajadores del calzado. El asesinato de Miquel Grau en octubre de 1977, a manos de un militante de extrema derecha y su posterior indulto, en diciembre de 1977; el asesinato de Arturo Ruiz, en Madrid, de Valentín González, un joven trabajador del mercado de Valencia, en enero de 1979 y sigue la lista. Los atentados en Barcelona, el 20 de septiembre de 1977, contra la revista El Papus, un muerto y varios heridos; contra la sala de fiesta Scala, en enero de 1978, cuatro personas muertas;  contra el diario El País, octubre de 1978, un muerto, dos heridos, San Fermines/78, un muerto y 55 heridos por disparos de la policía… Según datos de Mariano Sanchez Soler la policía, además, cargó brutalmente y disolvió, solo en el año 1977, 778 manifestaciones.

Para  tomarle declaración como imputado, para llegar hasta el final, la titular del tribunal número 1 de Buenos Aires ha superado importantes obstáculos jurídicos y políticos; entre ellos, la decisión de la Fiscalía que, desde 2014, impedía que se llevaran a efecto las peticiones de María Servini y que la actual fiscal general del estado, Dolores Delgado, ha dejado sin efecto hace apenas unas semanas. Otras salvaguardas de la impunidad franquista quedan por remover. Una, la ley de secretos oficiales de 1968 y la aprobación de una nueva que haga accesible la información sobre mandos y acciones realizadas durante  los años del franquismo y de la Transición politica. Y otra, dejar sin efecto total o parcialmente la Ley de Amnistia de 1977, que a modo de ley de punto final, es la principal trinchera que mantiene protegidos a acusados de crímenes como Martín Villa para llegar “hasta el final”.

El exministro, sin dejar la escena política, pasó a a la vida económica. Llegó, como siempre, lo más lejos que pudo. Ha ostentado 93 cargos corporativos y ha formado parte de 45 empresas desde 1990, según la revista Critic, siempre vinculadas a sectores estratégicos, privatizaciones de sectores públicos y del propio IBEX 35. Ha sido clave en asegurar los lazos del poder económico en sus viajes de la empresa pública de valor estratégico, a la privada, privatizando las ganancias en unos casos, como Endesa, y socializando las perdidas en otros, como en la SAREB, el banco malo. Tras pasar por la ejecutiva del PP, presidió Endesa y capitaneó su privatización para, posteriormente, recalar en Sogecable. Ha sido un nombre repetido en empresas estratégicas, de energía y de comunicación, seguros, banca...

En 2013, rizando el rizo, ingresó en la Academia de la Ciencias Morales. Con 86 años, ha ido soltando lastre pero se ha mantenido hasta julio de 2019 administrador solidarios de Polinmarpe, una sociedad limitada dedicada a la “inversión en todo tipo de bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos” una empresa familiar  a través de la que participan en Cliner, creada en 1985 por varios dirigentes de Alianza Popular  que tiene valiosos clientes como la Entidad Metropolitana del Transporte de Valencia o bancos como el  BBA o el Santander.

Así y todo, la guinda de su carrera “hasta el final” está aún pendiente. Se sabe protegido, lo ha estado hasta el presente.  La esperanza es que el colofón sea el fin de la impunidad de manos de la Justicia. Y él que lo vea.