Preparar el territorio para proteger a las personas, las montañas y las urbanizaciones de Alzira

Alzira y La Ribera conocen bien esta realidad. Más de la mitad del término municipal está ocupada por espacios forestales y numerosas viviendas y urbanizaciones entran en contacto directo con la montaña. La Murta, la Casella, la Serra de Corbera y les Agulles forman parte de nuestro patrimonio natural, pero también de un territorio sometido a un riesgo creciente.

A esta realidad se suma la emergencia climática: períodos de sequía más largos, olas de calor más frecuentes y una vegetación sometida a un mayor estrés hídrico, causa de enfermedades y ataques de plagas que perjudican o secan la vegetación haciéndola más vulnerable al fuego (García-González et al., 2025; MITECO, 2024). Los efectos del cambio climático sobre el bosque no son solo que 'hace más calor'; también pueden alterar la capacidad de defensa de los árboles y desencadenar procesos de decaimiento y mortalidad masiva, debido a estas sequías intensas y prolongadas, lo que puede predisponer al ataque no solo de árboles individuales sino de masas arboladas (Generalitat Valenciana, Conselleria de Medi Ambient, 2021).

Por eso Alzira ha apostado por la planificación preventiva mediante el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales (PLPIF), el Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de incendios forestales (PAM-IF), las medidas de autoprotección, la señalización de rutas de evacuación, las infraestructuras hidráulicas de defensa y la ejecución de fajas perimetrales de protección. No es una actuación puntual. Es una política pública continuada.

Gestionar el bosque no es destruirlo

Una de las herramientas principales del PLPIF son las Áreas Estratégicas de Gestión (AEG): zonas seleccionadas porque, por el comportamiento previsible del fuego, pueden ser decisivas para reducir su propagación y facilitar el trabajo de los equipos de extinción.

En estos espacios se pueden realizar actuaciones selvícolas como clareos, desbroces selectivos, podas o eliminación de combustible vegetal. El mismo principio explica las fajas perimetrales de protección alrededor de urbanizaciones y viviendas en entorno forestal.

La selvicultura preventiva busca modificar la estructura del combustible: reducir su continuidad horizontal y vertical mediante desbroces, podas y clareos, de manera que disminuya la capacidad de propagación del fuego y aumente la accesibilidad y las oportunidades de trabajo de los equipos de extinción (MITECO, 2010). Esto no significa destruir el bosque.

Pero tampoco hay que idealizarla: no toda actuación forestal es beneficiosa por definición. Debe estar planificada, adaptarse al ecosistema y perseguir objetivos concretos de reducción del riesgo y conservación. Por eso, dentro de este manejo, evidentemente debe haber detrás una planificación previa, por zonas, donde se delimiten qué áreas son las AEG, las franjas de autoprotección, o las zonas a conservar sin apenas intervención humana.

La investigación sobre ecología del fuego mediterráneo muestra, además, que muchas especies han evolucionado en ecosistemas donde el fuego forma parte del régimen ecológico, pero que la capacidad de recuperación no es ilimitada: la frecuencia, intensidad y extensión de los incendios pueden superar la capacidad de resiliencia de los ecosistemas (Pausas & Keeley, 2019; Pausas & Keeley, 2023).

Las fajas son, a un nivel de protección del riesgo en zonas urbanizadas, una infraestructura verde de protección civil: rompen la continuidad del combustible, facilitan el acceso de los bomberos y aumentan la capacidad de defensa de las viviendas. Y así, además, si se hace de forma adecuada, se liberan medios para poder actuar en las zonas no urbanizadas. Pero las fajas de protección no son infalibles ni suficientes. Se deben complementar con actuaciones preventivas y participativas de la población, como la reducción proporcionada de biomasa vegetal en el interior de las parcelas, uso de especies de jardinería idóneas y riegos prescritos, eliminación de materiales conflictivos, actividades adecuadas según el nivel de riesgo, y formación y participación en autodefensa.

Cuando la administración debe actuar

La normativa atribuye a los propietarios la obligación de mantener estas medidas. Pero cuando no se cumplen, el Ayuntamiento no puede limitarse a esperar.

Alzira ha recurrido a la ejecución subsidiaria, prevista legalmente, para garantizar la seguridad colectiva: el Ayuntamiento ejecuta las actuaciones necesarias y posteriormente repercute el coste a los propietarios obligados.

Se ha establecido una hoja de ruta progresiva, priorizando las urbanizaciones con mayor densidad de población y exposición al riesgo, con actuaciones en las principales zonas urbanizadas, priorizando según la legalidad de las mismas o el riesgo de incendios calculado técnicamente; se ha previsto un calendario, coordinado por el equipo técnico y con participación activa de los vecinos y vecinas del Racó y el Respirall, y posteriormente en Sant Bernat, el Xavegó, Valletes de Bru, Racó de les Vinyes, Valletes de Gall y el Ombriu de la Murta. Aquí tenemos las principales áreas a proteger, con una población flotante considerable, y que en caso de incendio, sería objetivo prioritario de protección, y por tanto un foco de problemas y concentración de recursos de emergencias y extinción muy importante.

La prevención también incluye las restricciones al uso de determinada maquinaria agrícola y forestal durante los períodos de máximo riesgo, la vigilancia y la sensibilización ciudadana.

Y es también una tarea colectiva. El VACIF, Protección Civil, la Policía Local, los Bomberos del Consorcio y los servicios municipales forman una red imprescindible para detectar conatos, dar respuesta a las emergencias y proteger a la población.

Ahora, además, Alzira trabaja en la puesta en marcha de la Oficina Municipal de Prevención de Riesgos y Coordinación de Emergencias (OMPCE), para avanzar hacia una gestión integral y transversal de los riesgos.

Los ayuntamientos no podemos hacerlo solos

Todo este esfuerzo local es indispensable, pero no suficiente. Necesitamos agilidad normativa, estructuras supramunicipales de apoyo técnico y una coordinación real entre Estado, Generalitat, diputaciones, mancomunidades y ayuntamientos. Y necesitamos recursos.

La mencionada Declaración sobre la gestión de los grandes incendios forestales en España, presentada en Alzira en 2025, reclama gestionar anualmente como mínimo el 1 % de la superficie forestal española —unas 260.000 hectáreas— y una inversión aproximada de 1.000 millones de euros anuales para preparar el paisaje ante los grandes incendios (Fundació Pau Costa, 2025). La prevención no es un gasto. Es una inversión en seguridad, territorio y protección civil.

Necesitamos ayudas para gestión forestal y aplicaciones para la biomasa gestionada (de la gestión forestal pero también agrícola), apoyo para potenciar determinadas prácticas de protección del suelo y la diversidad agrícola que mejoren la prevención de incendios (como el triturado de la leña, el uso de materias orgánicas o de coberturas herbáceas) o incentivos para una ganadería preventiva en determinados lugares donde pueda ser una alternativa real de la gestión con maquinaria (y sea difícil si no imposible introducir herbívoros silvestres).

Necesitamos corresponsabilidad

No podemos exigirlo todo a las administraciones. Los propietarios deben asumir sus obligaciones. La ciudadanía debe conocer los riesgos y saber cómo actuar. Las administraciones deben proporcionar planificación, información, recursos y herramientas. La formación y participación ciudadana en simulacros y otras acciones preventivas en materia de incendios son indispensables para que cada ciudadano tenga claro qué tiene que hacer para su autoprotección, al margen de las acciones que las administraciones lleven a cabo. Y debemos recuperar también la capacidad de hacer del sector primario un aliado de la prevención.

El propio MITECO plantea sus Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF) desde esta perspectiva: intervenir sobre las causas de los incendios trabajando con la población rural, manteniendo usos tradicionales, gestionando la vegetación y actuando también sobre la interfaz urbano-forestal (MITECO, 2026).

Una agricultura y una ganadería viables pueden contribuir a mantener un mosaico territorial más diverso y reducir la continuidad del combustible. Y obtener productos agrarios de mayor valor, vinculados al territorio que conservan, asentando una población joven en el campo. No necesitamos limosnas. Necesitamos precios justos y políticas que hagan posible vivir del territorio, pagando por la funcionalidad ecosistémica, y así conservar un bien preciado superior: la tierra fértil y la sociedad rural.

No podemos esperar al próximo incendio

No podemos continuar siendo una sociedad reactiva que llora las desgracias y busca culpables entre el humo. Debemos convertirnos en una sociedad preventiva, una sociedad que actúa antes de la tragedia. Que entiende que los bomberos son imprescindibles, pero no pueden hacer milagros cuando un incendio supera la capacidad física de extinción.

Que sabe que el cambio climático aumenta el riesgo, pero que la gestión del territorio puede marcar la diferencia. Que entiende que el abandono rural no es una causa directa de incendio, pero que la desaparición de los usos que gestionaban el territorio puede favorecer la acumulación de combustible y la pérdida del mosaico territorial. Y que entiende, sobre todo, que gestionar el bosque no es destruirlo: es prepararlo para resistir.

En Alzira, nuestras montañas no son solo un paisaje. Forman parte de nuestra identidad, de nuestro patrimonio y de nuestro futuro. Y hemos iniciado un camino para gestionarlas al tiempo que protegerlas para que las generaciones futuras las puedan disfrutar como nosotros lo hemos hecho. Por eso debemos pasar de contar hectáreas quemadas a contar hectáreas preparadas.

De preguntarnos qué ha fallado después de cada incendio a preguntarnos qué hemos hecho antes de que llegara. Y de entender la montaña como una realidad separada de la ciudad a asumir que ciudad y territorio forman parte de un mismo sistema.

Porque si no cambiamos el modelo, el verano que viene volveremos a contar hectáreas, viviendas afectadas y pérdidas humanas. Y de ahí, a más temperatura acumulada en las ciudades, y mayor riesgo de inundaciones en el término. Y más daños y más víctimas acumuladas.

La diferencia es que esta vez ya sabemos que no podemos decir que no lo sabíamos.

*Alfons Domínguez, ingeniero agrícola, ambientólogo y alcalde de Alzira; Sergi Abril, ingeniero forestal y ambientólogo del Ayuntamiento de Alzira; Ferran Dalmau, ingeniero forestal, especialista en incendios forestales