Europa exige al València CF que devuelva a la Generalitat los 23,6 millones en ayudas irregulares antes del 5 de julio
La Comisión Europea ha anunciado que no cabe suspender el procedimiento de recuperación de ayudas al València CF que ascienden a 23.634.809,17 euros (intereses incluídos), que tendrá que abonar a la Generalitat antes del 5 de julio. El IVF (Institut Valencià de Finances) explica así que se ve “obligado” a reanudar el proceso para que el club blanquinegro reintegre las ayudas en menos de dos meses.
Las ayudas, concedidas en 2009 durante el gobierno de Francisco Camps, también beneficiaron al Hércules CF con una cantidad de 7.035.847,14 euros que, según el IVF, también deberá devolver, pero la resolución del instituto se hará pública en los próximos días.
El IVF en su comunicado defiende su gestión y se desvincula de la decisión e la Comisión Europea. Así explica que el insituto “se vio forzado a mediados de abril a reiniciar el proceso, si bien, en aras a garantizar la seguridad jurídica y el derecho a la defensa de las entidades valencianas, concedió un plazo de alegaciones de diez días a ambos clubes”.
En sus escritos, las entidades reclamaban la suspensión del proceso de recuperación de las ayudas. Desde entonces, el instituto ha trasladado a los responsables de la CE las demandas de los clubes valencianos y ha mantenido diversos contactos en ese sentido. Sin embargo, desde la CE se ha determinado que el IVF no es competente para suspender el proceso de recuperación, decisión que sólo puede adoptar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Cabe recordar que, inicialmente, el plazo máximo de pago para el València CF y el Hércules CF finalizaba el 20 de mayo, pero, como consecuencia de las distintas resoluciones adoptadas por el IVF, el margen se ha extendido hasta el próximo 5 de julio.
El IVF también explica que estas resoluciones no afectan al Elche CF, que también ha recibido el auto del presidente del Tribunal General de la Unión Europea por el que se suspende la ejecución de la decisión de la Comisión Europea, de 4 de julio de 2016.
