El Gobierno valenciano reclamará que se elimine el fondo de suficiencia en la reforma del sistema de financiación autonómica

El Gobierno valenciano presentará alegaciones a la propuesta de Hacienda sobre la financiación autonómica para que el criterio de reparto de recursos se asemeje lo máximo posible a la población real de las comunidades. Tras un primer análisis del documento que Hacienda envío a los responsables autonómicos, el conseller del ramo, Vicent Soler, insiste en un modelo en el que prime la población de cada territorio en el cálculo del coste de los servicios públicos: “No podemos olvidar que el sistema de financiación tiene como objetivo financiar los servicios fundamentales que se destinan a las personas, por lo tanto, las personas deben ser el criterio que marque el reparto del nuevo modelo”.

El Ejecutivo autonómico aplaude que se inicie la reforma del modelo, que cada año deja un agujero en las cuentas públicas de 1.300 millones de euros por el cálculo de necesidades, pero advierte de que antes de evaluar si es beneficioso o perjudicial, hay que tener todas las cartas sobre la mesa y observar la mano completa. El departamento de Maria Jesús Montero ha iniciado la negociación trasladando una propuesta de población ajustada que, según indican las autonomías, será el principal criterio de reparto de fondos. La población ajustada realiza una estimación de cuánto cuesta pagar los servicios públicos en cada territorio en función de sus habitantes, intentando que estén al mismo nivel de calidad. Los primeros análisis del modelo no dejan del todo satisfecho al Gobierno autonómico, que, en un escenario en el que solo cambiara este criterio, perdería aún más posiciones. No obstante, recordaba Soler, tras la reunión de la comisión mixta Consell-Cortspara analizar la propuesta: “En ningún caso estamos hablando de la totalidad del modelo, sino únicamente del criterio principal de reparto y aún faltan por conocer muchas variables que definan el conjunto del sistema para emitir una opinión”.

La inquietud entre los grupos políticos viene agitada por un análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el primer organismo oficial en hacer una proyección de los cambios que introduce la propuesta de Hacienda. El economista que firma el trabajo, Ángel de la Fuente, realiza un estudio que apunta que las correcciones de despoblación y dispersión, creadas ad hoc en la propuesta de Hacienda, perjudican a las autonomías con mayor población y benefician a las despobladas, con Extremadura y Aragón a la cabeza. Según su cálculo, la Comunitat Valenciana seguiría por debajo de la media en financiación per cápita y perdería un 1,7% de recursos. Si el criterio de población ajustada, sin correcciones, cubre un 97% de las necesidades autonómicas -en una estimación sobre 100-, el nuevo criterio, sin correcciones, cubre poco más del 95%.

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) respondió el jueves al informe de Fedea recordando que omite “un aspecto fundamental” en sus cálculos: “El actual funcionamiento del sistema de financiación autonómica genera un reparto final de los recursos que no responde a los indicadores de necesidades de gasto”. Incorporando al cálculo el resto de fondos, el sistema de financiación cubre un 90,3% de las necesidades de la Comunitat Valenciana. La postura del Consell es compleja: un cálculo de población ajustada a priori más perjudicial para la autonomía resulta más beneficioso si es el criterio prioritario. En primer lugar, porque lo consideran más objetivo, transparente y se asemeja a las necesidades reales: en segundo lugar, porque las desigualdades se producen con los otros dos fondos que componen el sistema de financiación autonómica. Para la Comunitat Valenciana resulta especialmente perjudicial el fondo de suficiencia, que resta mil millones de euros anuales respecto al cálculo inicial, recordaba Soler.

Aunque la propuesta debe ser redactada por el grupo de expertos en financiación autonómica, el gabinete de economistas de cabecera del Consell, el titular de Hacienda adelantaba que su petición al Gobierno es que aporte más recursos al conjunto de las comunidades autónomas y que suprima los fondos que, más que compensar, descompensan. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, simplificaba aún más la demanda: “Tantas personas, tantos euros”.

Entre los criterios a modificar, el conseller de Hacienda ha pedido que los costes fijos -una especie de tarifa plana de base para la cobertura de servicios públicos- no se tengan en cuenta únicamente para las siete autonomías menos pobladas “puesto que todas las comunidades debemos soportarlos”, así como que el criterio de la despoblación, al margen de variables como la dispersión o la superficie, que ya se tienen en cuenta en los ajustes, “puedan englobarse en otros fondos como el Fondo de Compensación Interterritorial, pensados para abordar el desarrollo de políticas económicas y que debería incrementar también su dotación”. En el debate en el seno del Consell, la rama de Compromís se muestra más beligerante. Las fuentes consultadas por este diario abogan por pelear indicador a indicador para que “la población ajustada se parezca lo máximo a la población real. No nos podemos conformar con mejorar, hay que solucionar el problema”, indican. El Consell en su conjunto quiere un sistema más sencillo que luego incorpore compensaciones como la deuda histórica o el gasto sanitario que asumen comunidades que reciben turistas -el llamado FOGA-, pero no que introduzca en la base variables que lo alteren.

La retórica de ganadores y perdedores que aviva el informe de Fedea y que han asumido algunos territorios incomoda al Ejecutivo valenciano porque implica una batalla entre autonomías, cuando su principal demanda es que el Gobierno central aporte más recursos al sistema de reparto, a todas las comunidades. El president de la Generalitat, Ximo Puig, reclamaba este jueves huir del enfrentamiento: “No es un partido de fútbol ni una carrera”, sino una cuestión de garantizar a los ciudadanos de toda España el acceso a los servicios que recoge la Constitución.

Al margen de los tributos propios y los fondos de la Unión Europea, el sistema de financiación actual se compone de varios fondos: el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (la base del sistema de reparto, calculada como los recursos por unidad de necesidad para financiar los servicios públicos fundamentales esenciales del Estado de Bienestar), los Fondos de Convergencia (aportaciones del Estado para equilibrar la aportación pública entre territorios) y el Fondo de Suficiencia global (una reestructuración de las necesidades autonómicas). Este último, el llamado reparto horizontal de recursos, es el que causa las mayores distorsiones. La ley de financiación lo define como “la diferencia, positiva o negativa, entre las necesidades globales de financiación de la Comunidad Autónoma en el año base y la suma de su capacidad tributaria, más la transferencia positiva o negativa del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, en el mismo año”. Las diferencias de renta per cápita en la Comunitat Valenciana, con 12 puntos por debajo de la media estatal, pervierten este cálculo: aporta al conjunto del Estado como una comunidad rica siendo una comunidad pobre y debe endeudarse para poder pagar las facturas.

Según la visión del Ejecutivo valenciano, el sistema que mejor se adapta a las necesidades de las comunidades es aquel que prima el Fondo de Garantía, donde se incluye el indicador de la población ajustada como principal criterio de reparto. Es la definición de concepto y su cálculo el que el Ministerio de Hacienda ha trasladado a las comunidades autónomas y el criterio que desde Moncloa trasladan que primará en el reparto. Ahora, el Ejecutivo valenciano ha encargado a sus expertos que, con datos de Sanidad, Educación y Servicios Sociales, estimen las necesidades reales de la población para trasladárselas a Hacienda. La negociación de la población ajustada, la primera piedra de la reforma, arrancará en enero.