Mónica Oltra aboga por un cambio legislativo tras desestimarse el recurso sobre conciertos en Bachillerato para evitar “situaciones absurdas”

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha apostado por un “cambio legislativo” para evitar “situaciones absurdas” tras desestimar el Supremo el recurso de la Generalitat para devolver a algunos centros aulas de Bachillerato y ciclos formativos concertadas que habían sido suprimidas.

Así se ha pronunciado Oltra en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell al ser preguntada por la desestimación del recurso del gobierno valenciano contra la decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de devolver estos conciertos, que habían sido suprimidos basándose en una resolución de la Conselleria de Educación que regula el reglamento que fija los criterios para el acceso o renovación de los conciertos educativos.

Para Oltra, la resolución del Supremo tiene “dos problemas fundamentales”. “Si la interpretación que se hace es que cuando un centro está concertado eso es vitalicio”, ha ejemplificado, “entonces cuando no hagan falta plazas adicionales, el arreglo escolar solo se podría producir cerrando unidades públicas”.

“Si yo tengo un 100%, y por la bajada de la natalidad solo tengo el 80% de niños y no puedo dejar los conciertos finalizados, solo quedaría cerrar unidades públicas”, ha manifestado. “Tener unidades públicas cerradas y estar pagando conciertos innecesarios no parece razonable según criterios de eficiencia”, ha agregado.

Igualmente, se ha preguntado “¿Qué pasa con la libre competencia que viene marcada por la Unión Europea?”. “¿Por qué solo las empresas que ya están concertadas pueden acceder en igualdad de condiciones a un posible concierto cuando se ha agotado? Si hay un concierto para cuatro años, lo lógico es que se pueda volver a sacar y empresas o entidades se puedan presentar”, ha afirmado, al tiempo que ha considerado que la la situación tras la resolución “rompe con uno de los dogmas de la libre competencia”.

En este sentido, Oltra ha afirmado que están estudiando el contenido de la sentencia, pero ha insistido en que “cerrar los institutos y pagar a institutos privados no tiene ningún sentido” -la sentencia se refiere a aulas de Bachillerato-.

Preguntada sobre si el Consell volverá a recurrir ante otra instancia o acatará la sentencia, Oltra ha indicado que “se está estudiando si hay posibilidades de seguir defendiendo la vía judicial”, pero también ha señalado que el Consell “no es un gobierno de desacato” y que “si no se contempla la vía judicial, se aplicará la sentencia en sus términos”.

Un “auténtico disparate”

Papi Robles, portavoz de educación de Compromís en las Corts explicaba al respecto que esta sentencia “no solo invade competencias autonómicas, sino que abre la puerta a que obligatoriamente y de forma perpetua se mantengan unidades concertadas de centros privados, con lo que se obliga a cerrar unidades públicas por el descenso de la natalidad. Es un auténtico disparate en lo que a la gestión de recursos públicos se refiere”.

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, lamentaba que la resolución del Supremo “blinda los privilegios de las empresas educativas privadas sin tener en cuenta que la educación concertada es siempre subsidaria de la pública”. Los valencianistas trasladarán al Parlamento un propuesta de reforma de la normativa estatal en materia de conciertos educativos, sobre todo de la etapa no obligatoria“.