El TSJCV vuelve a dejar en evidencia la 'transparencia' del Consell
A pesar de que el Consell se empeñe en lo contrario, con iniciativas como el portal de transparencia que hace apenas unas semanas se puso en marcha -y en el que no se pueden consultar contratos 'polémicos', como en los relacionados con la Fórmula 1-, no hay semana en la que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) no dicte un auto instando a la Generalitat a facilitar información a la oposición.
En esta ocasión, la sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta, del TSJCV ha estimado dos nuevos recursos -de un total de siete- interpuestos por el diputado autonómico de Esquerra Unida Ignacio Blanco por la vulneración fundamente del artículo 23 de la Constitución Española sobre la denegación de documentación por parte de la conselleria de Presidencia.
En total son seis los recursos ganados por EU por esta cuestión, la negativa del vicepresidente José Císcar de entregar al grupo de la oposición los estudios trimestrales de opinión pública que realiza el Consell, “estas sentencias, además, se suman a otras seis que constatan una vulneración de derechos que nos asisten a los diputados”.
Así, son ya doce las condenas que recaen sobre el Consell “por su opacidad y obstaculización a la tarea de fiscalización que hacemos la oposición”, explicaba Blanco, quien incidía en que la cifra es “clamorosa”, por lo que confían en que el Consell que dirige Alberto Fabra “cumpla con lo que dicta la Justicia, puesto que no lo hace de manera habitual, y nos entregue todo lo que hemos reclamado”. Para el diputado de EU, cada condena del TSJCV “demuestra fehacientemente que la transparencia del Consell de Fabra es una auténtica falacia”.
De este modo, la Justicia ha obligado a entregar a Esquerra Unida, junto a la documentación de los estudios trimestrales de opinión, el memorándum de la VIU, el plan de revisión de centros educativos de la Comunitat Valenciana, el informe técnico sobre la caída del suelo en el colegio la Hispanidad de Santa Pola, un contrato menor con una empresa relacionada con Taroncher, el informe de inspección técnica del CEIP Rafael Altamira del Campello, y la relación de centros educativos que tengan instalaciones con fibrocemento parecidos a las del CEIP Ciutat de Bolonia de Valencia.
