El PP paga a plazos 23.600 euros de un acto de 2011 en el Palau de les Arts de Valencia que también debía
Las deudas del PP valenciano con espacios de gestión pública en los que realizó actos que nunca pagó pasan factura años después al partido que lidera Isabel Bonig. El presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha revelado este jueves en las Corts Valencianes, que los populares valencianos están pagando a plazos una factura de 23.600 euros que debían al Palau de les Arts por un acto de la precampaña electoral, en marzo de 2011, con Francisco Camps como protagonista.
Puig ha hecho esta revelación en una contestación en las Corts Valencianes a una pregunta de Compromís durante la sesión de control en la que inquiría por la recuperación del dinero perdido a causa de la corrupción. El presidente valenciano ha explicado que, además de intentar rescatar lo defraudado, también se están cobrando facturas que no se habían pagado y se ha referido a la del Palau de les Arts.
Los populares llegaron a un acuerdo con la dirección de la Ciudad de las Artes y las Ciencias para pagar a plazos de 2.000 euros mensuales esa deuda pendiente desde 2011 el pasado mes de septiembre y el primero de los pagos lo realizaron en octubre.
No es el único caso de este tipo. En julio de 2017, el PP pagó 625.000 euros por el alquiler del recinto de Feria Valencia para el congreso nacional de 2008, en el que fue reelegido Mariano Rajoy. Lo hizo obligado por una sentencia judicial que incluyó intereses y costas en la deuda inicial de 568.511 euros. La institución ferial reclamó judicialmente el pago a partir de la llegada de Joan Ribó a la alcaldía de la ciudad.
Otro acto polémico fue el celebrado por el PP en el mismo recinto de la Ciudad de las Artes, en este caso en el edificio de L'Àgora, en mayo de 2014 para la campaña de las elecciones europeas. En el mitin participaron Rajoy, Rita Barberá, Esteban González Pons, Alberto Fabra, Alfonso Rus y Miguel Arias Cañete. Los populares solo pagaron 5.000 euros por aquel acto y, tras el cambio de gobierno en la Generalitat, la nueva dirección del complejo denunció que se debían haber cobrado 40.000 euros.
