Derecho civil, la prueba del algodón para la política valenciana

Compromís-Sumar presenta la enmienda de Juristes Valencians

El pacto por la legislación foral reta a PP y PSOE ante la reforma constitucional exprés

La oposición a la relación bilateral de Catalunya con el Gobierno de España se ha convertido en una obsesión del discurso territorial del PP. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, insiste a menudo en la reclamación del marco multilateral para temas como la reforma de la financiación autonómica, aunque la Comunitat Valenciana tiene unos intereses que difícilmente saldrán adelante sin alguna negociación bilateral (pretende, por ejemplo, que la condonación de la deuda sea superior a la de otras comunidades mejor financiadas). También exige esa presión bilateral la recuperación del derecho civil valenciano, que está al alcance de la mano si el PP y el PSOE apoyan introducirla en la reforma exprés de la Constitución pactada para sustituir el término “disminuido” del artículo 49 del texto, una modificación de lenguaje que han venido reivindicando las organizaciones que trabajan en el ámbito de la dependendia y la discapacidad.

Juristes Valencians, la asociación que ha impulsado una enmienda de adición para recuperar la competencia legislativa en materia de derecho civil valenciano -en la que se ampararon tres leyes (de custodia compartida, régimen matrimonial y uniones de hecho) posteriormente anuladas por el Tribunal Constitucional con el argumento de que se recogió tal competencia en el Estatut d'Autonomia en 2006, pero no lo está en la Constitución-, ha lanzado un aviso a los dos partidos mayores, el PP y el PSOE: “Es la última oportunidad”.

La rectificación del olvido constitucional (seis comunidades autónomas cuentan con la posibilidad de actuar en el derecho civil porque sí que fueron citadas en la Carta Magna) está ampliamente consensuada en la sociedad valenciana y tiene el apoyo de todos los partidos, excepto la extrema derecha de Vox. La enmienda preparada a tal efecto por Juristes Valencians ha sido registrada por Compromís-Sumar y se votará previsiblemente entre el 15 y el 17 de enero. Lo que pondrá a prueba la influencia de populares y socialistas valencianos en sus respectivos partidos, dado que es necesario el apoyo de ambas fuerzas para sacarla adelante.

Aunque en el ámbito valenciano se hayan mostrado tanto Carlos Mazón como Ximo Puig reiteradamente de acuerdo con la reforma, en la negociación entre el equipo de Alberto Núñez Feijóo y el Gobierno que preside Pedo Sánchez para la reforma puntual de la Constitución se ha dejado de lado el derecho civil valenciano. De ahí que Compromís optara por presentar la enmienda de Sumar a la reforma prevista. “Se han acabado las bobadas, hemos tomado la iniciativa y llevaremos a votación un acuerdo social y político que está incluido en el Estatut d’Autonomia”, proclamó la dirigente de Compromís y diputada de Sumar en el Congreso Àgueda Micó.

En una conferencia de prensa que ofreció Juristes Valencians estuvo presente el expresidente del Tribunal Constitucional Pascual Sala, que incidió en la idea de que no se trata de exigir un privilegio insólito. “Es algo común a todo el derecho privado español”, comentó. Sin embargo, no parece que los dirigentes del PSOE y el PP estén dispuestos a satisfacer una reivindicación como esa pactada en tierras valencianas, ajenos (o tal vez no) a la prueba del algodón sobre la influencia política autonómica que la maniobra supone.

Gestos de censura y un gerente que tenía incapacidad permanente

Episodios lamentables en la política cultural del PP y Vox

Desde que se produjo el cambio de Gobierno en la Generalitat Valenciana, con la llegada del pacto entre el PP y Vox, se han sucedido los episodios lamentables en el ámbito de la política cultural. Tras la polémica destitución de José Luis Pérez Pont como director gerente del Consorci de Museus, responsable de la muy exitosa gestión del Centre del Carme-Cultura Contemporània, el departamento que dirige el vicepresidente Vicente Barrera ha nombrado a Nicolás Burgeda gerente del organismo (la dirección artística en funciones la desempeña Vicente Samper). Y resulta que Burgeda, como publicó Lucas Marco en este diario, obtuvo la incapacidad permanente total seis meses antes de ser nombrado y logró que se la revocaran días antes de su contratación. La noticia causó un choque político en el que el PP denunció que la izquierda ataca a “una persona con discapacidad” mientras Compromís pidió la comparecencia en las Corts Valencianes del vicepresidente de Vox, Vicente Barrera, para dar explicaciones.

Por otra parte, la censura previa que el alcalde del PP quiere imponer a los bocetos amenaza el festival de arte urbano que ha convertido la pequeña localidad de Fanzara en un referente internacional. Y en Orihuela, el concejal de Vox deja sin fondos el premio de poesía Miguel Hernández. Dos nuevos hitos en un rosario de despropósitos.

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