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Compromís lleva a Anticorrupción el informe de Intervención que apunta a irregularidades en la fundación investigada

Papi Robles y Ferran Puchades, concejales de Compromís, en la rueda de prensa para informar de la denuncia presentada en Anticorrupción sobre las contrataciones municipales.

Laura Martínez

22 de abril de 2026 12:20 h

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Compromís llevará a la Fiscalía Anticorrupción un informe de la Intervención General del Ayuntamiento de València que aprecia irregularidades en la fundación Visit València. El documento, aprobado este miércoles en la Comisión de Hacienda y Participación, observa “carencias legales” y apunta a que la nueva estructura organizativa aprobada por el organismo se realizó “sin respetar plenamente los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”. Estas fundación está siendo investigada a instancias de la coalición, que presentó una denuncia en Fiscalía, junto a contrataciones en la Fundación Deportiva Municipal y en la Autoridad Portuaria de Valencia, a las que accedieron extrabajadores del Consorcio Valencia 2007.

La coalición valencianista sostiene que las conclusiones de la Intervención confirman las sospechas sobre la gestión de las contrataciones en organismos municipales. El informe municipal es especialmente contundente en relación con la fundación turística Visit Valencia, donde señala que la nueva estructura organizativa aprobada en 2024 comportó incrementos salariales y reclasificaciones de puestos “con deficiencias legales y procedimentales”. Entre las anomalías detectadas, la Intervención advierte de que en algunos casos no consta la acreditación de la titulación exigida y que las adjudicaciones de puestos no respetaron plenamente los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. “Las mismas conclusiones a las que, por cierto, llegó la Intervención General del Estado en las plazas creadas en el Puerto de València”, recalca la portavoz de Compromís València, Papi Robles.

Para la concejala valencianista, estas conclusiones “confirman lo que hemos denunciado desde el primer momento: nada era transparente en Visit València, era una dinámica general de la entidad que depende de la concejala Paula Llobet —también investigada— y las plazas no eran procesos limpios, sino operaciones diseñadas con irregularidades que ahora están bajo la lupa de la Fiscalía”. La portavoz, que ya anunció una ampliación de denuncia para investigar al edil de Grandes Proyectos, José Marí Olano, por las grabaciones en las que conversa con los trabajadores del Consorcio sobre las plazas que van a salir, también aportará estas conclusiones a los procedimientos abiertos por Anticorrupción.

Los valencianistas también señalan las conclusiones referentes a València Activa, organismo de empleo en extinción capitaneado por el exportavoz de Vox Juanma Badenas. Anticorrupción también mantiene abierta una investigación sobre contrataciones en este ente, del que fue apartado el edil de Vox, que ahora gestiona el patrimonio municipal. Sobre el organismo, la auditoría municipal destaca que “se han evidenciado deficiencias relevantes en la contratación menor de patrocinios formalizada en 2024, consistentes en la insuficiente conexión de determinados expedientes con los fines fundacionales, incumplimientos de las reglas internas de tramitación y validación, ausencia de una justificación económica suficiente del retorno publicitario y de la equivalencia de las prestaciones, falta de acreditación documental bastante de la efectiva ejecución del objeto contractual y concurrencia de indicios de que determinadas operaciones pudieran responder, por su verdadera naturaleza, a subvenciones o a una utilización improcedente de la contratación menor al margen de las exigencias de la LCSP”.

Para Compromís, este conjunto de irregularidades refuerza la gravedad del caso. “Estamos ante un patrón que se repite: procesos opacos, falta de justificación y decisiones que benefician a determinadas personas. No son errores puntuales, es una forma de gobernar”, señala Robles.

La coalición valencianista considera que el informe de la Intervención da respaldo técnico a las denuncias ya presentadas e incrementa la presión política sobre el gobierno municipal. “Cada nueva información confirma que estamos ante un caso muy grave que afecta a distintos organismos públicos y que apunta a responsabilidades políticas claras”, concluye la portavoz.

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