Los empleados de los hospitales de Manises y Dénia exigen al PP que cumpla su palabra y que pasen a la gestión pública

Las plantillas de los hospitales de Manises y Dénia observan con preocupación su futuro tras el cambio de color político del Gobierno valenciano. Antes de las elecciones, el ejecutivo presidido por Ximo Puig inició los procedimientos para recuperar ambos departamentos a la gestión público, una vez finalizadas las concesiones otorgadas tanto a Ribera Salud en el caso de Dénia como a Sanitas en el caso de Manises.

Sin embargo, ahora los empleados, favorables a la reversión pública, temen que el nuevo Gobierno valenciano del PP y de Vox otorgue prórrogas a las concesionarias.

Sin ir más lejos, este lunes el comité de empresa del hospital de Manises solicitó al que será presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, que continúe con el proceso abierto por el anterior Consell para culminar con la gestión directa del departamento: “Desde el Comité de Empresa creemos que la Conselleria de Sanidad tiene la capacidad y la obligación con sus ciudadanos y trabajadores de continuar con un proceso que va a ser beneficioso para todas las partes implicadas: Gobierno, pacientes y profesionales sanitarios”.

Los representantes sindicales recordaron que mantuvieron “una reunión con el responsable de sanidad del PP en les Corts, Jose Juan Zaplana, donde afirmó la continuidad del proceso de reversión tal y como ha sucedido en Alzira y Torrevieja”. Asimismo, aseguraron que les confirmó la figura del personal laboral a extinguir dentro de un convenio único en todas las concesiones administrativas: “Insistió en la necesidad de realizar una auditoría del departamento para conocer de primera mano la situación real del mismo a lo que el comité de empresa le indicó que tiene por delante un año para realizarlo justo antes de que se oficialice la finalización del contrato con Sanitas en mayo de 2024, por lo que esta auditoría no debería entorpecer el proceso ya iniciado”, dijeron.

Según el comité de empresa, “para gestionar lo público hay que apostar y creer en ello, priorizar la gestión indirecta para dirigir un departamento de salud, es decirle a la población que los representantes elegidos por las urnas no tienen capacidad para llevar a cabo dicho empeño”. El objetivo primordial de una empresa privada “es el beneficio económico que consigue al disminuir los servicios al mínimo necesario con unos salarios precarios y poco competitivos, mientras que el de la gestión pública directa es la calidad asistencial, la atención al paciente y a sus profesionales”, dijeron y añadieron que “priorizar lo económico a lo asistencial nos aleja de los estándares de calidad que solicita una sociedad avanzada como es la nuestra”.

“No permitamos que otros intereses desvíen la atención de lo que es importante, más si cabe cuando estamos hablando de la salud de las personas. No hay duda de que quien mejor puede atender nuestra salud y garantizar un empleo digno es la sanidad pública”, concluyeron.

En cuanto al hospital de Dénia, el comité de empresa se reunió este jueves 8 de junio y tras el encuentro manifestó su compromiso con la reversión del departamento a la gestión pública directa.

“Para este Comité nada ha cambiado, y seguimos en la hoja de ruta marcada por las normas de reversión iniciadas por la Administración el pasado mes de enero de 2023. Asimismo, queremos remarcar que todos los grupos políticos que se han reunido con nosotros han manifestado su compromiso en que la concesión finalice el 31 de enero de 2024, tal y como se ha transmitido a la ciudadanía de la Marina Alta”, recordaron.

La paralización o modificación de este proceso “sería un engaño a la ciudadanía y a los trabajadores; además de una vulneración a la normativa vigente”, advirtieron.

Como informó este diario, Ribera Salud, cuyo director ejecutivo europeo es Alberto de Rosa, hermano del senador del PP Fernando de Rosa, afirmó tras el último requerimiento de información para hacer posible la recuperación pública del área de salud de la Marina Alta que con la victoria del PP el proceso de reversión había quedado “suspendido”.