A vueltas con la violencia machista, nos sobran las razones, por desgracia

La cultura patriarcal con su poder de asignar significados ha hecho posible la supremacía de los hombres sobre las mujeres. Pero las mujeres ni han sido ni son pacatas y se han rebelado ante esta situación. Por ello, el patriarcado utiliza distintos tipos de estrategias violentas, algunas de las más importantes son: simbólicas, institucionales, económicas, intergrupales (sobre todo sexuales, especialmente perceptible en conflictos armados), e interpersonales contra las mujeres, con mayor dureza cuando más peligra su hegemonía.

Las estrategias patriarcales violentas están estrechamente relacionadas y actúan como un todo con el objetivo subordinar a las mujeres para apropiarse de su cuerpo (la violencia sexual es un muy buen ejemplo de ello) trabajo (prácticamente todo el trabajo no remunerado lo realizan las mujeres) y descendencia (apropiándose de las mujeres se apropian de las hijas e hijos).

La violencia simbólica intenta, y en gran medida consigue, socializar a las mujeres en un universo donde los hombres son valiosos y se devalúa a las mujeres (no deja de ser significativo que algo o alguien sea cojonudo o por el contrario un coñazo). Este tipo de violencia hace posible que tanto a las mujeres como a los varones les parezca natural y normal la desigualdad por razón de género, es decir que las mujeres sean inferiores a los hombres. Pero a pesar de la violencia simbólica, las mujeres se dan cuenta de su consideración y trato desigualdad, de su devaluación y de la devaluación de sus aportaciones e intentan revertir el orden social y provocan, por ello, mayores cotas de violencia.

Pero además, en muchas ocasiones todavía se sigue culpando a las mujeres de los malos tratos que sufren (recientemente, una guía de la fundación de mujeres del partido popular dice que ser promiscua aumenta el riesgo de sufrir maltrato), como si la violencia que sufren las mujeres tuviese que ver con lo que ellas hacen y no con lo que hacen ellos. La violencia de género afecta a las mujeres de todas las condiciones, edades y clases sociales. Sin embargo, la cultura patriarcal es tan perfecta y las estrategias violentas simbólicas pueden ser tan convincentes que en el imaginario colectivo por cada maltrato o asesinado a una o de una mujer se puede culpar, al menos, a tres mujeres: la agredida o asesinada (por lo que ha hecho o por lo que no ha hecho) a su madre (por lo que le ha permitido o no hacer) y a la madre del agresor u asesino (porque fue quien le educó). Cuántas veces hemos oído que al fin y al cabo la culpa de la desigualdad o de la violencia la tienen las mujeres porque son las que educan. Culpando a las mujeres el patriarcado deja de ser responsable de la violencia que ejerce contra ellas. Pero cuidado, el culpable de la violencia contra las mujeres es el patriarcado con su ideología misógina y machista y los culpables de cada maltrato y/o asesinato son los agresores y asesinos. El machismo mata.

La violencia económica también es una importantísima táctica. El hecho que las mujeres realicen prácticamente todo el trabajo no remunerado, bien sea doméstico o de cuidados, les impide incorporarse al trabajo remunerado en las mismas condiciones que los varones. Por ello, son dependientes económicamente de los hombres y las más pobres. Así, la pobreza y, sobre todo, la exclusión social, está estrechamente relacionada con la violencia contra las mujeres. La exclusión social convierte a las mujeres en vulnerables a la violencia y ésta a su vez las aboca a importantes procesos de exclusión social.

Por su parte y en referencia a la violencia institucional, aunque en nuestro país existe una legislación igualitaria, la realidad de hecho no lo es y el actual gobierno estatal del partido popular no implementa las medidas necesarias encaminadas a erradicar la desigualdad. La normativa internacional, estatal y autonómica reconoce que la violencia contra las mujeres es el resultado de la situación cultural de desigualdad y relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

Aunque siguiendo la encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), la mitad de todas las mujeres de la Unión Europea (53%) procuran evitar ciertos lugares o situaciones, al menos en ocasiones, por temor a sufrir agresiones físicas o sexuales, en relación a la violencia interpersonal, es bien sabido que donde más riesgo tienen las mujeres de ser maltratadas es en sus propias casas, en el hogar dulce hogar muchas mujeres y niñas no tienen más remedio que aguantar la violencia: física (palizas, patadas, empujones, etc.), psíquica (insultos, amenazas, humillaciones, etc.), sexual (acosos, abusos, violaciones, etc.) y económica (no dejarlas ser autónomas económicamente, apropiarse de su patrimonio, no darles ni el suficiente dinero para que puedan comer, no recibir pensiones de alimentos, etc.).

En este sentido y en relación a la a violencia contra las mujeres por parte de sus parejas o exparejas, lo que en la normativa española la Ley Integral (2004), tipifica como violencia de género, durante el año 2014 se interpusieron 126.742 denuncias (según los datos del Consejo del Poder Judicial), a pesar de que siguiendo la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (2015), siete de cada diez mujeres que han sufrido violencia de género (el 67,8%) nunca lo han denunciado. Los agresores particulares también utilizan todas las estrategias violentas y en todas sus formas y manifestaciones para subordinar a las mujeres y apropiarse de su cuerpo, trabajo y descendencia. Cuando las mujeres no pueden soportar más la situación y se rebelan, los agresores temen perder la hegemonía o el poder sobre ellas, por lo que se desata un nivel de violencia tal que en demasiadas ocasiones termina con el asesinato de las mujeres. Siguiendo datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, este año ya han sido asesinadas en el Estado español casi 30 mujeres y 790 desde el año 2003. Basta ya, basta ya, basta ya. Las queremos vivas, nos queremos vivas…

Así mismo, a causa de la violencia de género, algunas mujeres tienen que salir del domicilio conyugal, abandonando trabajo remunerado y redes sociales (en caso de tenerlas) solas con sus hijas/os (a las/os que tienen que cambiar de colegio, centro de salud y amigas/os, etc.) e ingresar en un centro de acogida (donde van a tener que convivir con otras compañeras en situaciones muy complicadas por diversas causas tanto de violencia como de exclusión social), donde van a perder todo tipo de intimidad (en algunos centros incluso, las mujeres e hijas/os, tienen que compartir habitación con otras mujeres e hijas/os), dada la precariedad de la inmensa mayoría de centros residenciales de la Comunidad Valenciana, prácticamente todos en manos de gestión privada de empresas de servicios (que igual asumen la gestión de una contrata de limpieza como de un recursos especializado para mujeres que sufren violencia).

Pero además, las mujeres que ingresan en los centros de acogida están obligadas a cumplir normas y horarios y tanto ellas como su descendencia van a ser controlada en todo momento por las profesionales, que conscientes de la situación y precariedad de los medios de los que disponen y del trato que reciben también afirman sentirse maltratadas. Ya va siendo hora de que se respete a las profesionales y se las forme en perspectiva de género, que cese la precariedad y los recortes en la atención a las mujeres que sufren violencia y que se deje de desubicar a las mujeres y a su descendencia. Ya va siendo hora de que sean los maltratadores los que abandonen los domicilios y que el control se ejerza sobre los agresores y no sobre las agredidas. Las mujeres tienen derecho a ser protegidas y ayudadas en sus casas o en viviendas normalizadas en su el ámbito comunitario (al que van a tener que volver), porque la institucionalización en los centros de protección es breve y en todos los casos finita.

La administración pública tiene la obligación de comprometerse con la igualdad de género y luchar por la erradicación de todas las formas de violencias contra las mujeres, sensibilizando a la sociedad, realizando una adecuada prevención, castigando a los asesinos/agresores y dotando a las mujeres que sufren violencia de todos los recursos y medios necesarios. Porque el hecho de no hacerlo supone una importante barrera que dificulta o impide a las mujeres y especialmente a las más vulnerables escapar de la violencia de género y ello se puede considerar violencia institucional (en el sentido de que se trata de violencia permitida o tolerada por el Estado). La violencia contra las mujeres es reconocida en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa (firmado por España en 2011) como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación, considerando responsables a los Estados si no responden de manera adecuada.

La violencia contra las mujeres tiene una función social, las estrategias patriarcales violentas contra las mujeres perpetúan una realidad social con graves consecuencias para las mujeres y niñas, pero también para la sociedad en general, porque imposibilitan un mundo más justo y humano, que no solo es posible, sino absolutamente necesario.

El 7 N a la calle, por desgracia, nos sobran las razones.