La ausencia de Pere Aragonès

La Unión Europea es una Unión de Estados, para la que es completamente irrelevante la articulación territorial de cada uno de ellos. Los destinatarios de los fondos aprobados en la Unión Europea para la recuperación económica tras la monumental crisis generada por la Covid-19 son los Estados. Cada uno de ellos tendrá que decidir de qué manera va a hacer uso de los mismos. En esa manera de tomar la decisión es en la que, en un Estado políticamente descentralizado, como es el español, deben participar las unidades de descentralización política, esto es, las Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas.

Ni en el Derecho Europeo ni en el Derecho Español se exige la participación de las Comunidades Autónomas en el destino que debe darse a esos fondos europeos de recuperación. La exigencia de que participen es una exigencia política, derivada de estructura del Estado que no está definida en la Constitución, sino que ha sido el resultado que se ha impuesto de la interpretación de la Constitución a través de los Pactos Autonómicos de 1981 y 1992. Jurídicamente no está definida la forma en que tendrían que participar las Comunidades y Ciudades Autónomas en el proceso de formación de la voluntad del Estado español en lo que al destino de los fondos europeos de recuperación se refiere. Políticamente sería disparatado que no se contara con las Comunidades Autónomas en ese proceso de formación de la voluntad del Estado español, que será la que se acabará trasladando a la Unión Europea. Pero jurídicamente no es exigible.

Siendo esto así, no se entiende que el President de la Generalitat haya decidido no estar presente en al Conferencia de Presidentes convocada en Salamanca, en la que la discusión sobre el destino de los fondos europeos va a ser la cuestión decisiva. Es obvio que el acuerdo al que pueda llegarse en dicha Conferencia no puede quedar condicionado al resultado de la reunión de la Comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat prevista para la próxima semana. Todos los presidentes de todas las Comunidades y Ciudades Autónomas van a exigir al Presidente del Gobierno un compromiso de que va a ser así.

El destino de los fondos europeos de recuperación económica no es materia en la que se pueda operar con base en el principio de bilateralidad. El proceso de formación de la voluntad del Estado, que es lo único que cuenta para la Unión Europea, repito, no puede ser el resultado de una negociación del Presidente del Gobierno con dieciséis Presidentes de Comunidades Autónomas y dos de Ciudadades Autónomas, por un lado, más una negociación individualizada, por otro, entre el Presidente del Gobierno y el President de la Generalitat.

Hay cosas que no pueden ser nada más que de una manera por la propia naturaleza de las cosas. Y esta es una de ellas. La estrategia de la “silla vacía” carece de todo sentido en lo que a la Conferencia de Presidentes convocada en Salamanca se refiere.

Catalunya es ahora mismo una de las Comunidades Autónomas en que está articulado territorialmente el Estado español. Es verdad que el nacionalismo catalán, que dispone de mayoría parlamentaria y ocupa el Govern de la Generalitat, ha manifestado su voluntad de dejar de ser Comunidad Autónoma y convertirse en Estado independiente del Estado español, pero no lo es menos que hasta el momento no ha conseguido que esa voluntad haya sido reconocida internacionalmente de manera mínimamente significativa.

Catalunya, en consecuencia, no puede relacionarse directamente con la Unión Europea, sino que tiene que hacerlo a través del Estado español y el Estado español no puede relacionarse con Catalunya respecto del destino de los fondos comunitarios haciendo abstracción de las restantes dieciséis Comunidades y dos Ciudades Autónomas.

Es posible que los equilibrios internos dentro del nacionalismo catalán le hayan aconsejado tomar esa decisión de ausentarse de la conferencia de presidentes, pero la ausencia no va a ser gratuita.