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Los seres humanos hacemos la historia en condiciones independientes de nuestra voluntad.

La visita del rey

El rey Felipe VI

Javier Pérez Royo

Hace unas semanas, el primer ministro británico, Boris Johnson, “aconsejó” a la reina el cierre del Parlamento durante cinco semanas casi inmediatamente después de finalizadas las vacaciones parlamentarias. A nadie en el Reino Unido se le pasó por la cabeza que la reina tenía algo que ver con la decisión, aunque formalmente la decisión fue suya. Todo el mundo sabía que la decisión era del primer ministro y que la reina se había limitado a poner su firma tras la misma.

Es un ejemplo claro de la inversión que se produce en la institución del refrendo en las monarquías parlamentarias. No es el primer ministro el que refrenda el acto de la reina, sino que es la reina la que refrenda el acto del primer ministro.

Así lo ha entendido todo el mundo. Por eso, el recurso que se interpuso ante los tribunales de justicia, uno ante la justicia escocesa, otro ante la justicia inglesa y otro ante el Tribunal Supremo, no estaba dirigido al acto de la reina, sino al acto del primer ministro de “aconsejar” a la reina de que adoptara la decisión que adoptó. En ese acto de “aconsejar” estaba el abuso de poder que el TS anuló por unanimidad.

¿Hay alguien en España que piense que fue el presidente Mariano Rajoy el que “aconsejó” al rey Felipe VI de que interviniera en televisión el día 3 de octubre de 2017, “leyendo” un discurso redactado por el Gobierno?

Está claro que absolutamente nadie. El discurso del 3 de octubre de 2017 fue un discurso del rey, que decidió unilateralmente intervenir tras el referéndum que no fue, pero que tampoco dejó de serlo, del 1 de octubre. Con esa manera de proceder, Felipe VI puso por delante la monarquía del principio de legitimidad democrática, el 1.3 antes del 1.2 de la Constitución, desnaturalizando de esta manera la monarquía parlamentaria que la Constitución reconoce.

Un comportamiento de este tipo es inimaginable en una monarquía parlamentaria. El sustantivo no puede pasar nunca por delante del adjetivo. En el momento en que lo hace, la monarquía, aunque esté definida en la Constitución como parlamentaria, deja de serlo. Es lo que ocurrió el 3 de octubre de 2017.

De aquellos polvos, estos lodos. La reina de Inglaterra no tiene el más mínimo problema para visitar cualquier parte del territorio del Reino Unido, sin que el Gobierno tenga que preocuparse por garantizar que dicha visita pueda realizarse. El rey de España, por el contrario, no puede visitar Catalunya con normalidad. El Gobierno tiene que ocuparse de garantizar que la visita pueda realizarse, porque no puede darse por supuesto que el rey será bien recibido.

El 3 de octubre de 2017, el rey Felipe VI “pasó el Rubicón”. Y eso ya no hay quien pueda borrarlo. Es evidente que el Estado dispone de fuerza suficiente para garantizar la visita del rey a Catalunya este próximo lunes. Pero el hecho de que se esté argumentando que esa visita tiene que ser garantizada por el Gobierno “cueste lo que cueste”, como ha hecho hoy mismo José Antonio Zarzalejos en El Confidencial, es todo un indicador de la naturaleza de la monarquía española.

“Cueste lo que cueste” y monarquía parlamentaria son términos incompatibles. Si la presencia del rey no es aceptada de buen grado por los ciudadanos del territorio que visita y el Gobierno tiene que encargarse de que sea aceptada en cualquier caso y sea como sea, es obvio que la visita se producirá, pero no lo es menos que para los ciudadanos de dicho territorio la monarquía será otra imposición más, con la que no estarán de acuerdo.

Me temo que el “cueste lo que cueste” nos va a afectar a todos. Las cosas, por sí solas, tienden a ir de mal en peor, dice una de las leyes de Murphy. Con campaña electoral por medio, todavía más.

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