11-M: Conspiración, mentiras y dolor

Recordar los atentados del 11 de marzo de 2004, habiendo ya transcurrido 10 años de los mismos, debería ser una tarea sencilla y orientada a acompañar a los supervivientes y familiares de las víctimas en la inmensidad de su dolor. Sin embargo, tras una revisión actual de algunos medios, queda claro que una buena forma de conmemorar lo sucedido, desde el más absoluto cariño y respeto por las víctimas, pasa por explicar cómo algunos han hecho de la barbarie y la tragedia un modo de vida o una forma de vender periódicos.

Mientras supervivientes y familiares de las víctimas llevan 10 años tratando de superar lo insuperable, ese infinito dolor que causa el absurdo vacío generado por la pérdida innecesaria de los seres más queridos, algunos medios de comunicación llevan el mismo tiempo alentado absurdas teorías conspirativas a costa de un precio que la sociedad española no debería estar dispuesta a pagar: el de la verdad.

Muchos ciudadanos, a estas alturas, ni tan siquiera saben a qué se denomina “teoría de la conspiración”, pero más de los deseados son los que siguen teniendo dudas sobre la autoría, motivación y desarrollo de los atentados del 11M. Justamente ese es el gran éxito de los llamados conspiranoicos, que han logrado enquistar una duda que va mucho más allá de los atentados y cubre al conjunto de las instituciones y personas que tuvieron la responsabilidad de investigar, aclarar y enjuiciar los hechos.

Lo triste de la situación es que todo comenzó el mismo día de los atentados y surgió desde el seno de las propias instituciones. Fue el entonces gobierno de José María Aznar el que instaló la duda, de forma oficial, atribuyendo los atentados a ETA con una clara intención electoralista, cuando a primeras horas de ese fatídico 11 de marzo los profesionales que investigaban los atentados ya tenían una cosa clara: ETA no había sido.

Aznar y su gobierno, metidos de lleno en el final de una campaña electoral, pusieron en marcha la maquinaria del Estado para intentar decantar la opinión pública y publicada hacia una autoría de conveniencia, electoralmente hablando. Llegaron, incluso, a intentar que el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenase a ETA como autora de los atentados.

A partir del inesperado resultado electoral, cuando días después de los atentados Rodríguez Zapatero derrotaba a Rajoy en las elecciones generales, la versión del PP se traspasaría a algunos medios de comunicación afines. Estos medios llevan ya 10 años tratando no de esclarecer los hechos, porque claros están, sino de sembrar una duda irracional en el conjunto de la sociedad española con dos únicos objetivos: vender periódicos y no admitir sus propios errores. En el camino, el daño causado resulta irreparable. Han generado dolor, descrédito, algún suicidio e incluso gestado un procedimiento judicial carente de la más mínima racionalidad y base fáctica.

Mientras la instrucción del 11M estuvo en manos del juez instructor Juan del Olmo y el conocimiento público de las investigaciones estaba legalmente limitado, esos medios se dedicaron a atacar al propio instructor y a la fiscal Olga Sánchez. Querían deslegitimarles, intimidarles y desequilibrarles. Llegado el juicio oral, celebrado con máxima publicidad, el problema de estos conspiranoicos era la exposición pública de las pruebas, indicios y datos, pero aun así no cejaron en sus esfuerzos.

Ahora bien, muchos no lo saben y otros no lo recuerdan, pero la “teoría de la conspiración” no sólo jugó sus cartas en los medios, sino que de forma perversa se introdujo directamente en el proceso penal, alcanzando su máxima relevancia durante el propio juicio oral. Quienes participamos del juicio recordamos perfectamente la inadmisible e inmoral sintonía que existía entre algunas acusaciones y algunas defensas. Hubo momentos en que era difícil distinguir el papel procesal de cada uno de ellos, generándose lo que se denominó “ornitorrincos procesales” (aquellos cuya posición en el proceso se desconoce, sin saber si acusan o defienden).

Parte fundamental del trabajo que realizaron los conspiranoicos durante el juicio oral consistió en la generación de dudas irracionales sobre el trabajo de los investigadores, de los acusadores y, llegado el momento, de los propios juzgadores. El plan no les dio resultado y ello, principalmente, porque el cúmulo de pruebas no dejaba margen alguno para la duda. Así terminó razonándolo la propia sentencia que, una vez recurrida al Tribunal Supremo, arroja un saldo de 21 condenados y miles de años de penas de cárcel por cumplir.

Algunos, entre los que me encuentro, pensamos que ese era el fin del caso del 11M y, sobre todo, de la “teoría de la conspiración”. Sin embargo, 10 años después de los atentados podemos comprobar cómo algunos siguen vendiendo diarios a costa del sufrimiento ajeno y, peor aún, actuando como auténticos abogados defensores del principal condenado por los atentados: Jamal Zougam.

Durante el juicio del 11M, y para quienes no lo recuerden, el entonces abogado de Zougam se dedicó a defender la “teoría de la conspiración” en lugar de los intereses de su propio cliente. En lugar de cuestionar los reconocimientos o la obtención y presentación de las pruebas, y de contradecir los testimonios e informes periciales, dicho abogado se limitó a sostener, sin base probatoria alguna, que la autoría de los atentados recaía en ETA y no en la organización yihadista que se sentaba en el banquillo. Obviamente, y desde la perspectiva del derecho de defensa, estaba en su derecho, como lo habría estado en caso de apuntar a una autoría por parte del pato Donald.

El problema de esa línea de defensa fue el resultado: Jamal Zougam está hoy condenado a más de 40.000 años como autor material de los atentados. De haberse seguido otra estrategia defensiva seguramente el resultado hubiese sido el mismo, pues las pruebas eran abrumadoras.

Sobre esa base, el principal medio de comunicación sostenedor de la abyecta “teoría de la conspiración” ha continuado vendiendo diarios, argumentando que la condena del yihadista se sustenta en las mentiras de dos personas que han vivido una doble tragedia: ser víctimas del 11M y haber visto en la mañana de los atentados a Zougam portando una de las “mochilas bomba”.

Desde ese triste 11M las vidas de C65 y J70 -que es como se les conoce a ambas testigos protegidas- ha sido todo menos agradable. Se les ha insultado, ofendido, amenazado, desprestigiado y, ahora, acusado de falso testimonio. Dicha acusación tiene tan poca base como la propia teoría en que se sustenta, pero el daño ya ha sido causado a ellas, a sus familias y a quienes les apoyamos.

La estrategia “conspiranoica” es muy clara y lo único que se pretende, junto con vender diarios, es conseguir una condena de C65 y J70 para, sobre esa base, articular un recurso de revisión de la sentencia de Zougam y, de ahí, un cuestionamiento indefinido de todo el proceso por los atentados del 11 de Marzo. Lo que no se dan cuenta estos conspiranoicos -o más bien no les importa- es que cuestionar ese proceso es cuestionar el propio Estado de Derecho.

España es el único país del mundo que ha sido capaz de condenar a 21 yihadistas sin que exista la más mínima sombra de duda sobre el respeto de las garantías de los justiciables. De eso deberíamos estar todos orgullosos y, especialmente, de quienes realizaron la investigación, a los que tenemos que estar eternamente agradecidos.

Muy distinto sería este décimo aniversario si pudiésemos recordar a los muertos y acompañar a las víctimas y a sus familiares sin tener que estar, al mismo tiempo, refutando absurdas teorías y desenmascarando a malhabidos vendedores de periódicos. Confiemos en que la Historia ponga a cada cual en su sitio y que las víctimas puedan alcanzar la paz que se merecen.