La desprotección social también mata en España

Los suicidios representan un problema social que aunque ha sido históricamente invisibilizado a la opinión pública, es de gran importancia para la salud mundial. Su prevención es un tema prioritario para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los sistemas de salud nacionales.

Los datos oficiales de España, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), indican que el número de suicidios ha experimentado una tasa creciente en los tres últimos años y que en 2013 se alcanzó el mayor número de los últimos catorce años. Una evolución preocupante, sobre todo si se tiene presente que estos datos están subestimados debido a las limitaciones de las estadísticas nacionales e internacionales para registrar casos de suicidios consumados. Así, mientras que según el INE en 2010 se produjeron 2.485 suicidios, el Instituto de Medicina Legal eleva la cifra a 2.930.

En el año 2013 fallecieron 3.870 personas por suicidio (2.911 hombres y 959 mujeres), situándose de nuevo como la principal causa externa de muerte, por delante de los accidentes de tráfico. Eso representa una tasa de suicidio de 8,3 por cada 100.000 personas (12,7 en los hombres y 4,1 en las mujeres).

Es necesario visibilizar las cifras de suicidios y el aumento de enfermedades mentales y ponerlas en relación con la crisis económica y el cambio de modelo social.

Hasta que se agravó la crisis en 2008 creíamos que nuestro modelo social era el adecuado, con un nivel suficiente de protección. Sin embargo, los datos y análisis realizados indican todo lo contrario. Durante el pasado siglo se construyó un modelo de protección basado en dos pilares fundamentales: i) los seguros sociales y ii) la limitación legal del capitalismo a través del derecho del trabajo.

Este modelo se asentaba sobre la dualidad control-protección ejercida por el estado. Determinados sectores de la ciudadanía entraron en conflicto con ella, denunciando exceso de control estatal, lo que se tradujo irremediablemente en un perjuicio para la protección. Las políticas sociales se reorientaron entonces hacia una nueva sociedad fundada en la autonomía individual del ciudadano. Desde esta perspectiva, los individuos se convirtieron en responsables de su situación en la sociedad, por desgraciada que ésta sea (desempleo, empleo esclavo, exclusión, marginación…). Este proceso de responsabilización absoluta de los individuos, que en algunos casos llega a su criminalización, agrava la exclusión social que ya sufren, aumenta su frustración, desestabiliza su salud mental e incluso aumenta el número de suicidios.

España, como ha mostrado el Informe FOESSA, estaba muy marcada por la precariedad antes de la crisis, debido en buena parte a ese modelo social individualista. Y como indica el índice sintético de exclusión social (ISES) las medidas de austeridad llevadas a cabo durante la crisis que nos azota, han intensificado la exclusión social (11,7 millones de personas en 2013), provocando la imposibilidad de cubrir las necesidades más básicas.

Que el modelo social español es un fracaso lo indican, por tanto, los niveles de desigualdad, pobreza y exclusión que ya existían antes de la crisis. Ésta no ha hecho más que agravarlos, haciendo de España uno de los países de la UE con mayor desigualdad en el reparto de la renta.

En efecto, la crisis económica nos ha golpeado con fuerza, siendo el aumento de la pobreza y su severidad una de sus manifestaciones más crueles, no solo por el decrecimiento de la actividad económica (-1,2% para el año 2013) y del empleo, sino también por la insuficiencia de la protección social de las políticas públicas para los hogares más vulnerables. El crecimiento de las tasas de pobreza alcanza incluso a los colectivos que están trabajando como consecuencia de los contratos precarios o las situaciones de cuasi-esclavitud.

Es tan preocupante la insuficiencia del compromiso público a este respecto que en 2013 la tasa de cobertura del desempleo apenas alcanzaba el 60%. Los últimos datos publicados recientemente por el Ministerio de Empleo muestran que existen 2.095.367 desempleados sin prestación alguna. Y no debe olvidarse que en 2013 el paro se mantuvo en torno al 26%, tasa que pasa a ser del 55% para los menores de 25 años.

Una consecuencia directa de la pérdida de empleo, o de mantener un empleo precario, es la imposibilidad de atender los pagos de la hipoteca. Según el informe de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, en 2013 hubo 67.189 desahucios. Y el pasado año, según los datos del INE, las ejecuciones hipotecarias ascendieron a 70.078, 34.680 sobre vivienda habitual, un 7,4% más que en 2013.

Este es el contexto en el que se ha agravado el problema de los suicidios y las enfermedades mentales. Como afirma el informe SESPA de 2014, los riesgos más importantes sobre la salud dependen de la evolución negativa de los determinantes sociales, entre los que destaca el paro y la pobreza. El estudio IMPACT, realizado en consultas de Atención Primaria en España, muestra un incremento significativo de los trastornos mentales más frecuentes entre los años 2006 y 2010. Por tanto, podemos afirmar que durante y como consecuencia de esta crisis, se ha producido un incremento significativo de las enfermedades mentales, directamente relacionadas a su vez con el número de suicidios, aunque en ellos también intervengan otros condicionantes psicosociales, ambientales y culturales, pues suele darse la siguiente concatenación: vulnerabilidad, trastornos mentales, acontecimientos vitales estresantes y suicidio.

Ya existen estudios que confirman este nexo. En España, Lopez Bernal y otros lo han hecho en su estudio publicado en la European Journal of Public Health, donde concluyen que la crisis financiera se asocia con un aumento relativo de los suicidios debido a un incremento del 8,0% en la tasa de suicidios. En concreto, los hombres en edad de trabajar, presentan mayor riesgo de suicidio asociado a la crisis. Investigadores del Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Zurich, analizaron los datos sobre suicidio y economía de 63 países para el período 2000-2011, utilizando los datos de mortalidad de la OMS, así como los del Fondo Monetario Internacional (FMI) para averiguar el número de suicidios que están vinculados con el desempleo. Su conclusión es que los suicidios relacionados con el desempleo aumentaron nueve veces por encima del crecimiento normal de la tasa de suicidios, dato que achacan a la más reciente crisis económica.

La ausencia de un modelo apropiado de protección social ha provocado que la crisis más virulenta de los últimos tiempos tenga efectos muy severos y de carácter crónico en la sociedad española, incluso incrementando la tasa de suicidios. Para enfrentar esta dramática situación hay que superar las que Robert Castel llamaba “políticas de individualización”, caracterizadas por sus exigencias de menos regulación y control de la economía y de responsabilización absoluta de los individuos de sus adversidades, y sustituirlas por verdaderas políticas sociales que institucionalicen derechos irrenunciables como la salud, la vivienda, la renta básica o el empleo.