Comité de Expertos urge al Congreso a abordar insoslayable renovación de RTVE

El Comité de Expertos responsable del concurso público para la designación parlamentaria de un nuevo Consejo de Administración de RTVE ha urgido al Congreso de los Diputados a culminar los nombramientos de la corporación pública, “una exigencia democrática insoslayable”.

Los 17 expertos que se encargaron de evaluar a los candidatos a presidir RTVE y a elaborar la lista de nombres para la elección del Consejo de Administración mediante concurso público han firmado una carta en la que piden a la Mesa de la Cámara Baja que reactive el proceso de renovación de la cúpula de la radiotelevisión pública.

“La necesidad de la designación de la Presidencia y del Consejo de RTVE es una exigencia democrática insoslayable. (...) La Corporación Radiotelevisión Española se encuentra en una situación de grave irregularidad al carecer, por primera vez en su historia democrática, de un directivo máximo y de un Consejo de Administración elegidos por el Parlamento español”, indican los expertos en la carta.

En esa misiva, el Comité alerta de que el retraso en la elección del Consejo de Administración, ocasionado por la falta de Gobierno, “está perjudicando gravemente al servicio público y amenazando su papel social, su financiación y su capacidad de competencia, su adecuación a la era digital, su imagen democrática e incluso su propia supervivencia”.

El presidente del Comité de Expertos, Diego Carcedo, ha entregado la carta en el registro del Congreso este lunes y ha explicado a los periodistas que el objetivo de la misma es recordar a las Cortes que este asunto está pendiente y que ya hace más de un año que se eligieron a los 20 candidatos del concurso público.

“Nosotros entregamos la lista de los idóneos el 10 de diciembre del año pasado y desde entonces no se ha sabido nada en absoluto. (...) Ahora que se constituyeron nuevas Cortes y que esperemos que cualquier día o año de estos haya nuevo Gobierno, que no se olviden de que esto está pendiente, sin resolver”, ha subrayado.

Según Carcedo, los candidatos están “muy defraudados” e incluso “preocupados” y algunos, ha dicho, se plantean iniciar un proceso de reclamación en el Congreso.

El presidente del Comité ha reconocido que se han vivido unas “circunstancias políticas muy complicadas”, no sólo por la falta de Ejecutivo sino también por las impugnaciones que sufrió el concurso público, pero ha destacado que el retraso en la renovación de RTVE resulta “inconcebible” y “fatal”.

El Congreso de los Diputados reformó en septiembre de 2017 la ley de RTVE, aunque la puesta en marcha de la renovación de la radiotelevisión pública se dilató mucho en el tiempo por falta de acuerdo parlamentario para decidir la fórmula del concurso público.

Por ello, el Gobierno decidió aprobar un decreto ley en 2018 para desbloquear la situación e impulsar una renovación urgente y transitoria hasta que se eligiera por concurso público al sustituto de José Antonio Sánchez.

Tras la celebración de seis plenos en verano, las Cortes fueron incapaces de ponerse de acuerdo para elegir a un Consejo transitorio, por lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez propuso a la periodista Rosa María Mateo para ocupar el cargo de administradora única provisional de RTVE.

El Congreso avaló este nombramiento en julio de 2018, una figura transitoria que dejaría de existir una vez el Parlamento eligiera a los nuevos consejeros y presidente de RTVE.

Sin embargo, aunque a finales de 2018 el Comité de Expertos ya había seleccionado a los veinte candidatos finalistas para que las Cortes designaran al futuro Consejo de Administración de RTVE, las impugnaciones del proceso y las disoluciones del Parlamento han frustrado que se culmine el proceso, que se encuentra en el aire.

Si el nuevo Parlamento decidiera tumbar el concurso público, tendría que reformar la ley vigente.

Para el Comité de Expertos, la culminación del concurso ha de ser urgente, ya que la elección del Consejo de Administración y del futuro presidente de RTVE constituiría la “clave de bóveda de la reforma democrática del servicio público y de su reforzamiento imprescindible para hacer frente a las demandas y necesidades de la sociedad española”.