Los promotores llevarán su denuncia contra Icónica al juzgado tras el archivo de Fiscalía

Sevilla, 26 dic (EFE).- Los promotores culturales que apuntaron posibles irregularidades en la cesión y explotación de la plaza de España de Sevilla por parte del festival Icónica han anunciado que llevarán su denuncia ante el Juzgado de Instrucción competente después de que la Fiscalía la haya archivado al no apreciar delito.

Este nuevo trámite, han indicado en un comunicado remitido a EFE este viernes, se producirá “como paso final y necesario” en la que consideran defensa de la legalidad, la igualdad de oportunidades y el interés público respecto al uso de la referida plaza, uno de los espacios patrimoniales y culturales más emblemáticos de España.

Aunque los promotores respetan el archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía, no lo comparten al considerar que el análisis hecho durante “escasos dos meses” ha dejado, a su juicio, “muchas dudas por resolver” y se ha centrado especialmente en la apariencia formal de legalidad de actuaciones “aisladas”.

Consideran por tanto que no ha entrado a examinar la realidad “material, continuada y acumulativa” de los hechos producidos durante más de diez años.

Los promotores han recordado que, desde 2021 y con proyección hasta 2031, el Ayuntamiento de Sevilla “ha permitido y va a permitir” que un único operador privado -la mercantil Green Cow Music, organizadora del Icónica Santalucía Sevilla Fest- explote de forma “materialmente exclusiva” la plaza de España para grandes eventos musicales.

Insisten en que esto se produce sin que se haya articulado ningún procedimiento público de concurrencia, licitación o comparación de proyectos alternativos, a pesar de que otros promotores han presentado solicitudes para desarrollar proyectos alternativos “sin obtener respuesta efectiva o sin posibilidad real de competir”.

“Aunque formalmente no exista una declaración expresa de exclusividad no debemos olvidar que la exclusividad no requiere reconocimiento jurídico explícito, cuando los hechos demuestran que ningún otro operador ha podido acceder hasta ahora al espacio en condiciones reales de igualdad”, han sostenido.

'Monopolio cultural y económico'

También han expuesto que se da a una misma empresa una ocupación “sistemática” de los únicos periodos de explotación cultural y económico que se autoriza a utilizar la plaza de España, que la planificación plurianual es “pactada” y que la reiteración de autorizaciones “a la carta” generan en la práctica el que definen como un “monopolio cultural y económico” sobre un bien de dominio público protegido.

La vía judicial se iniciará próximamente y ha sido señalada por la propia Fiscalía en su resolución: “Se plantea no como una confrontación política sino como un ejercicio legítimo de tutela judicial efectiva, para que un órgano judicial independiente pueda analizar el conjunto del sistema, no solo actos aislados”.